Eduardo Engel, académico de la U. de Chile: "El control del orden público sin abusos de derechos humanos es precondición para salir fortalecidos de la crisis"

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La legitimidad del proceso constituyente y el empuje que se le puede dar a la actividad también dependen de ello, a juicio del economista. cree que Si las cosas se hacen bien, "podemos terminar sentando las bases para una sociedad más justa y más próspera".




TRAS un viaje de tres meses, en el que visitó a sus antiguos colegas y compañeros del MIT y dio seminarios en Estados Unidos y Europa, Eduardo Engel llegó a un país diferente al que dejó. El estallido social de Chile, que le dio un vuelco total a la agenda pública, lo encontró en el extranjero, desde donde tuvo la posibilidad de analizar con calma la vorágine de información sobre los históricos acontecimientos que tenían lugar en el territorio nacional.

Desigualdad, distancia de la clase política con la gente y viejos problemas en las policías son a juicio del académico de la Universidad de Chile los detonantes de una crisis social que el gobierno todavía no logra abordar de manera satisfactoria. Engel crítica, por ejemplo, las acusaciones de intervención extranjera sin evidencia en las que ha insistido el Presidente Sebastián Piñera. Además, respaldado por el reconocimiento que le acaba de otorgar la revista Foreing Policy, como uno de los libros del año a un informe del BID sobre políticas anticorrupción en el que participó, cuestiona la agenda antiabusos de La Moneda. Engel considera que hubiese sido una señal más potente anunciar una extensión de las penas de cárcel en todos los casos de colusión, un delito que atenta "contra la esencia de una economía de mercado".

En medio de este escenario, el también director del centro de estudios Espacio Público valora el proceso constituyente, apostando por una convención con todos sus integrantes elegidos, en miras de la legitimidad para elaborar la Carta Magna y considerando, sostiene, el actual desprestigio de la política.

¿Qué factores se fueron acumulando para conducir a la crisis social que atraviesa Chile?

-Está la gran desigualdad, que no es solo de ingresos. Por ejemplo, desigualdad ante la ley, por la sensación de que los delitos que comete la élite quedan impunes, como colusiones y financiamiento ilegal de la política. De poco sirve que en años recientes se aprobaran leyes que terminan con la impunidad en algunas de estas situaciones, como la colusión de precios. La gente no confía en los políticos y no se va a convencer de que las cosas cambiaron hasta que alguien efectivamente vaya preso. Y esto toma tiempo, porque para que aplique la nueva ley los hechos delictuales deben ser posteriores a su aprobación.

Además, la clase política se distanció de la gente, al no hacerse cargo de sus problemas. Bajas pensiones y el Congreso aún no aprueba una reforma. Hoy la derecha estaría feliz con la propuesta del gobierno anterior en 2017, pero en su momento se opuso en defensa de las AFP. Algo similar vale para medicamentos o el sistema de salud.

Pero la falla más importante de la política ha sido la seguridad ciudadana. Expertos venían alertando hace tiempo la falta de eficiencia de Carabineros, pero no los escucharon. Se les siguió dando más recursos, sin exigir rendiciones adecuadas. El gobierno anterior no hizo nada y el gobierno actual optó por insistir en medidas ineficaces, como ampliar el control de identidad. El precio que pagaremos todos por no haber reformado las policías y el sistema de inteligencia va a ser alto, porque un control del orden público sin abusos de derechos humanos es precondición para salir fortalecidos de la crisis. Solo así el proceso constituyente tendrá legitimidad y podremos revertir rápidamente el bajón económico.

¿Qué llevó a que la crisis se detonara precisamente en este momento?

-La respuesta más inmediata es la falta de seguimiento, por parte del gobierno y las policías del malestar creciente, luego del alza de tarifas del metro a comienzos de octubre y declaraciones poco afortunadas de varios ministros.

¿Cree que los problemas son estructurales y que cabe cuestionar el modelo económico?

-Seguiremos con un modelo capitalista, pero con mayor redistribución y protección social, asegurando ingresos mínimos para los hogares, salud de mejor calidad, consumidores que no se sientan abusados y mucho más.

¿Está de acuerdo con la elaboración de una nueva Constitución?

- Sin estar en contra, solía pensar que una nueva Constitución no era prioritario. Sin embargo, la crisis social ha puesto de manifiesto que hay millones de chilenos, sobre todo una nueva generación, con mucho interés en participar en política, y me paree que una nueva Constitución es la mejor manera de encauzar ese anhelo democrático. La impresionante manifestación del 25 de octubre me llevó a cambiar de opinión.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a conservar y modificar en la Carta Magna?

-Cambiar el sistema presidencial que tenemos por uno semipresidencial o uno parlamentario me parece importante. El excesivo presidencialismo explica, en parte, por qué la política no está funcionando.

En materia económica, es importante mantener la autonomía del Banco Central. También quisiera una Constitución que logre combinar mayores garantías en derechos sociales con una política fiscal responsable.

¿Convención constituyente o convención mixta?

-Convención constituyente, dado el desprestigio de la política.

¿Qué evaluación hace de la respuesta del gobierno, tanto a la emergencia de la crisis como a las demandas sociales?

-La respuesta inicial fue muy mala. Viene mejorando, pero falta. El Presidente insiste en el enemigo externo, sin dar evidencia. Alimentar teorías conspirativas no ayuda.

En el tema de la agenda social, el gobierno no logra tomar control de la agenda, hacerla propia. Tomemos como ejemplo la agenda antiabuso, donde el gobierno anuncia medidas para que quienes fijen precios efectivamente vayan a la cárcel, ignorando la ley aprobada en 2016 donde ya están. Si el gobierno quería dar una señal potente en esta materia, pudo haber anunciado que se extenderán las penas de cárcel a todos los casos de colusión, no solo cuando se trata de bienes de primera necesidad, como en Estados Unidos. Los acuerdos colusorios atentan contra la esencia de una economía de mercado, restándole legitimidad, por lo cual quienes incurren en estos delitos deben tener sanciones penales.

¿Qué opina de lo hecho por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hasta el momento?

-El cambio de tono y de estilo es bienvenido. Sin embargo, se le está terminando la luna de miel y tendrá que lograr acuerdos en materias claves como pensiones. No depende solo de él y no será fácil.

La carga tributaria está en torno al 20% del PIB y la reforma que se discute la aumentaría en un punto. ¿Ese incremento debiese ser mayor?

-La carga tributaria debiera aumentar bastante más que un punto del producto. Ese incremento debe ser gradual y la discusión de cómo se financiará y su magnitud debiera ser ahora.

A su juicio, ¿qué impuestos debiesen subir?

-El incremento de impuestos debieran financiarlo los individuos de altos ingresos, principalmente el 1% más rico. No existe la bala mágica sobre cómo hacerlo. En particular, los impuestos al patrimonio han recaudado poco en otros países más desarrollados que Chile, de modo que dudo que funcione acá. Por lo cual se necesita combinar el incremento de varios impuestos, terminar con algunas exenciones y fuentes de elusión, etc. Además, yo sería muy cuidadoso en mantener las fuentes de recursos actuales, por ejemplo, el gobierno, con el apoyo de todos, debe oponerse a reducir o eliminar el TAG.

¿Cómo se debiera mejorar la eficiencia del Estado para administrar esos recursos adicionales?

-Son varias las reformas pendientes en materia de reforma del Estado. Crear un servicio civil para tener buenos profesionales no solo en la alta dirección, sino también en cargos intermedios, es una reforma clave. Notar, también, que haber reducido el sueldo de los directivos públicos, como se aprobó recientemente, apunta en la dirección contraria a tener más eficiencia del Estado.

¿Cree que la incertidumbre por la protesta social, los actos violentos, la discusión de una nueva Constitución y un aumento de impuestos ahuyentarán la inversión?

-Aun si todo va bien, el 2020 será un año con incertidumbres adicionales, lo cual afectará la inversión. Si estas incertidumbres se resuelven bien, se puede retornar a tasas de crecimiento más altas y sostenibles, en una sociedad más justa y con un nuevo contrato social.

¿Es real la dicotomía entre crecimiento y mayor redistribución, o pueden ir de la mano?

-La crisis social muestra que existen coyunturas históricas donde tener una mejor distribución es condición necesaria para retomar tasas altas de crecimiento.

Un Chile más fortalecido tras la crisis, o un Chile con un recrudecimiento de la crisis social, política y económica: ¿a cuál de esas dos visiones se acercan más sus perspectivas a mediano plazo?

-Ambos escenarios son posibles, descartar el malo sería irresponsable. Pero tenemos una gran oportunidad. Si las cosas se hacen bien, y esto depende de todos, podemos terminar sentando las bases para una sociedad más justa y más próspera. Será difícil, pero ese me parece el escenario más probable.

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