El programa Estadio Seguro, dependiente del Ministerio del Interior, se define como una instancia encargada de aplicar la llamada Ley de Violencia en los Estadios, para lo cual impulsa la coordinación de la ANFP, las autoridades locales y Carabineros de Chile. Todo esto bajo la promesa declarada de “recuperar los estadios como lugar de sana recreación y esparcimiento para las familias y los verdaderos hinchas del fútbol”, según detalla su página web. Además, afirma este mismo soporte, esta estrategia de recuperación de los estadios se sustenta en tres pilares: la seguridad (como el primer punto), el bienestar y la convivencia. Por lo mismo, no es coherente que las autoridades de Gobierno culpen a hinchas, dirigentes, jugadores y a las autoridades locales de los últimos hechos de violencia ocurridos en el fútbol chileno, particularmente lo que pasó en Valparaíso. Es deber de Estadio Seguro evitar ese tipo de situaciones, tomar las medidas preventivas necesarias y preparar dispositivos apropiadas para partidos de alta convocatoria y riesgo. Más complejo aún constatar que pese a contar para este 2015 con más de $1.260 millones, según cifras de la Dipres a octubre de este año solo se habían utilizado $412.597.000, lo que equivale al 32% de los montos. Una correcta política pública no solo debe estar bien diseñada, sino también ser bien ejecutada.