Exfiscal Felipe Irarrázabal consigue indemnización que Contraloría le negó

Tardó un año, pero lo consiguió: el exfiscal nacional económico Felipe Irarrázabal logró dar vuelta un dictamen que emitió Contraloría el año pasado, donde la entidad le negaba una indemnización que pedía por sus últimos cuatro años de servicio liderando la Fiscalía Nacio nal Económica (FNE), cargo que dejó en agosto de 2018.

En concreto, el año pasado el entonces fiscal nacional económico subrogante, Mario Ybar, pidió a Contraloría que determine si correspondía o no pagarle a Irarrázabal la indemnización de la que son beneficiarios los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el mes final, de los últimos cuatro años que estuvo el exlíder de la FNE en el cargo. Sin bien el dictamen no especifica cuánto se le debía pagar, Irarrázabal recibió durante esos años una remuneración mensual bruta promedio de unos $8.500.000.

Pero la Contraloría dijo que no le correspondía este beneficio, en un dictamen que emitió en diciembre de 2018. ¿La razón? "El cargo de Fiscal Nacional Económico no corresponde a uno de Alta Dirección Pública (ADP)", detalló el órgano contralor.

Lo que argumentó la entidad es que según un decreto de 2004, "resulta lógico concluir que desde el 31 de enero de 2007, el cargo de fiscal nacional económico, que hasta antes de dicha fecha era un cargo de la exclusiva confianza del Jefe de Estado, pasó a tener la condición de adscrito al SADP".

Sin embargo, recordó que el 13 de julio de 2009 se publicó la ley N° 20.361, la que sustituyó un inciso clave del decreto ley N° 211, de 1973, por lo que cuando Irarrázabal fue nombrado como fiscal, quedaba "excluido de la calidad de alto directivo público, sujetándose a las normas de la citada ley N° 19.882 (ADP) solo para el proceso de selección respectivo".

Sin embargo, la FNE solicitó a Contraloría que reconsidere su decisión, y la semana pasada llegó la respuesta en otro dictamen, donde concluye que la indemnización deberá ser pagada, ya que "la FNE (es) una entidad pública afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, y cuyo Fiscal Nacional Económico, en lo pertinente, se encuentra regido por la ley N° 19.882".

Para partir, el contralor Jorge Bermúdez tuvo en consideración "los informes evacuados por el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional del Servicio Civil, los cuales manifiestan, que aquella autoridad tendría el carácter de ADP, correspondiéndole recibir el estipendio reclamado", detalla el dictamen del 11 de octubre.