Columna de Josefina Montenegro: “Permisología: urge la acción”

La llamada “permisología” ha sido uno de los temas más discutidos del último año, más aún considerando el impacto que los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión pueden tener en la economía.

En noviembre pasado, la comisión de expertos del Pacto Fiscal, liderada por el economista Manuel Marfán, estimó que “la reducción de un tercio en el plazo de permisos implicaría un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,4% en 10 años o de 0,24% anual, mientras que la mayor recaudación anual promedio ascendería a 0,32% del PIB, US$1.339 millones, y la de las holguras a 0,21% del PIB, US$885 millones”. Cuesta creerlo, pero esa es la magnitud de los recursos que el país deja de recaudar año a año producto de lo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha calificado como “un bosque de regulaciones”.

Lamentablemente, en nuestro país el sistema de tramitación sectorial de permisos no está dando abasto. Los servicios públicos que los otorgan están sobrecargados, no hay plazos o éstos no se cumplen, y en el proceso de toma de decisiones existen instancias no técnicas como el Consejo de Ministros. Además, incluso obtenido el permiso, subsisten ciertos grados de inseguridad jurídica.

Todo esto se traduce en procesos largos y asfixiantes para quienes quieren emprender un negocio.

Un sólo dato puede ayudar a comprender el impacto del actual diseño del sistema: a fines del primer semestre del año pasado, la inversión aprobada por la autoridad ambiental cayó a su nivel más bajo en 16 años. Quizás por eso el expresidente Frei ha sido tan categórico al afirmar que “la permisología nos está matando”. Y está demostrada la correlación positiva que existe entre la inversión y el PIB de un país, y cómo incide en la salud general de la economía. El mismo ministro Marcel señaló que el actual sistema de obtención de permisos -que en algunos casos puede demorar hasta 10 años-, “desoptimiza los proyectos” y nos hace ser menos competitivos para grandes inversionistas que buscan ciertas garantías y siempre tienen la opción de emigrar a mercados con una institucionalidad más moderna y expedita. Para los pequeños y medianos constituye un golpe letal, pues no tienen la posibilidad de buscar nuevos horizontes y sus emprendimientos no pueden esperar mucho tiempo para generar ingresos.

No se trata de eliminar estos permisos, sino que de fijar estándares que brinden confianza y seguridad. Además, su existencia se justifica en la protección de la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente. Ninguno de nosotros compraría con tranquilidad en un supermercado o invertiría en un departamento si no tuviera la garantía de que en el proceso de fabricación y construcción, la autoridad certificó el cumplimiento de normas mínimas de calidad.

Lo que se plantea con cada vez mayor fuerza es cómo avanzamos en el rediseño del sistema de obtención de dichas autorizaciones.

Y en esa línea, esta semana recibimos una buena noticia. El gobierno anunció el ingreso de dos proyectos de ley: uno para establecer un “sistema inteligente de permisos” simplificando 380 autorizaciones tramitadas por 37 servicios asociados a 16 ministerios, y un segundo de “evaluación ambiental 2.0″ para modernizar un sistema que ya tiene 30 años, que dé mayores certezas y tranquilidad tanto a las comunidades como a los dueños de los proyectos. Al anunciarlos, el Presidente Boric ha dicho que con estas iniciativas se impulsa la inversión “para enfrentar una década de estancamiento en la productividad y el crecimiento”. La evaluación inicial de la autoridad es que, aprobados estos proyectos, podría disminuir en promedio un 30% el plazo de obtención de estos permisos, sin afectar el cumplimiento riguroso de normas sectoriales y ambientales.

Si existe consenso en el objetivo de estas iniciativas, el desafío ahora es encontrar un equilibrio entre el llamado del Presidente a una tramitación expedita con poco espacio para la creatividad, y la irrenunciable labor de los parlamentarios de perfeccionar los proyectos.

En un clima político que aún sigue polarizado, espero que este proyecto nos permita poner por delante los intereses de Chile y contar con un sistema que contribuya al desarrollo de la inversión en el país. Urge la acción.