El gobierno, junto con salir a condenar los hechos conocidos en el denominado Caso Hermosilla, ha instado al mundo político a acelerar algunos proyectos de ley que buscan entregar mayores facultades a las entidades fiscalizadoras y reguladoras para pesquisar este tipo de actos. Uno ellos es el proyecto de ley de Inteligencia Económica Contra el Delito que actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública.