El 15 de abril, el Congreso Nacional aprobó la eliminación de la prohibición que tienen las instituciones de educación superior, de consignar en sus estatutos el cogobierno estudiantil y funcionario, y su participación en la elección de autoridades unipersonales y colegiadas.

Lo anterior, se ha erigido como una de las demandas históricas del movimiento estudiantil de izquierda, retomando las banderas de los años 60 y 70, cuando exigían (tal como hoy), la participación directa en la gestión de la institución, así como participar con derecho a voto en la elección de directores, consejos de escuela, decanos y rector.

Hace más de cuarenta años que el gremialismo universitario dio una fuerte lucha precisamente contra el cogobierno y la elección triestamental de las autoridades académicas, como causantes en el pasado de la extrema instrumentalización política que vivieron las universidades, su consecuente pérdida de autonomía educativa y financiera, y la cooptación de la enseñanza universitaria por grupos y partidos políticos que detentaban la hegemonía de turno. Hoy, lamentablemente, volvemos sobre una discusión que entendíamos superada.

Lo más grave del proyecto de ley es que, una vez eliminada la prohibición (que en su momento requirió 4/7 de ambas cámaras para ser aprobada), nada obstará a que el propio Gobierno, o los parlamentarios de la Nueva Mayoría, a través de una ley de quórum simple, impongan el cogobierno obligatorio a todas las Instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, escenario que resulta plausible, si se considera, además, el reciente fallo de mayoría del Tribunal Constitucional que afecta gravemente la autonomía y la libertad de enseñanza, sumado al antecedente que solo horas después de despachado el proyecto, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó una indicación a otro proyecto de ley, que crea 15 nuevos centros de formación técnica estatales (que para convertirse en ley requiere quórum simple), la cual implementó tanto el cogobierno obligatorio, como la elección del rector de manera triestamental. Si bien, la norma antedicha fue eliminada en la comisión de Hacienda de la Cámara, nada impide que pueda ser repuesta por los parlamentarios patrocinantes en la sala.

Muy a nuestro pesar, la instrumentalización política de las casas de estudio vuelve a tomarse la agenda, pues no cabe duda que la única motivación del Ministerio de Educación para perseverar en la permisibilidad del cogobierno y elección de autoridades de forma triestamental, fue quedar bien con la agenda politizadora del movimiento estudiantil de izquierda.

Sin embargo, esta decisión provoca un tremendo daño, pues la credibilidad de todo nuestro sistema de educación superior pasa por no darse gustos ideológicos (ni dárselos a otros minoritarios grupos de interés), los que podrían traer como consecuencia un desastre en la administración académica y financiera de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

*El autor es abogado e investigador programa legislativo Fundación Jaime Guzmán (FJG) - (@JorgeBarreraR).