Durante la mañana de este martes la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación discutió el proyecto de Ley “sobre el uso de agua de mar para desalinización”, el que pasó recientemente del Senado a la Cámara de Diputados y Diputadas, particularmente a la comisión mencionada.

El objetivo del proyecto -que data de 2018- es regular el avance de iniciativas de desalinización de agua de mar, considerando la elaboración de una Estrategia Nacional de Desalinización y el procedimiento de una concesión o destinación marítima particular de desalinización, con su respectivo ejercicio, fiscalización, sanciones, renovación, caducidad y término.

A la sesión fueron invitados el asesor del ministerio de Obras Públicas, Carlos Estévez, el vicepresidente ejecutivo de Acades (Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G.), Rafael Palacios y el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Luego de las valoraciones a la iniciativa legislativa, Palacios apuntó al artículo 6 de la ley, que rige el otorgamiento de concesiones para la desalinización vía decreto supremo. “El proyecto de ley genera normas que establecen que esa concesión puede caducar, o va a caducar, en el plazo de cuatro años, en caso de que la planta no sea construida, plazo que se puede suspender mientras estén pendientes las autorizaciones de la RCA y los demás permisos, porque, como vimos, pueden tomar hasta 11 años, pero es súper importante también entregar esa certeza jurídica”, indicó.

Así, el representante de Acades señala que “la concesión es finita, puede ser hasta 30 años y renovable por una sola vez. Y estamos hablando de infraestructura que se piensa en el largo plazo, más allá de los 60 años. Creemos que es muy relevante en ese sentido asegurar la continuidad operacional”.

Palacios puso también el foco en la aplicación del régimen transitorio. “Hoy día tenemos 26 plantas desaladoras, y 32 plantas de agua de mar que fueron construidas con las normas de hoy, tienen su concesión marítima, fueron construidas con estas reglas y por lo tanto les van a ser aplicadas las nuevas reglas”.

“Ahí hay un tema que se abre y que hay que solucionar, así como la aplicación del régimen transitorio. Yo les mencionaba: hoy día tenemos 26 plantas desaladoras y 32 plantas de agua de mar que fueron construidas con las normas vigentes. Tienen su concesión marítima, fueron construidas bajo estas reglas y, por lo tanto, se les aplicarán las nuevas reglas”, cerró Palacios.

“No parece razonable”

A su turno, Villarino reiteró el punto de las concesiones y la continuidad operacional. “Los grandes yacimientos mineros del país tienen una vida útil que va mucho más allá de los 60 años. Es raro ver un proyecto minero que se acabe en 30 años o en periodos correctivos”, dice el presidente ejecutivo del Consejo Minero.

El timonel del gremio que reúne a la gran minería del país, señaló que “la preocupación de la minería en torno a la duración es que la ley que está en trámite y que está en discusión hoy día, establece un plazo de duración de las concesiones de 30 años, prorrogable por otros 30 años, o sea, un máximo de 60 años”.

Con ello, Villarino remarca que el artículo 42 del proyecto de ley “solo permite una renovación de la concesión cuando tiene un destino de consumo humano y en ese caso permite que se puedan hacer algunos trámites para que se postergue la prolongación de la concesión. En cambio, para el resto, no se prevé esa situación, y es más, se ordena expresamente que tiene que proceder a desmantelarse, a sacar la infraestructura que se ha construido para tener la planta desaladora. No parece razonable”.

“Si aplico literalmente este artículo y me tengo que someter a todos los requisitos y requerimientos de la actual ley, debería haberme obligado a destinar hasta un 5% de mi producción a consumo humano. Esto parece ser bastante humanitario, pero hace inviable el proyecto, porque yo lo construí para satisfacer la demanda minera, que es de un metro cúbico por segundo”, concluyó el representante de la gran minería.

La cita a la sesión tenía contemplada una votación en general, sin embargo esta se postergó para la próxima semana. Pues, se generó una discusión entre los parlamentarios a propósito de que el proyecto es técnico y no se había realizado un trabajo prelegislativo en la Cámara. Por ello, se citó a los invitados de la sesión para la próxima semana, con tal de que puedan responder dudas existentes. Cuando el proyecto sea votado, va de vuelta a la Sala de la Cámara y se abre el plazo para presentar indicaciones. Luego, volverá a la comisión hídrica.