El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, condenó enfáticamente y llamó "repudiable" la supuesta colusión de los productores de pollos  Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, que presentó ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La demanda fue acogida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y en ésta se pide multar a cada empresa con el máximo que permite la ley: 30 mil UTA, unos US$27 millones.

La FNE también pide multar a la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA), con 20 mil UTA, unos US$18 millones.

Según el requerimiento, las empresas productoras y comercializadoras de pollo-que concentran más del 90% de la producción nacional- celebraron un acuerdo en el cual limitaron su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado local. Afirma además que las empresas se habrían asignado cuotas de participación en el mercado, al menos durante los últimos 10 años.

En su investigación, la FNE sostiene que  las empresas acusadas se coordinaron mediante el  intercambio de información "sensible, estratégica y detallada" del negocio en el seno de la asociación a que pertenecen, la APA. Hay un cuarto miembro del gremio, Fundo Santa Rosa (de la familia Massoud), que no fue requerida.

"Estamos preparados para un proceso complejo, como ha sido la tónica en relación con el caso farmacias que ya lleva más de tres años", sostuvo el fiscal económico, Felipe Irarrázabal, quien dijo contar con mails, discos duros de computadores y otros antecedentes que respaldan la acusación.

La autoridad destaca que el pollo "es un producto sensible para los quintiles de menores recursos, porque ellos  hacen un uso mayor respecto a este tipo de carne como fuente de proteínas", por lo que considera aún más grave la conducta de las empresas denunciadas.

Modus Operandi. De acuerdo a la investigación, la APA proyecta distintos escenarios para el año, los que son discutidos por los altos ejecutivos de las empresas en las reuniones de directorio de la asociación o en otras convocadas especialmente, en las cuales se selecciona uno de los escenarios estimados.

A  partir de la proyección las empresas acusadas, dice la FNE, restan las cantidades que estiman serán cubiertas por las importaciones y por otras empresas nacionales que no forman parte del cartel, y determinan lo que deberán destinar al mercado nacional. "Lo correspondiente al mercado interno es distribuido entre ellas en razón de porcentajes determinados, que si bien han experimentado ciertas variaciones, giran en torno al 61% para Agrosuper, 31% para Ariztía y 8% para Don Pollo", precisa la demanda.

Denunciados. Tras conocerse la acusación, PULSO se contactó con Marcelo Ariztía, hijo del patriarca de la empresa Manuel Ariztía. "Estoy sorprendido, pero tenemos que responder. Estamos viendo con los abogados qué acciones tomar", dijo.

Agrosuper (de propiedad Gonzalo Vial) y Don Pollo (de la familia Covarrubias Vives) no quisieron emitir comentarios. Por su parte, APA descartó una colusión y dijo que había colaborado en la investigación de la FNE.