Actas de Corfo revelan por qué se escogió a universidades extranjeras para el Instituto de Tecnologías Limpias

Pablo Terrazas

Según los documentos, el consorcio AUI -fundado, entre otras universidades, por Yale, Harvard y el MIT- propuso la instalación de seis nuevos laboratorios, lo que no hicieron sus competidores, además de solicitar menos recursos públicos. Este lunes, además, se notificó a los participantes de la decisión de adjudicación.


Finalmente, Corfo dio a conocer las actas de la sesión del Consejo correspondientes al 4 de enero, donde se adjudicó la licitación para construir un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), al consorcio AUI, que integran nueve universidades extranjeras como Yale, Oxford, Harvard, Princeton y el MIT; además de instituciones nacionales como la Universidad de Atacama y la Universidad del Desarrollo.

La decisión generó malestar entre los principales competidores de AUI, la Corporación Alta Ley, que agrupa a universidades chilenas como la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Santa María, entre otras y que quedó en segundo lugar pese a que, según sus integrantes, su oferta había obtenido la mejor calificación en la primera etapa.

Según las actas, a las que tuvo acceso PULSO, la comisión interministerial de evaluación -que fue asesorada por un consejo internacional- dio a AUI la mejor evaluación versus la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, que ocupó el segundo lugar, principalmente en los criterios de sustentabilidad a largo plazo y cofinanciamiento del instituto, que fueron a la larga los elementos diferenciadores.

La sesión, realizada el 4 de enero, estuvo integrada por el ministro de Agricultura, Antonio Walker; de Desarrollo Social, Karla Rubilar; del subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber; el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia; y del vicepresidente ejecutivo (s) y la secretaria general de Corfo, Felipe Commentz y María José Gatica, respectivamente.

Concretamente, se consideró criterios y subcriterios tales como diagnóstico, plan de desarrollo estratégico, infraestructura y equipamiento, plan de trabajo, presupuesto, participantes, gobernanza, sustentabilidad a largo plazo, y cofinanciamiento. Según Corfo, cada ítem se calificó por parte del Comité Interministerial, con nota de entre 1 y 5, con una ponderación específica. Así, AUI obtuvo una nota 4,5 sobre 5, Alta Ley 4,1 y Fundación Chile, el tercer actor en disputa, 3,3.

Entre los aspectos diferenciadores, según Corfo, destaca que AUI, a diferencia de Alta Ley, contempló la construcción de seis nuevos laboratorios e instalaciones multipropósito para desarrollar las áreas de especialización del instituto, mientras que Alta Ley no consideraba nueva capacidad. Estos laboratorios permitirán testear los avances que se vayan desarrollando en el ITL. En cambio, las universidades chilenas proponían utilizar su propia infraestructura. Según Corfo, esto va en contra del plan original, que es el de sumar nueva infraestructura y que esta se ubique en la Región de Antofagasta.

“En el caso de la sustentabilidad a largo plazo, la propuesta ganadora, contempla la generación de nueva capacidad instalada en la Región de Antofagasta, comprometiendo seis nuevos laboratorios e instalaciones multipropósito para el desarrollo de las tres áreas de especialización del instituto, creando valor para la Región de Antofagasta y para todo Chile, convirtiéndonos en una referencia tecnológica mundial. Por su parte, la propuesta liderada por Alta Ley no considera nueva capacidad instalada en la Región de Antofagasta, ni desarrollo de nuevo equipamiento propio. Por el contrario, deja la labor del instituto desagregada en la infraestructura que tienen las instituciones relacionadas al consorcio, no proyectando el trabajo de la entidad, una vez que se acabe el Aporte I+D”, apuntó Corfo.

Menos recursos

Otro elemento que marcó la diferencia fue el cofinanciamiento del instituto. Según indicó Corfo, Alta Ley condicionó una parte de su aporte total a la reinversión de eventuales ingresos futuros, lo que, a juicio del organismo que lidera Pablo Terrazas, generaba incertidumbre sobre la capacidad del Instituto de Tecnologías Limpias para proyectarse en el futuro.

La crítica mayor que se hizo fue que al tratarse el ITL de una institución sin fines de lucro, se da por descontado que los ingresos serán reinvertidos. De hecho, AUI no mencionó la reinversión de los ingresos, pero a cambio propuso aportes por U$104 millones, además de solicitar fondos de I+D por parte de SQM -cuyos royalties provenientes de la venta de litio posibilitará la construcción del Instituto- de US$142 millones, por debajo del máximo de US$193 millones establecido en la licitación.

Alta Ley contempló un aporte efectivo de US$37,5 millones, además de solicitar el máximo aporte de I+D de SQM considerado en el proceso, es decir, los U$193 millones mencionados anteriormente.

“La Comisión Evaluadora consideró que la propuesta liderada por AUI mostraba también como fortaleza un modelo de negocio factible y un adecuado tratamiento de los aspectos de transferencia tecnológica; además de una definida estrategia de escalamiento y comercialización, presentando ejemplos claros que permiten confirmar el fortalecimiento de emprendimientos de base tecnológica”, agregó Corfo.

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