Sindicalización se mantiene en 20% tras segundo año de Reforma Laboral

Dos sindicatos de Chuquicamata inician paro y tomas en protesta por despidos.

Este 30 de abril se cumple el plazo para que el Consejo Superior Laboral entregue el informe sobre el segundo año de implementación de esta Ley al Ministerio del Trabajo, para luego presentarlo al Congreso. De acuerdo a las cifras del documento, la tasa de trabajadores afiliados a sindicatos en 2018 no siguió avanzando como había sido la tendencia de los años previos, pese a que la iniciativa del gobierno de Bachelet apuntó, en parte, a ese propósito.




El 1 de abril fue el segundo aniversario de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y, por lo mismo, el Consejo Superior Laboral (CSL) -ente creado para monitorearla- debe cumplir con uno de sus propósitos fundadores: entregar este martes 30 de abril el segundo reporte de la ley que modificó los capítulos relacionados con la sindicalización y los procesos colectivos (Capítulo IV del Código del Trabajo). Si bien esta es la fecha estipulada para la entrega del documento, el año pasado dicho trámite se postergó un mes por decisión del gobierno.

Los consejeros del CSL son nueve -tres dirigentes sindicales, tres representantes del empresariado y tres representantes del Gobierno-y deben remitir su informe, que trae estadísticas y observaciones respecto a la implementación de la reforma, al Ministerio del Trabajo, para luego ser presentado a las comisiones respectivas en el Congreso.

Uno de los antecedentes más relevantes que se incluye es la tasa de sindicalización del país, ya que uno de los objetivos de la reforma fue elevar el número de trabajadores afiliados a sindicatos para fortalecer a dichas organizaciones y sus instrumentos de negociación.

Las cifras del documento, a las cuales tuvo acceso PULSO, y que que son elaboradas para el CSL por la Dirección del Trabajo (DT), muestran que la tasa de sindicalización en 2018 se situó en 20,6%, lo que corresponde a 1.043.709 trabajadores afiliados, de un total de 5.068.370 trabajadores asalariados.

Esto significa un estancamiento respecto a 2017, cuando la tasa alcanzó un nivel de 20,9%, y un freno de la tendencia al alza que se venía observando al menos desde 2011, cuando estaba en 15,5% (ver gráficos).

Los números también dan cuenta que la estructura de la sindicalización en Chile se mantiene casi inalterada en cuanto a tamaño de empresas. Es así como en las grandes empresas la tasa en 2018 llegó a 35,3%; en la mediana es de 12,6%; en la pequeña empresa de 4,5% y en la microempresa de 5,7%.

Si se compara con los países de la OCDE -en su reporte 2019-, la tasa de sindicalización en Chile se ubica por debajo de su promedio que es de 30%. Supera a países como Holanda (19,8%), Portugal (19,5%), Alemania (19,2%) y Colombia (18,5%), pero se encuentra muy lejos de naciones como Islandia (92,8%), Dinamarca (71,7%), Suecia (71,7%) y Finlandia (65,3%).

Visión experta

La reforma laboral de Bachelet propició una mayor sindicalización al eliminar los grupos negociadores y fortalecer la titularidad sindical en las negociaciones colectivas, otorgándoles el derecho de decidir sobre la extensión de beneficios.

¿Cómo se explica entonces que la tasa de sindicalización no haya avanzado y siga en torno al 20%? Para los expertos, la respuesta no tiene que ver con las políticas públicas, sino que se trata de un tema más bien estructural.

El exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, asegura que "hay un error de lógica de que solo con reformas en materia de negociación colectiva y sindicalización vamos a tener más sindicatos o mayor tasa de sindicalización, porque el fenómeno de la sindicalización en la micro y pequeña empresa casi no existe y son los sectores que mayoritariamente generan empleos. Por lo tanto, es voluntarioso pensar que en aquellos sectores en que no se ha dado por estructura, historia y convicciones, se pueda crecer en sindicalización".

Agrega que "todas las reformas laborales de las últimas décadas han favorecido mayoritariamente a los trabajadores de la gran empresa y eso no es equitativo en una legislación laboral que debiera apuntar a que los derechos fueran universales. Lamentablemente la legislación laboral de los últimos 20 años no le ha entregado poder real de negociar a los sindicatos, todo está regulado, todo está limitado y finalmente todo se le entrega a la DT en cuanto a autorizaciones".

A su vez, la exautoridad dice que la tasa de sindicalización llegó a su tope, pues en los dos últimos años el crecimiento de la sindicalización ha sido marginal.

"Después de la reforma de 2017 nos estamos acercando a un techo de la sindicalización en Chile. Yo creo que proyectándola a una década más, la tasa no va a sobrepasar el 20%. No creo que en el país la sindicalización crezca a tasas del 30% o el 40% como en los países escandinavos", asevera.

Una visión similar tiene el también exsubsecretario del Trabajo, Marcelo Soto, quien asegura que "la mantención de la tasa de sindicalización en Chile es un tema más estructural que de política pública. No se puede pensar que con una reforma las personas vayan a sindicalizarse. Si es esa la mirada, es un error".

En ese sentido, Soto señala quela reforma, más que reforzar la afiliación de los trabajadores, fortaleció a las directivas sindicales: "La reforma sindical de Bachelet lo que fortaleció son las directivas, pero no la mayor sindicalización, por lo que creo que la tasa también tiene que ver con la confianza hacia los sindicatos más profesionales, con mayor capacitación y que otorguen mejores beneficios".

En el mundo sindical la mirada es distinta. Varios dirigentes sostienen que el exceso de judicialización en casos como servicios mínimos, procesos de huelga, empresas estratégicas y extensión de beneficios, entre otros, más que fortalecer a los sindicatos los ha desgastado y ha generado temor en los trabajadores respecto al impacto y consecuencias que esto puede tener. De hecho, en diversas ocasiones la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha apuntado a las interpretaciones y dictámenes que la Dirección del Trabajo ha emitido desde marzo de 2018 y que, según su presidenta, Bárbara Figueroa, han desdibujado el espíritu de la reforma de Bachelet.

Otros datos del informe

El reporte que entregará el CSL también mostrará otros antecedentes, como el de negociaciones colectivas. Ahí se observa que el total de negociaciones iniciadas ha ido disminuyendo desde el 2014, llegando a 2.241 en 2018.

En estas negociaciones en el ejercicio pasado participaron un total de 312.475 trabajadores, tanto en negociaciones regladas (1.898) y no regladas (343).

La mayor cantidad de negociaciones se llevaron a cabo en la minería, contabilizando 364 regladas y 62 no regladas. Le sigue comercio (233 regladas y 31 no regladas), hoteles y restaurantes (186 regladas y 25 no regladas) y agricultura (101 regladas y 24 no regladas).

En cuanto a las entidades negociadoras, las cifras del reporte muestran que las negociaciones colectivas fueron principalmente iniciadas por sindicatos de empresas (1.845), a los que le siguen los sindicatos interempresa (314).

Respecto a los grupos negociadores, al ser eliminados como entes con derecho a negociar colectivamente, no se reportan convenios firmados, pues la reforma laboral de Bachelet no reconoce los instrumentos que estos puedan utilizar para llegar a ciertos acuerdos con el empleador, algo que el gobierno actual buscaría revertir en su propia Reforma Laboral.

Por último, sobre la extensión de beneficios, los convenios y contratos colectivos con esta cláusula alcanzaron el 47,2% (en 2017 eran 28,4%). En el caso de los pactos de adaptabilidad, en 2018 se celebraron 15, elevándose respecto a 2017 cuando fueron solo 4.

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