El sitio web de la oficina del comisionado de lobby de Canadá -el organismo encargado de regular y fiscalizar todas las acciones de lobby que se realizan en dicho país- muestra que tiene registrados a 5.186 lobbystas, incluyendo a los "in house lobbyst", término para referirse a todos aquellos que pertenecen a una empresa u organización, y que por la naturaleza de sus cargos tienen relaciones con autoridades públicas.

En Chile, en cambio, lobby sigue siendo una mala palabra. Tanto así, que de las múltiples personas -directores de empresas, gerentes, ONG, organizaciones empresariales, estudios de abogados, empresas de comunicaciones, entre otros- son menos de diez quienes reconocemos públicamente que lo realizamos entre nuestras actividades profesionales.

El tema tomó relevancia por la discusión de la ley de fármacos y, en especial, por el rechazo en la Cámara de Diputados del polémico artículo que permitiría la venta de medicamentos en los supermercados.

Las acusaciones cruzadas de captura por intereses corporativos pusieron nuevamente al lobby en el centro de las sospechas. Volverá a pasar, pues serán muchas las discusiones de políticas públicas que enfrentarán a distintos sectores económicos que harán ver sus puntos de vistas y tensionarán a la autoridad. Y sin registro obligatorio de lobbystas, tendremos las mismas dudas.
Muchos lobbystas se resisten a ser llamados como tales. En parte por el sentido peyorativo de la expresión, pero también por un cierto ánimo de algunos de influir en las políticas públicas desde las sombras.

El proyecto actual obliga a las autoridades a tener un registro de audiencias, pero nada más. Sin duda que es un avance, pero no es suficiente. Sin un registro de quienes realizan la actividad, no sabremos si hay incompatibilidades, no se podrá fiscalizar a los lobbystas, ni controlar los eventuales conflictos de intereses que tengan. El gobierno ha presentado como un éxito la actual discusión, pero es importante recordar que retiró el proyecto que había presentado el gobierno de Bachelet, que sí incluía un registro de lobbystas.

En una democracia, es normal que los distintos grupos de interés hagan ver a las autoridades sus posiciones, y es legítimo que busquen influir en las decisiones que se toman. Esto no lo hacen sólo las empresas o asociaciones gremiales, sino otros cuerpos de la sociedad, que ven amenazas a sus intereses en la discusión de políticas públicas. En Chile, donde el Estado tiene un importante rol en la regulación y en la medida que nos desarrollamos económicamente, va a aumentar cada vez más este fenómeno. Algunos decidirán influir desde sus organizaciones y otros externalizarán dichos servicios contratando lobbystas profesionales, como ocurre en muchos países desde hace décadas.

Una ley de lobby que posea un registro obligatorio para todos los que busquen influir legítimamente en la autoridad, no sólo dará transparencia a las decisiones y permitirá a la ciudadanía tener luces claras sobre todos los intereses en juego, sino que será un avance en nuestro desarrollo económico, dando reglas claras a los inversionistas.

(*) El autor es gerente de asuntos públicos de Imaginaccion Consultores.