Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) generó resquemores en ciertas universidades por la información que se les pidió. Un hecho que, en su momento, motivó a la Universidad de Santiago (Usach), la Universidad de Chile (UCh) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) a recurrir a la justicia para ir contra de las solicitudes de la FNE en el marco del “Estudio de Mercado sobre la Educación Superior”.

Sin embargo, la Corte Suprema respaldó el actuar de la FNE y confirmó las sentencias dictadas por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron, por la unanimidad de sus miembros, los recursos de protección interpuestos por las tres casas de estudios.

Un recurso fue presentado en conjunto por la Usach y la UCh y la PUC presentó otra apelación en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que, según explicó la FNE en un comunicado, finalmente fue desistida por la universidad ligada al Vaticano.

Por su lado, la PUC, vía un comunicado, destacó que la Corte Suprema acogió el desistimiento del recurso de apelación presentado contra la solicitud de la FNE.

“El acuerdo con la FNE, suscrito el 6 de junio de 2025, fue adoptado en consideración a que la FNE se comprometió expresamente a utilizar la información solicitada únicamente para los fines propios del estudio en cuestión, en conformidad con sus competencias legales y sujeta a los resguardos y condiciones de confidencialidad establecidos por la ley, con lo que se garantiza la debida protección y uso confidencial de tales datos”, dijo la PUC en un comunicado.

Por su lado, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, valoró la decisión del máximo tribunal, destacando que “esta decisión de la Corte Suprema confirma que la FNE ha actuado conforme a las atribuciones que la ley le ha otorgado para requerir información de los agentes económicos para defender y promover la libre competencia en los mercados, las cuales no solo aplican a investigaciones de ilícitos anticompetitivos, sino que también al desarrollo de estudios de mercado”.

Desde la FNE comentaron que las alegaciones, por parte de estas universidades, de una supuesta falta de proporcionalidad en la información solicitada o una falta de justificación de los fines que se perseguían con la recopilación de los datos no eran justificadas.

“Con estos pronunciamientos la Corte Suprema confirma que no existe la vulneración de las garantías constitucionales hechas valer por las recurrentes, toda vez que los datos requeridos tenían por objeto tomar contacto con estudiantes y exestudiantes para invitarlos a participar voluntariamente del estudio”, comentó la FNE.

El estudio que abrió la disputa

La FNE, vía un oficio, solicitó información a 48 instituciones de educación superior de las más de 130 existentes en el país para hacer su “Estudio de Mercado sobre la Educación Superior”.

El estudio comenzó a realizarse en enero de 2024 y tiene como objetivo analizar la evolución competitiva de este sector, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

“Busca determinar si tanto la oferta como la demanda educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para, en el caso de identificar fallas, formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo o recomendaciones a los agentes económicos”, explicó la FNE.

Sin embargo, según comentó la FNE, de esas 48, un total de 45 respondieron en tiempo y forma, siendo la Usach, la UCh “las únicas que hasta la fecha no han cumplido con su obligación legal al haber interpuesto los recursos de protección que terminaron siendo desestimados por la Corte Suprema”. La PUC cumplió luego con el acuerdo del 6 de junio de este año.