Consejo Fiscal: legitimidad política y autonomía

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En una intensa semana en términos de tramitación legislativa para el gobierno, el Senado aprobó con un apoyo contundente (39 votos a favor y solo 1 en contra) el nombramiento de los cinco integrantes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) propuestos por el Presidente de la República.

La votación ocurrida el miércoles pasado es un paso fundamental para el adecuado funcionamiento de esta institución, porque otorga la necesaria legitimidad política para que el Consejo pueda desempeñar su rol de forma eficaz e independiente del gobierno.

Este hito marca un cambio relevante respecto de la institucionalidad vigente, donde los miembros del Consejo eran elegidos y removidos directamente por el Ministro de Hacienda y, esencialmente, lo asesoraban a él en materias fiscales y presupuestarias, además de cumplir algunas otras funciones.

La Ley que crea el nuevo CFA entrega independencia política y operacional a esta institucionalidad para el adecuado cumplimiento de su mandato, además de otorgarle nuevas atribuciones, recursos y responsabilidades. Esto es precisamente lo que aconsejaba el apego a las mejores prácticas en materia de este tipo de instituciones y lo que sugerían diversos organismos internacionales como la OCDE y el FMI.

Además de la aprobación de los integrantes del Consejo en el Congreso, el proyecto fortalece la independencia política de la institución con plazos traslapados para los períodos de ejercicio de los consejeros, lo que se traduce en que anualmente uno de ellos deberá ser renovado o ratificado por el Ejecutivo, previo acuerdo del Senado. De esta forma, se separa totalmente al Consejo del ciclo político.

El CFA tendrá también independencia operacional, por cuanto la ley establece que la entidad tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y les serán asignados vía ley de Presupuestos, los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento, incluyendo la posibilidad de contar con un staff técnico y contratar estudios. Se suma que, a diferencia del actual consejo asesor, los integrantes del CFA serán remunerados por el desempeño de sus funciones.

En materia de atribuciones y responsabilidades, el nuevo CFA, a diferencia del anterior, podrá proponer cambios metodológicos al cálculo del balance estructural, deberá evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas, manifestará públicamente su opinión respecto de eventuales desvíos de la meta de balance estructural y propondrá medidas de mitigación.

El Consejo realizará informes públicos que serán enviados al Congreso y expondrá dos veces al año ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, lo que le dará un rol protagónico en el debate público que hasta ahora, al menos formalmente, no tenía.

La aprobación del proyecto que crea un Consejo Fiscal Autónomo, sumada a la contundente ratificación de sus integrantes por parte del Senado, deja de manifiesto que, cuando se trata de avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad económica de nuestro país el Ejecutivo y el Parlamento están disponibles para alcanzar acuerdos amplios. Esto es muy importante, por cuanto instituciones fuertes y validadas transversalmente son esenciales para sostener el crecimiento económico y continuar avanzando hacia el desarrollo integral de nuestro país.

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