Los problemas del Censo, más allá de la pandemia

Era el Censo 2022, luego pasó a ser el Censo 2023 y ahora será el Censo 2024. Sí, porque dos veces ha sido postergado el principal proceso de levantamiento de información de vivienda y población que realiza el país cada 10 años. Si bien esa era la norma, luego del fallido registro de 2012 nunca más se siguió esa periodicidad, puesto que en 2017 se tuvo que realizar uno de emergencia llamado Censo abreviado. Así, el último empadronamiento completo fue en 2002. Hace dos décadas.

Se esperaba que en 2022 se retomara la senda de censos cada 10 años, pero no sucedió. Fue en octubre de 2020 cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) informaba que el trabajo de preparación estaba retrasado debido al impacto de la pandemia en las distintas etapas del trabajo en terreno, por lo que se debía aplazar hasta marzo de 2023.

En esa oportunidad, la directora del INE, Sandra Quijada, señaló a Pulso que el cambio de fecha era por “razones estrictamente técnicas” y apuntaba al impedimento de ejecutar adecuadamente las fases previas. Una de ellas era el piloto que estaba previsto realizar en noviembre de ese año en La Calera y un primer piloto presencial en la Región Metropolitana que se hizo entre mayo y junio y que no arrojó los resultados esperados. Este trabajo previo requería especial atención considerando que era la primera vez que se realizaría un Censo de derecho, el que tiene una duración de tres meses, dejando atrás el Censo de hecho, que se realiza en un día.

El 24 de mayo pasado, el Ministerio de Economía junto al INE sorprendieron al enviar un comunicado anunciando una nueva postergación hasta marzo de 2024. En la explicación nuevamente aparece la pandemia como protagonista exclusiva del retraso del proceso previo: “La postergación de este Censo de derecho obedece a razones técnicas derivadas en gran parte por la situación sanitaria del país en relación con la pandemia del Covid, que no ha permitido realizar un plan de pruebas exhaustivo para garantizar un buen proceso de implementación del levantamiento del Censo”.

En ese comunicado también se afirma que la decisión de postergar el Censo era respaldada de manera unánime por los integrantes del Comité Asesor, quienes se reunieron con el INE y el Ministerio de Economía el 23 de mayo.

Si bien la pandemia ha jugado un rol preponderante en estos sucesivos retrasos, también hubo otros problemas durante el trabajo previo que son relatados en una denuncia por tutela laboral que presentó la exjefa del Censo, Lorena Espinosa, quien acusa una injustificada no renovación de su contrato. Espinosa lideró este proceso desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021.

El escrito resalta que el Censo es “un proyecto que, en sí, de manera intrínseca, es exigente y demandante, por sus plazos, exposición y los altos estándares de calidad con que debe cumplir. Es de alta relevancia para el país y presenta una serie de complejidades, dada su envergadura”. Y añade que “es la operación estadística más grande que realiza un país y en el caso de Chile implicará contratar 20.000 personas para que trabajen durante doce semanas en la recolección censal usando dispositivos móviles y autorrespuesta, e implica realizar una serie de actividades intensivas de preparación claves para su éxito por al menos tres años. El próximo Censo sumará una serie de innovaciones en relación al anterior y se dará en medio de una situación mundial excepcional de pandemia”.

La denuncia interpuesta a fines de noviembre de 2021 ante los tribunales laborales relata cinco hechos que pudieron incidir en la postergación del Censo.

De acuerdo al escrito, a octubre de 2019 ya existían retrasos importantes: no existía una planificación, ruta crítica, plan de pruebas, sistema informático para el levantamiento del Censo, ni equipo de tecnologías de la información trabajando en ello. Tampoco bases de licitaciones para las grandes compras que se debían ejecutar, dados los extensos plazos que requiere el Estado para esa magnitud de gastos. También se describe que el presupuesto era deficitario, desprolijo y carente de documentación que explicara las decisiones que estaban detrás. No contaba con el equipo multidisciplinario en la cantidad necesaria para su preparación y no había documentación del proceso de levantamiento de necesidades desde los servicios públicos y sociedad civil para la construcción de la boleta censal realizada durante el 2019, entre muchos otros aspectos.

Otro de los problemas que la exfuncionaria describe es una realidad que siempre ha estado rondando al INE: las bajas remuneraciones para atraer a profesionales mejor capacitados. “El INE contaba con una estructura de bajas remuneraciones que limitaba las opciones del proyecto para atraer profesionales del nivel requerido y para mantener a los existentes”, dice la denuncia.

Agrega que “esto se hizo aún más crítico en pandemia con el personal de tecnologías de la Información, dado que, por la alta demanda del mercado, tuvieron un incremento importante de sus honorarios a los que el INE no podía llegar con su baja estructura de remuneraciones, lo que impedía la conformación del equipo en el momento requerido y generando pérdida de personal de manera constante”.

Otra materia que dificultó este trabajo, dice la demanda, tiene relación con la falta de tecnologización de los equipos, incorporando sistemas informáticos para dejar atrás “el uso de planillas excel estáticas para transmitirle el presupuesto y planificación a las regiones y modificar la forma de contratar personal para dejar atrás el word y la combinación de correspondencia con contratos firmados por ambas partes y en duplicado, para avanzar hacia optimizar la trazabilidad de los procesos desde el reclutamiento hasta la contratación de personal. Y con ello, permitir su ejecución con el ritmo y a la velocidad que un proyecto de envergadura nacional que requiere 20.000 personas trabajando en paralelo”.

La demanda critica la no existencia de un sistema informático para recopilar la información en campo a través de celulares. “Esto era especialmente crítico, dado que se esperaba innovar en el próximo Censo y pasar de papel al uso de celulares, tablet y PC, siendo que quedaban menos de 30 meses para iniciar la recolección. Dicho plazo suena extenso, pero no lo es para un proyecto de esa envergadura que requiere una serie de pruebas y ajustes antes de ser implementado a escala nacional”.

Otro de los problemas que se relata es uno que ha estado presente en el INE desde hace bastantes años: el clima laboral interno de trabajo no ha sido de los mejores generando roces con las distintas directivas, dice el escrito judicial.

En este caso, el documento afirma que “los profesionales antiguos del INE y en específico de Censo, debían desarrollar sus habilidades y competencias para liderar equipo y para trabajar de manera colaborativa con los nuevos integrantes que se fueron sumando al proyecto”. Sin embargo, se acota que “tal como el mismo INE reconoce a partir de un diagnóstico realizado al clima laboral del proyecto a finales de 2021, los trabajadores antiguos que participaron en Censos anteriores eran adversos a los cambios necesarios para un nuevo Censo y se oponían a la apertura del proyecto al resto del INE y mantenían una actitud poco colaborativa con sus pares nuevos”.

Consultado sobre estos problemas que ha tenido el trabajo de preparación del Censo, el INE se limitó a señalar que “las preguntas efectuadas se basan en información que corresponde a un proceso judicial en curso, por lo que no nos referiremos a ellas”. No obstante, añaden que “los motivos para la postergación del Censo fueron debidamente informados en el comunicado del 24 de mayo de 2022″. Así, para el INE no hay otras razones más allá de la pandemia.