Reforma Tributaria desincentiva el desperdicio de alimentos

La ley establece que no se aceptará como gasto, y se afectará con un impuesto, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos y bienes procesados o terminados, algo que Red de Alimentos viene promoviendo hace años.




Dentro de los cambios que estableció la reforma tributaria, hay uno que tiene una connotación social y medioambiental clave, que ue está enfocada en generar incentivos para evitar que productos que están aptos para el uso o consumo, sean desechados y/o destruidos.

Esta nueva legislación tributaria establece que no se aceptará como gasto, y se afectará con un impuesto, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos y bienes procesados o terminados, tales como alimentos, productos de higiene y aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción y remedios, entre otros, que aún se puedan usar y consumir.

Según la FAO se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa el 8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo.

Para Carlos Ingham, presidente y fundador de la Red de Alimentos, entidad que ha estado impulsando dicha normativa por más de 117 años, “es sumamente importante aumentar el rescate, no sólo de alimentos, sino también de cualquier producto que pueda ser utilizado o consumido”, dice, y agrega: “En estos 10 años que llevamos operando, hemos logrado perfeccionar nuestros procesos, para que los productos recuperados lleguen a las personas que los necesitan. Es por ello que en 2018 desarrollamos una plataforma tecnológica que nos permite escalar nuestro modelo de rescate y distribución, con total seguridad y trazabilidad de los productos entregados en todo Chile”.

Un poco de historia

Para hacerse una idea, en 2016 se logró que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) reconociera la necesidad de evitar que productos aptos para el uso o consumo, se conviertan en residuos. Posteriormente, Red de Alimentos trabajó con el Ministerio de Desarrollo Social, de Hacienda y el SII para que la normativa existente para alimentos se ampliara a otros productos de primera necesidad, como pañales y artículos de higiene personal, lo cual entró en vigencia en el 2018.

“Nuestro objetivo es que ningún producto que pueda ser usado o consumido sea desechado sin antes saber si alguien lo necesita. Por estas razones valoramos el esfuerzo público-privado que acogió nuestra propuesta y agradecemos a nuestras empresas socias y organizaciones sociales beneficiarias que nos permiten llegar a los que más lo necesitan”, concluye Ingham.

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