El proyecto minero-portuario Dominga debería ser visto el segundo semestre de este año por el Consejo de Ministros, si la empresa decide apelar a la resolución de la comisión ambiental que rechazó la inversión.

Pero, lamentablemente, la iniciativa hoy está condicionada por factores que van más allá de criterios eminentemente técnicos. El hecho de que La Tercera haya revelado que la hija y la nuera de la Presidenta Bachelet poseen terrenos cercanos a este millonario proyecto pone una presión adicional en su tramitación. Sería irresponsable acusar que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo actuó con criterios políticos para desechar la iniciativa, aunque sí llama la atención, según los antecedentes conocidos, que los informes previos llamaban a aprobarla.

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Lo que es ineludible es que hoy, al hablar de Dominga, saltan evaluaciones y cálculos políticos por sobre las disposiciones técnicas, algo que objetivamente complica su tramitación. Ese es realmente el daño que se le está haciendo a la regulación ambiental que tan bien parecía haber funcionado en Chile durante años, lo que habla no sólo de una profunda desconfianza en la instituciones, sino que además es una manifiesta crítica a quienes lideraron el proceso.

El punto es que ahora cualquiera medida que se adopte será vista con dudas o suspicacias. Esto es un daño quizás irreparable para la inversión, ya que la arranca de su sustento técnico.

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