El proyecto de fraccionamiento pesquero sorteó con éxito su paso por el Tribunal Constitucional luego de la reserva de constitucionalidad que presentaron parlamentarios de oposición, y quedó listo para ser ley. Esto en relación con el pago de una patente por parte de los armadores industriales titulares.

El TC declaró inadmisible la arremetida contra el proyecto y apeló que no se presentó a tiempo. La instancia explicó que no se cumplió con presentarse “antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación”.

En detalle, el decreto promulgatorio de la ley fue presentado a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el día jueves 19 de junio y la solicitud de la oposición fue “a las 18.02 horas del día siguiente, 20 de junio de 2025″.

“La promulgación se entenderá efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto promulgatorio”, explicó el TC.

“Este tribunal verifica que el requerimiento de fojas 1 ha sido deducido fuera de la oportunidad constitucional y legal pertinente”, añadió.

Ante este contexto, el TC dijo que se resolvió que “se declara inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad deducido en lo principal de fojas 1. Téngase por no presentado para todos los efectos legales. A los otrosíes, a todo, a sus antecedentes y estése a lo resuelto en lo principal”.

La objeción de la oposición

El proyecto fue despachado del Congreso para ser ley este 18 de junio con una amplia votación favorable. La iniciativa tuvo fácil despacho esa semana en ambas cámaras luego de su paso por una comisión mixta y el cierre a la polémica del capítulo de la cuota de la merluza, donde se reabrió la discusión luego de que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos erróneos durante la tramitación de la cuota de la merluza.

Sin embargo, en la tramitación, desde la oposición -principalmente de Chile Vamos- se advirtió que se iba a ingresar un requerimiento de inconstitucionalidad al artículo 6° del proyecto de ley, que hablaba del pago de una patente al fisco por parte de los armadores industriales con permiso para captura. Los reparos venían porque la materia se trató de forma directa en la comisión mixta y no pasó por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, y dar cumplimiento a la tramitación de las normas fiscales.

Ante esto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó las imputaciones. “Se explicó (en la comisión mixta) de forma muy nítida porque era una patente y no era un impuesto (...) (se dijo en la instancia que) no había ningún problema y se cumplía con los distintos procedimientos que se podían realizar en una comisión mixta”, dijo en la sala del Senado.