Hace 11 días un informe de Contraloría que detectó irregularidades en unos 3.000 casos de exonerados políticos abrió un camino de una sola dirección para el gobierno: el de la arremetida judicial.

Aunque el documento estaba fechado el 9 de mayo, se conoció semanas después. El tema dormía desde hace años sin un pronunciamiento que diera luz verde a medidas concretas, y el dictamen del órgano fiscalizador abrió la puerta para que el Ejecutivo jugara todas sus cartas en intentar frenar los pagos indebidos de pensiones a beneficiarios que no califican para recibir los dineros destinados a un exonerado político.

Dos días después de que estallara la información, el presidente Sebastián Piñera partió a una gira internacional de ocho días. Desde el extranjero, el mandatario monitoreó el caso con Andrés Chadwick, quien ostentaba la vicepresidencia de la República. Ambos definieron designar un equipo jurídico encabezado por el abogado Luis Hermosilla, quien trabaja mano a mano con Juan Domingo Acosta y Cristián Gandarillas.

El trío de juristas fue contactado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el propio Chadwick. La misión era evitar a toda costa el perjuicio fiscal en lo que Ubilla calificó como el que tal vez podría ser el mayor fraude al Fisco de la historia, y cuyos casos falsos, según proyecciones del gobierno, podrían ir desde los 30 mil a los 50 mil casos.

El caso apunta de forma directa a situaciones ocurridas principalmente en los gobiernos de Ricardo Lagos y la candidata presidencial del PS-PPD y PC, Michelle Bachelet, y terminó por dominar el escenario político de cara a las primarias presidenciales del 30 de junio.

Aunque en el gobierno insisten en descartar que el caso sea un arma de campaña, en el oficialismo admiten que el tema cayó en el mejor momento, y sostienen que en los próximos meses podrían reflotar otros casos similares como el escándalo de las Becas Valech.

En la Alianza también advierten sobre el rol del vocero del comando de Bachelet, Álvaro Elizalde, quien se desempeñó como superintendente de Seguridad Social entre diciembre de 2008 y marzo del 2010. Ello en alusión a los denominados decretos de amarre que se habrían firmado al final de la administración de Bachelet.

EL ROL DE CDE
En medio del caso, Ubilla anunció que enviaría antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que tiene facultad para querellarse en la causa, no así Interior.

Atado de manos para seguir ese camino, el Instituto de Previsión Social (IPS) está facultado para ello, y así lo haría presentando una querella por fraude al Fisco. Ayer se dio el primer paso al anunciar que comenzará la revisión de 700 casos para suspender el pago de pensiones.

Aún sin un pronunciamiento del CDE, en el oficialismo hay un señal de alerta y no pocos creen que el organismo evitaría entrar en el tema. Al interior de la Alianza se considera inexplicable que el Consejo no se haya pronunciado sobre el caso en dos años, y advierten sobre la composición de los consejeros del CDE,  donde dicen predomina una sensibilidad más cercana a la Concertación.

Con todo, durante esta semana el equipo encargado del caso por el gobierno, que también la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, se ha reunido diariamente para revisar casos.

La secretaria de Estado advirtió a mitad de semana que el programa de exonerados fue "diseñado para defraudar", lo que irritó los ánimos en la oposición, donde evalúan presentar acciones legales contra la ministra.

Así, el caso promete seguir por bastante tiempo sacando chispas de lado y lado, convertida en una de las cartas fuertes en medio de la campaña.