En el marco de la tramitación de la reforma al mercado de capitales -también conocida como MK4- este miércoles acudió a presentar ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente ejecutivo de la Asociación Retail Financiero, Claudio Ortiz.

El líder gremial valoró el proyecto de ley del gobierno, pero dijo que “existe un gran ausente” en la iniciativa, esto es, que “falta un plan de inclusión financiera”.

Al respecto, Ortiz comentó que “la inclusión financiera reduce el campo de acción del crédito informal. Cuando el crédito formal desaparece, la necesidad de financiamiento no desaparece con él, sino que migra hacia otros mercados”.

En ese sentido, argumentó que según cifras de un estudio que hizo el gremio, “hay 600 mil personas, según nuestras estimaciones, que están expuestas al crédito informal. US$4.000 millones al año creemos que es el mercado del crédito informal en nuestro país, y cerca de US$100 millones es la recaudación fiscal no percibida año a año”.

Bajo este escenario, hizo seis propuestas. Primero, la creación de una figura penal de usura extorsiva. Segundo, facultar al Sernac para crear un sistema de denuncias e inteligencia de datos, para que actúe como puerta de detección del comercio y crédito ilegal. Tercero, facultar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para bloquear sitios con ofertas ilegales de créditos. Cuarto, generar una campaña nacional de educación financiera.

Pero sobre el quinto y sexto punto fue donde Ortiz profundizó. Y también fue el tema que concentró algunos de los comentarios posteriores de los parlamentarios: la idea de crear una nueva categoría para microcréditos menores a $1 millón, con una Tasa Máxima Convencional (TMC) diferenciada. Y en ese mismo sentido, facultar a la CMF para dictar la reglamentación con el objeto de que los oferentes de crédito participen en este tramo diferenciado.

Ortiz sostuvo que esto permitiría “abrir una puerta de entrada al sistema formal a más de 600 mil personas que hoy están excluidas”. Señaló que “esto es algo acotado y focalizado dirigido a segmentos muy excluidos del crédito formal”.

Es más, dijo que “nos imaginamos este tramo como temporal. Este es como el ticket de entrada al crédito formal, y que aquellas personas que muestren buen comportamiento durante el año, a los 12 meses siguientes se le aplica el actual régimen que existe, de TMC. Y los que durante ese año no tienen un buen comportamiento, lamentablemente volverán al crédito informal, saldrán del crédito formal, pero lo relevante de nuestra propuesta, es darles la oportunidad”.

En ese sentido, comentó que “con esta propuesta, damos garantías de que esta propuesta no va a significar subir el precio, subir la tasa de interés, al stock actual, a las actuales personas que están en el mercado formal del crédito”.

Diputados se abren a analizar la idea

Los parlamentarios se abrieron a analizar esta idea que propuso el gremio. “Me parecen muy interesantes estos microcréditos”, comentó el diputado Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario).

Por su parte, el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), dijo que “es una solución alternativa interesante dado que la gente hoy no tiene acceso y está arriesgando prácticamente ser raptado cuando se enfrenta al crédito informal (...) Lo que me preocupa es, cuál va a ser la contención para que esto no se termine transformando en lo que ya es un problema (...) que esta herramienta no termine siendo depredadora de los ingresos de las personas y termine siendo impagable”.

Por su parte, la diputada Irací Hassler (PC) comentó: “Tenemos un proyecto de ley justamente respecto de la usura extorsiva. Está liderado por el senador Daniel Núñez, está actualmente en el Senado, así que le solicito que lo puedan revisar y considerar a propósito de la exposición que se hacía, y un tema tan importante como ese. Y quisiera valorar también en particular cómo le vamos quitando espacio a estos créditos informales, al gota a gota, que tanto problema ha generado. Y, por tanto, la propuesta respecto al nuevo microcrédito de hasta $1 millón, me parece que puede ser muy positiva”.

Hassler agregó: “Si pudieran especificar más elementos de cómo se introduciría esto desde la perspectiva de ustedes, creo que sería muy bueno porque podemos recogerlo también para próximas iniciativas legislativas”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero, consultó al coordinador de mercado de capitales de Hacienda, Eugenio Symon, sobre qué pensaba el Ejecutivo de esta propuesta. “Efectivamente, desde el Ministerio existe una gran preocupación por el tema de la bancarización de este gran número de personas que está hoy día expuesta a un mercado informal, y con visos de delictualidad”, dijo Symon.

Agregó: “No incluimos en el proyecto esta indicación de cambio en la TMC, y solo puedo decir que estudiaremos y revisaremos la propuesta que está haciendo el Retail Financiero y otras instituciones que han presentado indicaciones y propuestas con respecto a este tema. Pero sí le puedo adelantar que es una preocupación muy importante en el Ministerio”.

El diputado Romero luego comentó: “Ojalá que en la instancia que se puedan constituir, después de la votación general, tengamos algún momento en que podamos transversalmente comentar esto, para ver si es que efectivamente tenemos algún piso político, que en esto hay que ser bien claro, para atender esta situación. Porque efectivamente hoy día el crédito gota a gota es algo que está asfixiando a mucha gente”.

Sobre esta idea, el diputado Jaime Coloma cree que “es una propuesta muy interesante, porque puede transformarse en una verdadera puerta de entrada al crédito formal para miles de personas que hoy, al estar excluidas del sistema financiero, terminan recurriendo al ´gota a gota´ y a prestamistas informales, muchos de los cuales están vinculados al crimen organizado y a delitos tan graves como la extorsión".

De todas formas, señala que “como estamos hablando de créditos dirigidos a personas en situación de mayor vulnerabilidad, es indispensable que se adopten todos los resguardos necesarios. Por lo mismo, como comisión debemos estudiar esta propuesta en profundidad, conocer cuáles serán las tasas que se plantean, quiénes estarán detrás de la fiscalización y qué mecanismos se establecerán para prevenir eventuales abusos o situaciones de sobreendeudamiento”.