Uno de los principales desafíos que enfrenta el país es cerrar la brecha entre el trabajo informal y la inclusión plena en el sistema económico y social, a través de la formalización. En el FOSIS trabajamos este paradigma: la gran mayoría de las personas que participan en nuestros programas de emprendimiento (alrededor del 85%) desarrolla su actividad de manera informal y no por falta de voluntad.

Lo hacen porque los emprendimientos de baja escala —o de subsistencia — responden a necesidades superiores, como sacar de la vulnerabilidad social a sus familias y, en la mayoría de los casos, con personas que no cuentan con recursos para enfrentar un sistema de formalización, que también es complejo.

En este contexto, el proyecto de ley que modifica la tributación para las MiPyme, que fue presentado por el Ministerio de Hacienda, incorpora una política clave para fomentar la formalización de miles de personas emprendedoras: el monotributo social. Este es un régimen especial, simple y permanente para personas naturales que forman parte del 80 % más vulnerable del país y que generan ingresos anuales menores a 310 UF. Si bien el monotributo implica un deber, asociado al cobro de 0,5 UTM mensuales, también implica una serie de beneficios aparejados en materia de seguridad social.

De esta manera, el proyecto de ley contempla el acceso sin costos adicionales, para las personas que se acojan a este régimen especial, a una serie de beneficios como el financiamiento de las cotizaciones del seguro social para acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades, el seguro contra accidentes del trabajo y el seguro del sistema de cotizaciones.

El monotributo no es una política pública desconocida. Experiencias como la de Brasil o Uruguay nos muestran que este tipo de regímenes tributarios simplificados pueden ser una puerta de entrada efectiva a la formalidad para quienes históricamente han estado excluidos.

No obstante, también representa un mecanismo de integración a la comunidad política, toda vez que las personas contribuyen al desarrollo del país y hacen exigibles todos los beneficios de la seguridad social. Dada la creciente informalidad y los nuevos estándares de medición de la pobreza, es clave diseñar un instrumento que dialogue con la realidad, para avanzar en un desarrollo equitativo.

La informalidad no es solo un dato económico: es una condición que perpetúa la desigualdad, limita el acceso a derechos y mantiene a muchas personas —en especial mujeres cuidadoras, migrantes y jefas de hogar— en una situación de vulnerabilidad estructural. Formalizar con justicia y gradualidad es avanzar en inclusión. Y en esa tarea, el monotributo es una herramienta social, una oportunidad para que más personas puedan salir adelante con dignidad y autonomía.

En definitiva, si queremos superar la pobreza, debemos ser capaces de innovar en las formas de inclusión. El monotributo es una de esas innovaciones. Desde el Estado estamos preparados para que esta nueva herramienta sea un impulso para miles de personas en todo Chile y que, además, permita llevar el crecimiento y el desarrollo económico a más familias.