El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en libertad al exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans Ossandón, quien se encontraba en prisión preventiva desde mayo de este año, imputado por su presunta responsabilidad en un millonario fraude al factoring ligado al empresario Raimundo Valenzuela.

La decisión fue adoptada por la jueza Daniela Guerrero, quien el pasado 15 de julio accedió a sustituir la prisión preventiva por una caución económica fijada en $300 millones. La medida quedó supeditada a que la defensa acreditara la constitución de una garantía real equivalente a ese monto. Este martes, el tribunal confirmó que se cumplió ese requisito.

Coeymans estuvo privado de libertad durante cerca de 15 meses, primero en Perú y luego en Chile. Fue detenido el 12 de abril de 2024 en Pucallpa, donde permaneció en prisión preventiva por más de siete meses, hasta ser extraditado a Chile el 19 de noviembre del mismo año.

Según los antecedentes presentados por el abogado Mario Vargas Cociña, la caución se constituyó mediante la hipoteca de una propiedad ubicada en Camino El Huinganal, en la comuna de Lo Barnechea, inscrita a nombre de los padres del imputado. El inmueble fue tasado fiscalmente en $379 millones, superando el mínimo exigido por el tribunal. La operación fue protocolizada ante notario y posteriormente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Además del acta de constitución de hipoteca, la defensa presentó un certificado médico que da cuenta de que el propietario del bien —Juan Eduardo Coeymans Avaria, padre del imputado y de 78 años— otorgó la garantía “en pleno uso de sus facultades mentales”, consignó la presentación efectuada por el abogado del ejecutivo Mario Vargas, socio de Lagos,Vargas&Silber.

Con estos antecedentes a la vista, el tribunal consideró que la caución era suficiente para asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso y la eventual ejecución de la pena, en caso de ser condenado. En consecuencia, ordenó su inmediata liberación y ofició a Gendarmería para que se ejecutara la medida.

Sin embargo, Coeymans no quedó completamente desligado del proceso. El tribunal le impuso como nueva medida cautelar el arraigo nacional, lo que le impide salir del país mientras continúe la investigación penal en su contra.

El exgerente general de Primus Capital está formalizado por diversos delitos económicos, entre ellos estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos. La causa continúa en etapa investigativa.

En la audiencia en que se discutió la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, la defensa de Primus Capital se manifestó contraria a la libertad de Coeymans, y advirtió por el peligro de fuga.

Detalles

El caso Primus estalló en marzo de 2023, cuando la propia empresa de factoring Primus Capital descubrió internamente una serie de operaciones falsas. La compañía informó el hallazgo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y presentó una denuncia. Pronto se reveló que una red de ejecutivos y colaboradores cercanos había utilizado empresas de papel, cheques sin respaldo y facturas ideológicamente falsas para simular transacciones comerciales y desviar fondos de la firma.

Las primeras estimaciones hablaron de un fraude superior a los $ 70 mil millones, lo que llevó a los socios de la compañía a inyectar más de $ 100 mil millones para evitar el colapso financiero.

Según la investigación, el esquema fue cuidadosamente planeado. Se usaron nombres de terceros como testaferros, muchas veces ciudadanos extranjeros, para ocultar la verdadera identidad de quienes controlaban las empresas involucradas. La documentación falsa se usaba para justificar operaciones que nunca ocurrieron, generando beneficios indebidos tanto para los ejecutivos como para quienes participaron en la red.

Uno de los aspectos más mediáticos del caso fue la fuga de Francisco Coeymans, quien salió del país y fue detenido en Lima, Perú, donde estuvo prófugo por más de siete meses. Fue extraditado a Chile en noviembre de 2024 y desde entonces cumple prisión preventiva.

Los delitos son calificados como “consumados” porque no se trata de intentos fallidos: las acciones se realizaron y lograron su objetivo. Además, son “reiterados”, lo que significa que no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica constante durante varios años. La imputación también se basa en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, que establece responsabilidad penal para quienes participan directamente en la comisión del delito.

En términos simples, la Fiscalía sostiene que los imputados fueron los protagonistas de un esquema de fraude tributario, no simples cómplices o colaboradores.