Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova, ha presentado hoy su dimisión en el consejo de administración celebrado por la multinacional gallega en Pontevedra, según fuentes cercanas a la compañía.

La dimisión se produce después de que el juez del concurso de Pescanova decidiera la suspensión de las facultades de administración de los consejeros del grupo y una semana después de conocerse el contenido del informe elaborado por KPMG, según el cual integrantes de la cúpula de la empresa conocieron o llevaron a cabo prácticas contables irregulares dirigidas a esconder deuda y aflorar beneficios.

"Para llegar aquí, hubo muchos aciertos y muchos errores", dice Fernández Sousa en su carta de dimisión. "Pero como he dicho, tanto esfuerzo y tanto sacrificio han merecido la pena para que Pescanova siga viva hoy". Sobre el informe de KPMG, que fue encargado por el mismo Fernández Sousa, el presidente de la compañía señala que "algunas de sus conclusiones no son acertadas y muchas se han malinterpretado, como explicaré en el momento oportuno". También admite que otras conclusiones "reflejan una situación verdaderamente complicada de la compañía, que hoy conocemos de forma certera gracias a este ejercicio de trasparencia y gracias a la colaboración del equipo directivo de Pescanova". El hasta ahora primer ejecutivo de la empresa insiste en su carta de dimisión que Pescanova es una compañía con futuro. "Este es un día triste, sin duda. Pero, después de 37 años de mi vida entregados a Pescanova, de miles y miles de jornadas de esfuerzo, de sacrificios y de muchas alegrías, puedo decir que Pescanova es viable. Porque, como yo siempre estuve seguro, Pescanova es una compañía con futuro".

Fernández Sousa, hijo de uno de los fundadores de Pescanova, José Fernández López, accedió a la presidencia de la empresa en los años ochenta del pasado siglo. Bajo la presidencia de Fernández Sousa, Pescanova ha impulsado su expansión internacional y ha apostado decididamente por la acuicultura. El presidente del grupo ha explicado recientemente que las previsiones de mayor rendimiento de los centros de acuicultura controlados por la empresa estaba a punto de llegar pero que ese momento ha coincidido con el cerrojazo financiero provocando la situación concursal de la empresa.

El primer ejecutivo de Pescanova afronta querellas admitidas en la Audiencia Nacional por varios posibles delitos, entre ellos los de presunto delito de falseamiento de cuentas anuales y uso de información privilegiada. Fernández Sousa vendió acciones poco antes de que se hiciera pública la crisis de la multinacional española (el 28 de febrero, cuando comunicó que no formulaba sus cuentas). El presidente del grupo y otros ejecutivos declararán en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional previsiblemente en septiembre por las querellas admitidas.

El 15 de abril, Sousa admitió ante la CNMV haber vendido 1,98 millones de acciones de Pescanova entre diciembre y febrero reduciendo su participación en el grupo al 7,5%. Hasta ese día el presidente y primer accionista de la empresa se había presentado como poseedor del 14,4% de Pescanova. El primer ejecutivo del grupo ha aludido a problemas personales y a la necesidad de inyectar capital en el grupo para explicar esas ventas no comunicadas en su momento.

De acuerdo al informe de KPMG Pescanova tiene un patrimonio neto negativo, a 31 de diciembre de 2012, de 927 millones de euros. El mismo documento cifra en 3.281 millones de euros la deuda del grupo. Pescanova informó de un pasivo de 1.522 millones con motivo de la presentación de sus resultados hasta el pasado mes de septiembre; se trata de la última comunicación oficial sobre la deuda reconocida por la compañía.

LA CRISIS DE UN GIGANTE PESQUERO

La alarma por la situación de Pescanova saltó el 28 de febrero pasado. Hasta ese momento las acciones del grupo gallego eran recomendadas por todos los analistas y la compañía aparentemente estaba logrando resistir dignamente a la crisis económica. Sin embargo el último día de febrero Pescanova, en un hecho relevante publicado en la CNMV pasadas las 23 horas, advertía de que no formulaba las cuentas de 2012 y de que estudiaba solicitar preconcurso de acreedores, lo que efectivamente hizo al día siguiente.

El 12 de marzo el grupo informó en un hecho relevante publicado por el regulador del mercado que se habían “detectado discrepancias entre nuestra contabilidad y las cifras de deuda bancaria”. Dos días después Pescanova celebró consejo de administración, y aunque la empresa informó de que se había tomado por unanimidad la decisión de reestructurar la deuda, un día después los consejeros del grupo Damm y Luxempart informaron de que no habían apoyado la línea de reestructuración propuesta evidenciando el enfrentamiento interno en el consejo de administración de Pescanova.

El 4 de abril Pescanova celebró otro consejo de administración en el que se decidió, con el voto en contra de varios consejeros, solicitar concurso de acreedores y pedir la revocación del auditor del grupo, BDO. El día 15 de ese mes se comunicó la contratación de KPMG para realizar una auditoría forensic sobre las cuentas del grupo, al tiempo que se conoció que Sousa y otros consejeros del grupo habían vendido acciones de Pescanova poco antes de que se hiciera pública la situación real del grupo.

El 22 de mayo el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a Sousa admitiendo a trámite tres querellas.

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