Fue una de las primeras firmas en anunciar que ya contaba con un equipo legal para hacer frente a los efectos de la ley de fraccionamiento pesquero, pero luego que la comisión mixta zanjó las nuevas distribuciones para las pesquerías, Camanchaca dejó en compás de espera sus decisiones sobre potenciales acciones en contra del Estado.

Así lo informó este jueves la pesquera, firma ligada a la familia Fernández García, apuntando a la falta de definición sobre el financiamiento fiscal de la iniciativa, donde el gobierno evalúa aplicar un royalty a las cuotas extranjeras que son cedidas por otros países en favor de empresas nacionales.

“El gobierno ha manifestado su intención de introducir modificaciones tributarias en los próximos días, con el objetivo de financiar beneficios dirigidos a un grupo acotado de pescadores, beneficios que conllevarían un posible costo fiscal. Paradójicamente, se buscaría así cubrir dicho costo a través de nuevos gravámenes que afectarían aún más precisamente a quienes ya se vieron perjudicados por la reciente e intempestiva reducción del fraccionamiento”, planteó la firma en una declaración.

Así, enfatizó que “frente a este escenario de incertidumbre y cambios reiterados en las reglas del juego, consideramos que lo prudente es esperar a conocer con claridad lo que el Congreso apruebe formalmente, para así evaluar y determinar las acciones que resulten pertinentes.”

El planteamiento público de la pesquera responde a la marcada defensa que ha realizado su administración sobre el patrimonio y de los derechos adquiridos que las empresas ven afectados con la nueva legislación.

Ricardo García, gerente general de la firma, ha apuntado al “carácter expoliatorio” de la propuesta del Ejecutivo.

Las pesquerías explotadas por Camanchaca incluyen la pesca de anchoveta en el norte, con operaciones en Iquique, región de Tarapacá; y la captura de jurel, sardina y langostino en la zona centro-sur, con presencia en Tomé, Talcahuano y Coronel, en la región del Biobío. Sólo en el jurel, la principal pesquería del país, la firma exportó el 28% de US$367 millones (FOB) del jurel congelado que salieron del país el año pasado, y el 29% de los US$ 36 millones (FOB) de jurel en conserva que fueron exportados desde Chile en 2024.