Contra los grupos de interés: la meta del ministro Briones, más allá de la reforma previsional y la reactivación

Competencia, competencia, competencia. Ese concepto es uno de los que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, repite con entusiasmo. “Creo en la competencia porque es clave para la legitimidad de los mercados”, afirma el secretario de Estado.

Para él, la legitimidad de los mercados y del sistema económico se basa en la regulación y, por ello, su agenda legislativa para este año, más allá de la reforma previsional, tiene un foco cargado a esta temática. El ministro conoce estas materias desde su trabajo en la academia, Briones vuelve a su esencia.

Uno de los proyectos anclas que apunta al corazón de su mensaje es el que regula el accionar de los agentes de mercado elevando las sanciones y penas cuando afectan la credibilidad de los mercados. “Es importante que los delitos e infracciones a la ley de valores sean sancionados con mucho rigor, porque, por un lado, cunde una sensación de desigualdad ante la ley, y por otro, los mercados financieros se basan en el respeto a las reglas y la confianza desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros”, enfatiza.

Además del proyecto que limita los cambios de fondos previsionales, el de deuda consolidada y protección de datos personales forman parte de la cartera de iniciativas que apuntan en la misma dirección: mejorar la transparencia y la competencia de los mercados. Si bien varios gobiernos han intentado avanzar, los resultados no han sido positivos. “Son proyectos complejos, que chocan con grupos de interés, pero necesitamos dar ese salto, necesitamos darles legitimidad a los mercados”, cuenta.

La hoja de ruta la completan las iniciativas sobre exenciones tributarias, modernización de Chile Compra y el Fogape 2.0. La primera de ellas no será una tarea fácil, puesto que deberá enfrentarse a grupos de interés y porque los parlamentarios ya han anticipado la necesidad de una reforma tributaria de mayor envergadura para contar con mayores recursos.

-Debe ser de los proyectos más paradójicos que hay en tramitación, puesto que todos están de acuerdo en que se requiere regular y proteger el tratamiento de datos personales, lo cual se observa en grandilocuentes declaraciones; sin embargo, su avance va a paso lento en el Congreso. Efectivamente, desde que se envió la iniciativa el 15 de marzo de 2017 solo ha sido aprobada en general por el Senado, un año después.

La discusión en particular en la Comisión de Constitución se extendió hasta marzo de 2020, cuando pasó a la símil de Hacienda, donde no se ha visto, pese a la insistencia de uno de los principales promotores de esta iniciativa, el senador Felipe Harboe (PPD).

A inicios del año, el Ejecutivo lo calificó como de suma urgencia para propiciar que la instancia que lo aloja lo ponga entre los primeros en su tabla, lo cual fue valorado por Harboe: “Esta urgencia es una tremenda noticia”.

Uno de los puntos que en el pasado entrampó el debate fue qué organismo resguardará los datos personales y, por esta razón, el Ejecutivo no tiene una propuesta única, sino que lo quiere discutir en el debate parlamentario.

Un gran apoyo concita el proyecto que amplía el uso y plazo de los créditos con el Fondo de Garantías a Pequeñas Empresas (Fogape), tanto que en la Cámara de Diputados se despachó en dos días.

Ahora el turno es del Senado, donde también fue calificado con discusión inmediata para que sea tramitado en una semana, sin embargo el debate se ha alargado un poco más.

Primero, porque los diputados redujeron el techo de la tasa de interés a cobrar a un 4%, pero el gobierno quiere insistir con el 8%. Y segundo, porque muchos gremios pymes en la Comisión de Hacienda precisaron que ellos no pudieron ni podrán acceder a este Fogape, y solicitan ayudas adicionales y más directas, demanda acogida por la oposición.

Así es como el presidente de la instancia, senador Jorge Pizarro (DC), solicitó concordar conjuntamente al proyecto medidas distintas como subsidios, factoring estatal u otra, sugiriendo el uso del Fondo de $ 96.000 millones contemplado en el Presupuesto 2021 para este fin. “Es urgente que hoy se asignen esos montos a sectores como el turismo y la gastronomía, ya que Fogape 2 tampoco los apoyará”, acotó el parlamentario.

En los últimos pasos legislativos se encuentra el proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, aunque va bastante más lento de lo que esperaría el gobierno.

El 29 de diciembre, el ministro dijo en el programa Stock Disponible, de Vía X, que con una mayor regulación de los mercados financieros como la hay en Estados Unidos, Julio Ponce estaría preso. Y que por eso era importante aprobar esta ley. Coincidencia o no, una semana después esta iniciativa fue aprobada por el Senado en su segundo trámite legislativo. “Fue espontáneo”, confiesa el ministro sobre sus declaraciones. “Porque es lo que creo. Es un cambio importante en el mercado financiero, me atrevería a decir que es similar al que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet en el tema de colusión”, comentó el secretario de Estado.

La iniciativa ya está en tercer trámite en el Senado, sin embargo su análisis en la Comisión de Hacienda ocupó bastante tiempo por la complejidad de las materias que aborda y las polémicas nuevas propuestas aprobadas por la Cámara patrocinadas por el diputado Giorgio Jackson (RD) en torno a reducir algunos costos de los créditos mediante fórmulas como que los bancos compartan el pago de los seguros con los clientes.

De hecho, este martes el Ejecutivo calificó el proyecto con “discusión inmediata” y la sala del Senado el miércoles rechazó los cambios realizados por los diputados y lo envió a Comisión Mixta. “Ahora estamos a la espera de que la Cámara nombre a los integrantes de la Comisión Mixta, los comunique al Senado y luego de eso se cita a la Comisión Mixta”, explicó el presidente de la instancia, senador Jorge Pizarro (DC).

Para Briones, “es un proyecto contundente, grande, relevante. Esto debe comenzar a analizarse ahora. Nuestra aspiración es que sea ley en enero”.

Varios gobiernos han anunciado proyectos para consolidar la carga financiera de las personas. Sin embargo, ninguno ha fructificado. Las razones son variadas y depende del período en que se haya presentado, pero tienen un denominar común: las críticas del sector financiero. Esta vez, el ministro no quiere que se repita esa misma historia y por ello ahora pondrá el pie en el acelerador para concretar el ingreso de esta iniciativa.

En concreto, el proyecto que ingresará el gobierno tiene como eje central que el sistema no solo refleje información negativa o deuda morosa, como lo hace actualmente, sino también información sobre el buen comportamiento de pago de las personas, de manera que estas puedan hacer uso de su capital reputacional y acceder en mejores condiciones al mercado del crédito. Así, se busca que con mayor información el sistema financiero pueda hacer una evaluación más acertada de los riesgos de las personas, favoreciendo el acceso al crédito y en condiciones más acordes con la realidad de cada deudor.

Pero ya hay un proyecto de senadores de la oposición sobre este tema en el Congreso desde el 20 de octubre, para consolidar deuda bajo un sistema de información positiva y negativa, aumentando los estándares de privacidad.

Uno de los puntos clave para la modernización del Estado es mejorar el funcionamiento de Chile Compra. Ese es el mensaje que envía Hacienda. Si bien el balance que se hace es positivo, se debe mejorar el uso de los recursos. A eso apunta la iniciativa que está ad portas de ingresar al Congreso para su discusión.

Según Hacienda, este proyecto de ley busca reformar el Sistema de Compras Pública promoviendo la transparencia y probidad, para así asegurar que cada peso gastado sea bien administrado. Se estima que la modernización del sistema podría generar ahorros entre US$ 290 millones y US$ 855 millones. “Esperamos que esto se traduzca en más transparencia y más competencia, abriéndoles la cancha de las compras públicas a más actores, incluyendo miles de pymes que piden a gritos competir. Esto, a su vez, se traducirá en importantes ahorros para el Estado y un mejor uso de los recursos públicos que hay que cautelar siempre”, dijo el ministro Briones. Se tiene como objetivo que sea ley durante el presente año.

Terminar con privilegios. Eso es lo que ha transmitido en distintas oportunidades Briones a la hora de hablar de las exenciones tributarias. Y si bien en un comienzo no estaba claro si se iba a lograr enviar un proyecto de ley para terminar con algunas de ellas, la conformación de una comisión para analizar el sistema tributario en su conjunto y presentar un informe de corto plazo analizando específicamente cada una de ellas y entregando recomendaciones cambió el escenario. “La comisión tributaria nos entregará una propuesta a fines de enero para avanzar en esta materia y luego con eso enviar un proyecto de ley durante el primer semestre”, sostuvo el secretario de Estado.

La discusión será compleja y eso lo tiene claro Briones. “Si uno apela a la historia no será fácil, porque a nadie le gusta perder su privilegio”.

Si bien no quiso adelantar cuál exención se buscará derogar, anticipó que “es probable que se establezca una hoja de ruta gradual. No será de un día para otro que se eliminen las exenciones. Se tiene que hablar con números sobre la mesa. Y ahí veremos si hay voluntad para avanzar”.

El senador PS Carlos Montes baja un poco las expectativas de este proyecto. “El informe de la Ocde y el FMI se dedica a analizar los procedimientos para estimarlas, pero lo que faltó es que no toma en cuenta la función original de esa exención y si aún se justifica. Si hubiera estado esa evaluación probablemente hubiera llevado a priorizar aquéllas en que el objetivo original se cumplió hace tiempo como lo es el IVA a la construcción y se mantiene porque hay grupos de presión detrás”.

Para Montes, avanzar en esta medida, si bien es adecuado, es insuficiente para lo que se necesita en términos de recaudación.