En los últimos días, el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha dejado en claro que aspira a una implementación gradual de uno de sus proyectos “estrella”, la reforma laboral, como si ese solo hecho fuera un componente positivo, lo cual tiene dos lecturas complementarias tácitas: por un lado, el Ejecutivo asume que la pronunciada desaceleración de la economía doméstica no es un buen contexto para un cambio de esa envergadura, por los efectos que podría tener en la tasa de empleo y la golpeada inversión, y por otra parte, La Moneda admite que el impacto de las modificaciones puede ser drástico, razón por la que habría reglas distintas para las pymes respecto de las grandes compañías, al menos en una primera etapa. Si bien la moderación de las reformas es bienvenida, sigue siendo discutible que los acuerdos entre la CUT y la Nueva Mayoría sean convenientes u oportunos para el mercado laboral que Chile requiere, tanto en el corto, como mediano y largo plazo. En este contexto, habrá que poner atención especial a la posición que adopte la izquierda de la coalición y la propia CUT en su interior, dadas las fracciones e intereses que conviven en la central sindical y que no están alineadas. Es probable que Bárbara Figueroa no quiera repetir lo que le ocurre a Jaime Gajardo en el Colegio de Profesores.