Este martes se cumplirán 14 días hábiles desde el inicio de la formalización, el 30 de julio, de 11 personas por el caso Sartor. Y durante esta jornada, la jueza Paulina Moya, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, deberá resolver la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, y Michael Clark, entre otros.

La formalización apuntó a 11 imputados, de los cuales cinco ya cuentan con una medida cautelar dictada por el tribunal: los exdirectores y exejecutivos de la AGF Alfredo Harz y Óscar Ebel, y el exgerente de Emprender Capital Hugo Baranda, cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional; mientras Mauro Valdés y Miguel León Muñoz quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual.

En el caso de Juan Carlos Jorquera la Fiscalía solicitó arresto total, pero su defensa se opuso a la medida cautelar y pide una medida de menor intensidad.

El martes a las 9 A.M. la jueza dará lectura a su resolución, la que no solo se debe hacer cargo del caso de Jorquera, sino que también debe dirimir sobre la solicitud de prisión preventiva para el excontrolador de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, el exdirector de la AGF Carlos Larraín Mery, el exdirector y ex dueño de Tactical Sport, el fondo controlador de Azul Azul, Michael Clark, el exsocio de Sartor Rodrigo Bustamante, y Sergio Yáñez, excontrolador de Emprender Capital.

Pedro Pablo Larraín Mery enfrenta cargos por cinco delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa y apropiación indebida.

Por su parte, su hermano Carlos enfrenta cargos por administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa.

En el caso de Michael Clark, el Ministerio Público lo acusa de seis delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado.

Su defensa ha señalado que solo fue director de la gestora de fondos y que “la participación penal no se presume por el cargo”, así como que las facultades que permitían suscribir contratos, comprometer activos, firmar pagarés, prórrogas de créditos, cursar operaciones y ejecutar transferencias, “estaban radicadas en los apoderados clase A, no en mi representado”, excluyéndolo de las operaciones cuestionadas.

La acusación de la Fiscalía sobre Clark involucra también al club de fútbol Universidad de Chile. En abril de 2021, el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. mediante un proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones. Según el Ministerio Público, el dinero utilizado para esta millonaria compra provenía en realidad de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección, los cuales fueron triangulados a través de la sociedad Inversiones Cerro El Plomo.

Por otro lado, Alfredo Harz Castro y Rodrigo Bustamante García enfrentan cargos por cuatro delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa.

Asimismo, a Óscar Alejandro Ebel Sepúlveda, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés Raczynski y Juan Carlos Jorquera Salhus se les imputan tres: administración desleal, entrega de información falsa y negociación incompatible.

El ex gerente general de ECapital, Sergio Yáñez, y Hugo Baranda son acusados de administración desleal, entrega de información falsa y estafa.

Las acusaciones

Durante la formalización, el Ministerio Público acusó que los ejecutivos estructuraron un esquema donde los fondos de inversión públicos, regulados y financiados por terceros invertían su dinero en fondos de inversión privados. A su vez, estos fondos privados eran utilizados como fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los mismos directores de Sartor.

Según la Fiscalía, de esta forma priorizaron el beneficio de sus propias empresas por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos, provocando un perjuicio que asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271. Sumadas ambas cifras, al dólar de hoy, el perjuicio asciende a unos US$ 191 millones.

En ese sentido, se detallaron una serie de operaciones realizadas para mantener a flote negocios personales con dinero de terceros, donde se destacó lo relativo al factoring Emprender Capital, que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, dijo la Fiscalía, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando pagos, para luego, a través de la sociedad Danke SF SpA, creada por Pedro Pablo y Carlos Larraín, tomar el control de la empresa. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.

Este lunes, la dúplica de su defensa volvió a señalar que muchas de las operaciones imputadas por el Ministerio Público ocurrieron cuando Yáñez ya no controlaba Emprender Capital.

Durante la formalización, la Fiscalía también expuso el caso del proyecto inmobiliario en Miami, donde se utilizaron más de US$33 millones del fondo Táctico Internacional para financiar la iniciativa One River Point, hoy conocida como Faena Residences, en Estados Unidos, en el cual, a través de una red de sociedades intermedias, como CEPSA y Downtown Investments LLC, Pedro Pablo Larraín quedó con el control exclusivo del proyecto, mientras que el fondo de inversión público fue excluido del activo.