Dos noticias: el informe de Contraloría que detectó 25.000 funcionarios públicos que aparecen viajando fuera del país cuando estaban con licencia y la norma que obliga a jubilar a los funcionarios públicos con 75 años.

Primera reflexión respecto de la jubilación de mayores de 75 años: ¿En su experiencia, estimado lector o lectora, en la organización en que usted trabaja, sea pública o privada, los problemas de productividad están concentrados en las personas de mayor edad o en personas de un rango etario sustantivamente menor? Yo tengo serias dudas de que el problema sean los veteranos. ¿Estamos tan seguros de que uno pueda imputar a ellos una ética de trabajo menor o un peor compromiso con el servicio que, por ejemplo, la generación de la “escala de valores y principios que dista mucho de la de generaciones anteriores”? No es mi experiencia. Quizás el listado de los 25.000 de la fama está lleno de viejos. No sé, sería interesante saberlo.

Segunda reflexión respecto de la jubilación de mayores de 75 años: si lo que se busca es ajustar a la baja los exagerados niveles de contratación de funcionarios públicos se deben hacer efectivos los sistemas de evaluación de desempeño de los funcionarios y los programas de mejoramiento de la gestión. Una forma simple sería obligar a las organizaciones a presentar un ranking de desempeño ordenado en vez de una clasificación de categorías en las que todos los funcionarios salen evaluados como excelentes. De hecho, una pregunta empírica interesante, que podría servir para analizar la efectividad de los sistemas de evaluación de desempeño del Estado, es cuántos de los 25.000 de la fama fueron calificados en la categoría más alta. Las organizaciones siempre pueden rankear el desempeño; los profesores lo hacemos regularmente cada vez que entregamos una nota. La regla podría ser que se desvincule a un funcionario que aparece tres veces seguidas en el 10% peor evaluado, acumula cinco veces en siete años o llega a siete en diez. Algo así.

En muchas organizaciones la pérdida de esos funcionarios no tendrá ningún impacto en la productividad. Para las otras, en que se necesite reemplazar, se debiera establecer un sistema de compensación a nivel de Estado con un tope de cupos anual en que se permita contratar reemplazos por un tercio de los despidos. Las agencias del Estado que necesiten reemplazar los funcionarios deberían concursar, postulando en forma fundada a un proceso centralizado que les asigne los cupos disponibles como parte del proceso presupuestario.

Si lo que se quiere evitar es el potencial de arbitrariedad y abuso que puede generar un ranking de un jefe o supervisor, la solución es que los puntajes sean generados en forma colegiada: por equipos de supervisores, comités anónimos de pares senior y, también por los usuarios de servicios públicos que califiquen la atención. No es tan difícil.

Hay que echar a las personas que sistemáticamente no cumplen con estándares de desempeño, de la edad que sea… jóvenes o viejos. Lo demás es cháchara.

Respecto de la macana de las licencias médicas, ya se ha dicho que probablemente indica una escala aún mayor de desfalco tomándose vacaciones dentro de Chile o, incluso, quedándose en casa pero en forma fraudulenta. Ya se ha dicho que nadie debería sentirse sorprendido dados los informes que indican sobre 30 días hábiles de ausentismo promedio adicionales a las vacaciones. Ya se ha dicho que este problema de fraude generalizado también está en el sector privado y que aunque sus tiempos e intensidad puede ser algo menor debido a la diferencia de incentivos entre contratos públicos y privados, dado el tamaño del sector privado puede implicar costos sociales comparables en escala. Ya se ha dicho que esto tiene todo que ver con fenómenos de anomia que han sido celebrados y promovidos por sectores políticos y en que se manifiesta la tolerancia al incumplimiento de normas: la evasión en transporte público, el ausentismo escolar, los funerales narcos, las tomas VIP y un largo etcétera. Todo esto se ha dicho.

Lo que no he escuchado tanto es que el uso fraudulento de licencias médicas no es, solamente, para que sinvergüenzas se tomen vacaciones. Todos sabemos que las licencias médicas se han vuelto un instrumento de negociación laboral usado estratégicamente cuando se quiere despedir a alguien. Eso también es un uso fraudulento del instrumento.

Aquí no queda otro curso de acción que perseguir administrativa y legalmente a los que han defraudado al Estado: los funcionarios y médicos involucrados y sus negligentes supervisores. En mi opinión, además de un número significativo de despidos, quienes se termine demostrando son culpables debieran devolver el dinero de los días de ausentismo fraudulento a las arcas del Estado. Necesitamos financiar las licencias de personas que están genuinamente enfermas, que necesitan ese espacio y merecen ese apoyo.

Es imposible presentar al país un proyecto político en que el Estado tiene un rol crucial en una estrategia de desarrollo si continuamos tolerando este despilfarro. Un Estado disfuncional, corrupto y sinvergüenza es un instrumento atrofiado, esclerótico e inútil para el cambio social. Buena parte de las funciones del Estado consisten en vigilar, prevenir y perseguir comportamientos inapropiados de agentes privados. Buena parte de lo que hacen los trabajadores públicos es obligarnos a todos a “cumplir las reglas”. Es imposible que lo hagan si ellos mismos no las cumplen.

Quienes militan en los delirios anarcocapitalistas de la ideología de Estado mínimo por cierto que gozan con este tipo de escándalos. Se regodean voluptuosamente en el ciclo de noticias. Sus muecas delatan el deleite que subyace a las indignadas declaraciones.

Si usted es de quienes creen en un Estado estratégico al servicio de la construcción de un país desarrollado, justo y sustentable, por favor sea consecuente. Primero, sea severo con este tipo de cosas; más severo que “ellos”; y segundo, entienda de una buena vez que es imposible un proyecto progresista sin renunciar devotamente al clientelismo como modo de hacer política y sin promover, con convicción, una reforma profunda del Estado.