Encuesta: 45% de las empresas no provee capacitación sobre ética y fraude a sus empleados

02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO PEATONES - TRANSEUNTES - BARRIO FINANCIERO - HABLANDO POR CELULAR - SANTIAGO

Un análisis del Centro Ética Empresarial del ESE Business School sobre crimen corporativo en las compañías arrojó que un porcentaje importante de empresas aún no cuentan con un código de ética.


Varios son los fraudes en empresas, tanto al interior como hacia el exterior de estas, que se han conocido en la última década. Un estudio del Centro Ética Empresarial (CÉE) del ESE Business School de la Universidad de los Andes ahondó sobre las circunstancias y motivaciones que las originan, especialmente en el contexto nacional.

El informe, que se realizó en base a una encuesta sobre ética y crimen corporativo en las compañías que operan en el país, reveló que en más del 80% de las empresas, la alta administración comunica claramente sus expectativas éticas al resto de la organización. El sondeo también arrojó que en alrededor del 85% de las firmas, el liderazgo corporativo acompaña el mensaje con el ejemplo.

Sin embargo, un porcentaje relativamente importante de empresas aún no cuentan con un código de ética. De hecho, este manual no fue adoptado todavía por cerca del 40% de las instituciones. Además, casi la mitad de las empresas, 45% aproximadamente, no provee de entrenamiento ni capacitación sobre ética y fraude a sus empleados.

Álvaro Pezoa, director del Centro Ética Empresarial del ESE Business School, sostiene que “de las conductas indebidas consultadas, queda en evidencia que la entrega de coimas, o sobornos, para ganar nuevos negocios no es una costumbre comúnmente aceptada en el país, ni siquiera en épocas anormales. Sin embargo, en contraste, cuando se preguntó sobre la percepción acerca de la prevalencia de la corrupción en nuestro país, solo el 5% aproximadamente respondió que en Chile la coima y el soborno no están presentes”.

Ahora bien, el rechazo a estos actos no se extiende a otros esquemas de ilícitos relacionados con el incremento irregular de los ingresos de la compañía. Un 35% de los encuestados señalaron que estarían dispuestos a adelantar la fecha de contabilización de una venta o contrato y un 73% a ofrecer a los clientes condiciones más flexibles de devolución de lo entregado a fin de aumentar el volumen de ventas.

El informe explica que el reconocimiento temprano de ingresos reales o la contabilización de ventas ficticias de productos que luego se espera sean devueltas, genera un incremento indebido en los ingresos de la compañía y es cometido generalmente por aquellas personas cuya remuneración depende del cumplimiento de metas basadas en dicha cifra contable.

“Se podría concluir que parece existir algún fenómeno, psicológico tal vez, que genera un rechazo a aceptar -y responder- que existen fraudes cuando la pregunta toca muy cercanamente al encuestado. Se daría una suerte de “idealización” de la probidad del entorno próximo, en contraste con el grado de corrupción que se observaría en el ámbito empresarial nacional, más amplio”, indica Pezoa.

Sobre cuáles son las sanciones que se aplican por parte de la compañía cuando un trabajador comete algún tipo de fraude, la alternativa más seleccionada, con un 47% de respuestas, fue la de despidos sin causa, es decir, con pago de indemnización. El informe plantea que este proceder, podría estar colaborando a disminuir la trazabilidad de un importante porcentaje de actos dolosos cometidos.

Por otra parte, los entrevistados contestaron mayoritariamente que sus superiores nunca les piden hacer cosas que sean contrarias a las políticas éticas de la empresa (alrededor del 80% de los casos). De forma paralela, situados en la disyuntiva de tener que actuar frente a una solicitud contraria a las políticas éticas de la organización, la mayor parte de los individuos rechazaría la propuesta (60%).

En cuanto a la disposición a denunciar una solicitud de esa naturaleza, más del 25% declara que lo haría siempre, y poco más del 10% indica que nunca denunciaría, con 35% -el mayor porcentaje de respuestas- que sostiene que esa situación no aplica.

“En general, los resultados parecen indicar que prima holgadamente la probidad por sobre la corrupción y la comisión de fraudes. No obstante, los hallazgos encontrados dejan dudas abiertas sobre una posible tendencia de los encuestados a “idealizar” el contexto más cercano (industria) en comparación al escenario nacional. ¿Cuál entre ambos da una imagen más real de la situación en la materia? Hay necesidad de seguir investigando para esclarecer este crucial punto”, subraya Pezoa.

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