Las llamadas al diálogo y a una reforma constitucional que abra la puerta a una salida política se multiplicaron en España, apenas horas más tarde de la consulta ciudadana no vinculante en la que 1,8 millones de catalanes se mostraron favorables a un proceso de independencia.

Tras varios meses de comunicación solo a través de los tribunales o de los medios de información, el presidente, Mariano Rajoy, y el de Cataluña, Artur Mas, se han emplazado a un encuentro todavía no concertado o desvelado.

Luego de una reunión de su Ejecutiva para analizar el resultado de las simbólicas urnas, el principal partido nacional de la oposición, el Partido Socialista, instó al presidente del Gobierno a abandonar su “inmovilismo” y unirse en una reforma constitucional”.

“Hoy España está más débil por la inmovilidad de Rajoy”, dijo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras acudir a una reunión del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en Barcelona.

Tanto el PSC como su socio nacional han defendido hasta ahora el derecho de los catalanes a manifestar su opinión sobre la independencia, pero solamente dentro de un marco legal que actualmente no permite la Constitución española de 1978.

Tras suspender el Tribunal Constitucional las dos consultas planteadas en Cataluña, incluida la del domingo, el propio presidente catalán, Artur Mas, defendió la víspera que el resultado avalaba la negociación para un referéndum legal y acordado.

“El problema no es de tiempos, casi ni de contenidos, es de voluntad de acuerdo, de disposición al diálogo y, por desgracia, a día de hoy el gobierno catalán y el de España han sido incapaces de tener una relación mínimamente sensata, solo se hablan a través de los tribunales y son incapaces de resolver el problema”, dijo el líder del PSC, Miquel Iceta, para añadir que la propuesta de su partido era esa reforma constitucional.

El líder del PSOE reiteró que esa reforma tendría un carácter federal.

La Respuesta del gobierno español

Desde La Moncloa no hubo una reacción a una consulta que el Ejecutivo desoyó por ilegal y que considera un acto de propaganda sin ninguna consecuencia, aunque algunos miembros del gobernante Partido Popular siguieron echando leña al fuego por boca de su secretaria general.

“Lo que vimos ayer es un simulacro inútil, estéril y al margen de la legalidad”, dijo María Dolores de Cospedal. El sábado, Rajoy habló de “recuperar la cordura” tras el 9N.

Desde el Gobierno catalán, en espera de una comparecencia de Mas hoy día, se apeló a una voluntad más dialogante.

El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, habló de “voluntad negociadora” y “civismo”, aunque también advirtió que “tener una actitud dialogante no quiere decir que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer”.

Homs se refería aquí a la opción de convocar unas elecciones anticipadas en forma de plebiscito en el caso de que no se pueda pactar una consulta vinculante con el Gobierno central.

Desde el grupo independentista de izquierdas ERC - claro favorito en unas eventuales elecciones regionales y extraño aliado temporal del gobernante CiU en la consulta - se instó a unas elecciones anticipadas inmediatas.

El gobierno presidido por Artur Mas tiene una frágil posición en el parlamento y ha tenido que prorrogar los presupuestos por falta de apoyo.

Un eventual respaldo del PSC -juntos concentran 70 de los 135 escaños en el Parlamento- permitiría aprobar las cuentas y agotar la legislatura.

Según datos todavía provisionales facilitados por la Generalitat catalana, un total de 2,23 millones de catalanes acudieron el domingo a votar, con 80,76% de los votos en forma de doble sí: Sí, quiero que “Cataluña sea un Estado” y Sí, quiero que “ese Estado sea independiente”.

Un 10,1% votó “sí” a la primera y “no” a la segunda, mientras que 4,5% optó por el “no” a las dos.