Metlife también manda carta al gobierno y activa mecanismo de resolución de controversias establecido en el TLC con EEUU por retiro de rentas vitalicias

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En un hecho esencial enviado a la CMF, la compañía dijo que esperó, “tanto como le fue razonablemente posible”, antes de iniciar el proceso.


Las controladoras de las aseguradoras presentes en el país continúan tomando acciones para enfrentar el primer retiro que hubo desde las rentas vitalicias, que comenzó a regir en mayo de este año, e intentar persuadir y frenar el segundo que hoy se discute en el Congreso.

A las medidas que ya adoptaron Ohio National, Chilena Consolidada y Principal, se suma ahora Metlife, compañía norteamericana que inició el proceso formal de consulta y negociación con el Gobierno de Chile, con el que busca proteger sus intereses (clientes, trabajadores y accionistas) a través del procedimiento de resolución de controversias establecido en el TLC con EE.UU.

Para esto ya envió la carta correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un hecho esencial que hizo llegar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía dijo que esperó, “tanto como le fue razonablemente posible”, antes de iniciar el proceso y que lamenta el haber tenido que llegar hasta esta instancia.

Sin embargo, reconoce su obligación solemne de proteger los intereses de sus clientes, trabajadores y accionistas. La carta está principalmente motivada por la ley 21.330, que incluye entre otras disposiciones el derecho de los pensionados a solicitar adelanto de pagos de rentas vitalicias, los que tienen que ser pagados con fondos propios de la sociedad”, sostuvo en el documento.

Metlife dijo que un nuevo retiro de las rentas vitalicias causaría un “grave daño” a la empresa, la industria y el sistema de pensiones en general.

La compañía agregó que estas iniciativas suponen “una violación a las obligaciones de Chile bajo el TLC con EE.UU., incluyendo su obligación de no expropiar directa o indirectamente las inversiones cubiertas bajo el mismo, así como su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a los inversionistas y sus inversiones” bajo dicho tratado.

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