Gonzalo Simon: “Llama la atención que ya cumplidos 30 días no existan por lo menos ideas generales sobre cómo se implementará el fallo de la Suprema”

Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres.

El presidente de la Asociación de Isapres cree que ya ha pasado tiempo prudente para que la Superintendencia de Salud entregue los lineamientos generales sobre el fallo de la Suprema respecto de la tabla de factores. También asegura que “el fallo no termina con las isapres, y si esto llega a ocurrir, será porque una mala metodología de la superintendencia lo causó”.


En 2021 las isapres registraron el peor resultado de su historia con pérdidas por $ 137.000 millones. Las aseguradoras privadas anticipan que el año que recién pasó nuevamente será de mermas para la industria, considerando que acumulaban pérdidas por $ 127.927 millones a septiembre de 2022.

Más allá del resultado, por ahora 2023 no se ve mucho más auspicioso. Una de las principales causas es la incertidumbre que acusan las isapres por el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud.

“Nuestra situación actual es la siguiente: el año 2023 tiene el comienzo más complejo de su historia”, comenta el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon. Pero antes de profundizar sobre por qué este año parte complicado, el líder del gremio recuerda lo que ha pasado hasta ahora: “Venimos saliendo de una pandemia que todavía no ha terminado. Durante la pandemia hubo un congelamiento de precios (de los planes de salud), y luego hubo una modificación legal que instruyó a la Superintendencia de Salud a hacer la adecuación de planes. Se puso en práctica este nuevo mecanismo, pero de nuevo se judicializó y la Corte Suprema modificó la modificación legal. Así, algo que debió haber estado operando en julio recién empezó a operar en octubre del año pasado, pero en un proceso de transición, por lo tanto, este nuevo mecanismo para el proceso de adecuación recién va a empezar a operar definitivamente en marzo del año 2023. Ahora aparece esta segunda modificación, que es el tema de la tabla de factores”.

¿Por qué el año 2023 tiene el comienzo más complejo de su historia?

Porque ya es por todos conocido la situación financiera, que en los últimos dos años ha sido deficitaria. Pero a esto ahora se le agregó una incerteza muy importante. Por primera vez se va a implementar un nuevo mecanismo de adecuación, que ahora sí ya pasó por todos los procesos, pero no sabemos cómo lo va a aplicar en la práctica la superintendencia. Y segundo, estamos a la espera de tener por lo menos ideas generales sobre cómo se va a implementar el fallo de la tabla de factores. Tampoco sabemos cómo va a ser, lo que también agrega una nueva fuente de incerteza. Creo que ya es conocido por todo el mundo que esto ha traído consecuencias en los prestadores (...) Y lo más importante es que se mantiene un nivel de incerteza sobre los afiliados.

¿Cómo interpreta el fallo de la Suprema sobre la tabla de factores?

Nosotros vemos el fallo de la siguiente forma: lo que indica es que la tabla de factores se puede aplicar, que es como ha venido funcionando el sistema desde siempre. La tabla de factores es válida. Entonces, ahí indica qué funciona, cómo funciona y cuál tabla de factores es la que debe operar. Eso es lo que instruye a la superintendencia para poner en práctica, pero, al mismo tiempo, el fallo también indica que esto significa que es algo que debe incorporarse y que, por lo tanto, el sistema de isapres tiene que seguir operando de aquí en adelante. De alguna manera, eso tiene que ver con que le está diciendo a la superintendencia que tiene que instruir el fallo, pero que simultáneamente tiene que mantener el equilibrio que permite que las coberturas que las personas tienen vigentes, sigan funcionando y que sigan recibiendo los beneficios.

¿Pero podrían seguir funcionando si tienen que restituir los cobros en exceso?

Eso va a depender del mecanismo que establezca la superintendencia. Nosotros lo único que estamos solicitando es que evidentemente se cumpla con el fallo, pero simultáneamente se mantenga el equilibrio financiero. Esto quiere decir que los ingresos que las isapres puedan sostener de aquí en adelante permitan cubrir los gastos en beneficios que tienen contratados las personas. Si se genera una reducción de ingresos, evidentemente que esto lo que da como resultado es un déficit permanente que va a impedir cumplir con los beneficios y, por lo tanto, el cierre del sistema.

¿Tienen alguna estimación sobre rangos de montos que podrían tener que desembolsar en eventuales devoluciones?

Las diferencias (de dinero), si es que existen, van a depender de la metodología que dicte la superintendencia, pero al día de hoy no se conoce, por lo tanto, es imposible estimar el monto.

¿Se han reunido con las autoridades después del fallo? ¿Qué les han transmitido?

Tuvimos una reunión a los pocos días de que salió el fallo hace un mes, de tal manera de intercambiar información general de lo que se estaba viendo respecto a esto y cuál era la impresión que teníamos. Posterior a eso ya no ha habido más reuniones y eso evidentemente es preocupante, en el sentido de que ya pasados 30 días desde la emisión del fallo hoy día no existe algún lineamiento general, no sabemos cuáles son los criterios con los cuales se va a aplicar el fallo y los mecanismos a través de los cuales se va a poner en práctica, lo cual evidentemente quiere decir que nos mantenemos con la incerteza de qué es lo que va a suceder a raíz de este fallo.

La Suprema entregó un plazo de seis meses para dictar la implementación. ¿Qué tanta mayor celeridad cree que debería haber?

Bueno, eso es parte de nuestra preocupación. Nos llama la atención que ya cumplidos 30 días no existan por lo menos ideas generales sobre cómo se implementará el fallo. El riesgo del sistema va aumentando día a día, porque la incertidumbre lo que va haciendo es que va contagiando al sistema completo. Lo que va sucediendo es que la situación de las clínicas va siendo cada vez peor; la situación con el mercado de capitales se va haciendo cada vez más compleja; y la situación con los afiliados también se va haciendo más difícil. Ya conocemos que esta incertidumbre ha llevado a que haya isapres que han terminado con su fuerza de ventas, el personal, en general, dentro del sistema ha disminuido en el último tiempo. Entonces, se ve que la incertidumbre está provocando un deterioro en el funcionamiento. Hay isapres que, además, han tomado medidas en cuanto a ir iniciando procesos judiciales en tribunales internacionales. Eso también de alguna manera demuestra el efecto que va teniendo la incertidumbre en la operación de las isapres en el día a día. Cada día que va pasando esta situación va siendo peor, la tensión va aumentando. Entonces, lo que hay que tener presente es que, más allá de lo financiero y de lo reputacional, lo que hacen la isapres es otorgar cobertura de salud, por lo que si al final las acciones del gobierno o la demora que esto pueda tomar, termina cerrando a las isapres, el costo lo asumirán las personas. Saber cuánto tiempo es lo que va a sostenerse el sistema con este nivel de incerteza es difícil de predecir. Nosotros pensamos que tiene que haber un sentido de urgencia, porque se está dañando al sistema de salud en general.

¿La continuidad del sistema de isapres está en manos del gobierno y de la Superintendencia de Salud?

Absolutamente. Pensamos que si el gobierno pone a las personas en el centro, está obligado a resguardar el funcionamiento del sistema de salud y eso significa que debe equilibrar la operación mientras se vaya a tramitar una eventual reforma o una eventual modificación. Efectivamente, depende del gobierno si lo que va a suceder en los próximos meses es un daño al sistema privado o se va a cimentar el camino a la esperada reforma de salud.

¿Ve que el gobierno tiene ánimo de mantener el sistema de isapres hasta la reforma?

No conocemos cuál es la impresión que tiene (el gobierno). Esperemos que tenga la idea de mantener el funcionamiento. Entendemos que el fallo le entrega al superintendente dos obligaciones. La primera es cumplir con el fallo. La segunda es resguardar y proteger a los afiliados y para lograr eso necesariamente la solución que ponga en práctica para implementar el fallo debe mantener el equilibrio para que las coberturas que las personas libremente contrataron puedan seguir operando.

Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres.

El fallo es claro respecto a que las isapres sí pueden aplicar la tabla de factores, que debe ser la que dictó la superintendencia y que además tienen que devolver los montos cobrados en exceso. ¿Dónde ve en el fallo que se instruya mantener al sistema de isapres funcionando?

En realidad, no sabemos cómo se va a implementar el fallo porque al final depende de la superintendencia, pero sí sabemos que el fallo no termina con las isapres, y si esto llega a ocurrir, será porque una mala metodología de la superintendencia lo causó. No vemos en ninguna parte que el fallo lo que indique es el camino de un cierre del sistema de isapres y, por consiguiente, un daño al sistema privado de salud; sino que más bien, hay un ordenamiento de la operación del sistema. De hecho, el fallo hace mención al artículo 171 de la ley, y lo que dice ese artículo es que el sistema de isapres financia los beneficios y prestaciones de salud con las cotizaciones de los afiliados, por lo tanto, lo que está diciendo es que ese monto tiene que ser suficiente para poder dar los beneficios. No hay otra forma de poder financiar el sistema. Básicamente, está diciendo: póngase en práctica, reordénese el sistema, y que siga funcionando a futuro. No está diciendo que se cierre.

¿Van a terminar con pérdidas en 2022?

Correcto.

¿Sin considerar este fallo, en 2023 eso debería ir reduciéndose?

Es impredecible. Precisamente ese es el gran problema, de que el sistema funciona en base a las normas que están vigentes, y lo que ha venido sucediendo en el último tiempo es que las normas se han ido cambiando a una velocidad muy grande, incluyendo esto que acaba de suceder con la tabla de factores, por lo tanto, eso hace imposible de predecir cómo va a ser el funcionamiento del sistema en los próximos meses. Y evidentemente que es muy difícil para cualquier sector operar con ese nivel de incertidumbre.

Ya hubo un fallo de la Suprema por adecuación, luego el de la tabla de factores, ¿ahora vendrá uno por prima GES?

Efectivamente, el sistema ha venido siendo modificado, una parte por los cambios legales, pero lo otro es por los fallos que han ocurrido en tribunales. Pensamos que el sistema no resiste un tercer ordenamiento por la vía judicial, que las modificaciones de esta importancia, de esta envergadura, se deben hacer por medio de un proceso ordenado que armonice todas las normas que están en operación y establezca, además, un proceso y una transición correcta a una reforma para ponerlo en funcionamiento.

¿Por qué decidieron hablar ahora?

Porque ya ha pasado tiempo prudente. Nosotros pensamos que ya es el momento en el cual la superintendencia ya debe contar con la información, ya debe haber estudiado el fallo, y por lo tanto, ya debe tener una idea sobre cómo es su implementación. Nos parece importante empezar a conocer cuál va a ser el camino a través del cual se va a transitar para poder implementar este fallo.

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