Daniel Sauer, socio de Factop y la corredora STF, solicitó al 4º Juzgado de Garantía de Santiago ser sobreseído en la arista del caso referida a Parque Capital. El empresario es imputado por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, además de la entrega de información falsa al mercado.

En dicha indagatoria, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya formalizó en enero al abogado Luis Hermosilla por los presuntos delitos de tráfico de influencias en favor del proyecto homónimo de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

A inicios de junio, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Álvaro Jalaff, a Daniel Sauer y al propio penalista Luis Hermosilla, a quien se le comunicarán nuevos cargos. En el caso de Jalaff y Sauer, ambos en prisión preventiva en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, se les imputará por primera vez en esta arista.

El tribunal fijó la audiencia de formalización para el próximo 9 de julio, a las 11 horas, en la sala 903 del edificio B del Centro de Justicia. La instancia, según se expone en la resolución, se extendería por dos horas.

Sin embargo, la defensa de Daniel Sauer solicitó que ese mismo día se discuta también el sobreseimiento definitivo de su representado, debido a que —a juicio de sus abogados— los hechos que se le atribuyen en esta arista no serían constitutivos de delito. La petición fue presentada por los abogados Octavio Sufán y Pablo Araya, quienes plantearon al tribunal aplicar dos artículos del Código Procesal Penal, y autorizar la comparecencia remota de Sauer, dado que permanece en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

La arista Parque Capital del caso Factop es una línea investigativa en la que la Fiscalía indaga un presunto tráfico de influencias relacionado con la tramitación de permisos para un megaproyecto industrial del Grupo Patio en Lampa. Según el Ministerio Público, el abogado Luis Hermosilla —imputado en el caso Audio— habría ejercido presiones indebidas sobre funcionarios públicos para favorecer a los empresarios Álvaro y Antonio Jalaff, con quienes mantenía vínculos personales, profesionales y económicos. La hipótesis de la fiscalía es que Hermosilla intervino para acelerar o facilitar la aprobación de autorizaciones clave, en un contexto que podría configurar una violación al principio de probidad.

En enero de este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Hermosilla por esta causa, señalando que el abogado tenía un interés económico directo en los negocios del Grupo Patio. La acción legal también se dirige contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, y deja abierta la posibilidad de otros delitos, como cohecho agravado, revelación de secretos y falsificación de documentos públicos. En esta arista también han declarado como imputados los exministros Felipe Ward y Andrés Chadwick, y la Fiscalía ya solicitó ampliar la formalización de Hermosilla.