Licitaciones de infraestructura pública: hacia un modelo competitivo




Con motivo del Covid-19, los países están enfrentando una crisis económica y, para ello, los gobiernos han debido intervenir con diferentes medidas como, por ejemplo, incentivar la inversión en infraestructura pública. Chile no se ha quedado atrás. En efecto, se anunció el “Plan Paso a Paso, Chile se recupera” que está destinado a ejecutar en el periodo 2020-2022 un total de US$ 34.000 millones -de los cuales US$9.360 millones corresponde ejecutar a Obras Públicas-, con el impacto que ello produce en la oferta de proyectos a ser licitados.

En las licitaciones que la administración del Estado conduce, actúa como agente económico y el mercado relevante será aquel en el que inciden los bienes o servicios licitados, siendo en consecuencia imperativo que dichos procesos consideren los principios de libre competencia desde su diseño, para evitar que se puedan introducir distorsiones que impidan, restrinjan o la perturben.

Así, resulta necesario centrar la atención en los criterios de evaluación de las licitaciones, los que han sido reprochados en sede de libre competencia por constituir barreras a la entrada artificiales, siendo los cuestionamientos más habituales la experiencia y capacidad económica. De este modo, parece necesario que los organismos licitantes integren criterios de competencia, para que junto con asegurar los objetivos de política pública que subyacen al proceso y, se asegure la correcta inversión y ejecución de los recursos públicos, los tradicionales criterios no terminen por excluir por secretaría los beneficios que trae consigo un proceso verdaderamente competitivo.

Estas materias tienen especial relevancia si consideramos que ha existido un creciente interés de las constructoras chinas por participar en las licitaciones de los proyectos de infraestructura en áreas como carreteras (tramo Talca y Chillán de la Ruta Sur), hospitales (Hospital del Maule), entre otros, y que se podrían sumar nuevos actores locales que quieran diversificar su actividad.

Tenemos una gran oportunidad en esta materia. Recientemente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) inició un proceso de consulta relativo al diseño de las bases para la Licitación de Construcción de Infraestructura de Salud, en que propone junto con analizar los criterios de evaluación de dichas bases específicas, también que se dicten instrucciones generales para fijar las condiciones objetivas, generales, uniformes y no discriminatorias para fomentar la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles en los procesos de licitación de establecimientos de salud, garantizando el ingreso de nuevos actores al mercado.

De prosperar ello, se dictarían reglas que obliguen a los organismos públicos a incorporar criterios de competencia en procesos de licitaciones futuras, cuya observancia es fiscalizada por la FNE y su incumplimiento puede ser sancionado.

La puerta está abierta para que se discutan las exigencias de los criterios que deben considerarse para participar y asignar las licitaciones de infraestructura y cuáles pueden constituir una legítima barrera de entrada para asegurar la calidad de la construcción de las obras licitadas, así como el cumplimiento del contrato, estableciendo un trade off en la forma en que se asigna puntaje a los factores, así como su ponderación relativa.

El Tribunal ya invitó a participar aportando antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, a los ministerios de Salud y de Obras Públicas y a la Cámara Chilena de la Construcción. Sin embargo, parece indispensable que se tenga a la vista la mayor cantidad posible de visiones e intereses, para considerar diferentes realidades y experiencias nacionales e internacionales.

Dada la importancia de contar con infraestructura pública, los montos involucrados y muchas veces la extensión del periodo de operación de la concesión, será necesario estar atentos a cómo se lleva este proceso en sede de competencia y qué definiciones se tomarán, dado que mecanismos como el seguido en el Tribunal podrían convertirse en criterios a ser implementados en otras licitaciones que busquen mejorar la infraestructura de nuestro país.

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