Trabajadores migrantes: estudio UC recomienda cambios en medidas de regulación y en certificaciones de competencia

—En los últimos años la llegada de personas migrantes al país ha aumentado exponencialmente, muchos de ellos de manera irregular, lo que ha traído una serie de cambios en el mercado laboral del país. En vista de aquello, un grupo interdisciplinario de académicos de la Universidad Católica formuló una serie de propuestas para favorecer la regularidad migratoria en Chile y, también, facilitar la inserción sociolaboral de los migrantes en nuestro país.

El estudio, elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC, resalta los datos oficiales que muestran que durante las últimas dos décadas la población migrante en Chile ha aumentado de manera muy significativa. En el año 2002, según cifras del INE, había 184.464 extranjeros viviendo en el país, los cuales aumentaron a 746.465 en 2017 y a cerca de un millón y medio a fines de 2020.

Entre las principales razones que señalan estos grupos para migrar se encuentran la intención de mejorar su situación económica o la búsqueda de trabajo, mientras que los motivos más mencionados para elegir a Chile como destino son las posibilidades de encontrar empleo y el tener un conocido o familiar en el país.

El estudio destaca además que la población migrante se encuentra mayoritariamente en edad de trabajar, ya que el 77% tiene entre 15 y 44 años, versus el 52% en el caso de los chilenos. De acuerdo al artículo, es frecuente que los trabajadores migrantes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que es muy común que experimenten una movilidad descendente en su ocupación. Esto ya sea por la falta de reconocimiento de sus niveles educacionales previos, por las habilidades culturales requeridas para el trabajo, por la existencia de barreras culturales o discriminación en el mercado laboral, entre otras razones.

Lo anterior se acrecienta en el caso de los migrantes irregulares, quienes suelen trabajar en condiciones aún más desfavorables, que se traducen, por ejemplo, en informalidad, peores salarios, inseguridad y falta de regulación de la relación laboral.

Además, el estudio recalca algunas de las implicancias de la participación de extranjeros en el mercado laboral. De ese modo, señala el texto que no hay evidencia respecto a impactos negativos o positivos en los empleos y salarios de los trabajadores locales, pero que la evidencia internacional sugiere que pueden haber efectos negativos si existe una participación extranjera sobre el 10%. Al mismo tiempo, el estudio asevera que el aumento de la inmigración puede incrementar la preocupación por el desempleo, lo que afectaría las percepciones de la población en ese sentido. En una vereda más positiva, otra de las implicancias es que los extranjeros contribuyen positivamente al fisco: el año 2017 su aporte neto fue equivalente al 0,4% del PIB.

Con todo lo anterior, y teniendo en consideración el aumento exponencial de ingresos irregulares por pasos no habilitados desde el año 2018, los académicos plantean que es necesario considerar acciones de mediano y largo plazo que favorezcan una adecuada inserción social y laboral de las personas migrantes.

De acuerdo al estudio, existe una serie de importantes desafíos para la política migratoria asociados a la irregularidad, la inserción y formalidad laboral de los trabajadores extranjeros. Ante ello, los académicos plantearon diferentes propuestas para la integración temprana y protección de derechos de dichos trabajadores -considerando experiencias internacionales- y que, en su opinión, son fundamentales para el contexto actual del país.

La primera recomendación tiene que ver con políticas de regularización migratoria, entre las cuales se encuentran las que son extraordinarias y los mecanismos de regularización que son permanentes. Con respecto a las primeras, los académicos plantean adoptar medidas extraordinarias de regularización que consideren a las personas que han ingresado de forma irregular al país, con requisitos y precauciones asociadas. Algunas de ellas pueden ser, sugieren los académicos, el exigir haber ingresado al país en alguna fecha anterior al momento en que el proceso de regularización extraordinaria es anunciado, para no generar un incentivo a la entrada irregular. “Junto con eso, es necesario chequear que las personas beneficiadas no cuenten con antecedentes penales”, añade el estudio.

Con respecto a lo segundo, los académicos también plantean como recomendación ampliar y flexibilizar los mecanismos de regularización permanentes ya existentes, a través de la Política Nacional de Migración, para responder a los distintos escenarios migratorios que enfrente el país. Estos mecanismos están disponibles para las personas migrantes que cumplen una serie de requisitos y que, independiente del momento, pueden solicitar su regularización.

“La experiencia internacional muestra que es relevante considerar requisitos que permitan una mejor inserción laboral (como contar con un contrato firmado o acreditar actividades económicas), junto con establecer criterios respecto del tiempo de estadía en el país, vínculos familiares y la ausencia de antecedentes penales”, dice el artículo al respecto.

Otra recomendación de los académicos se relaciona con la protección e inserción sociolaboral de los trabajadores extranjeros. En ese sentido, respecto a la protección y su integración inicial al país plantean como medidas fortalecer la articulación de las instituciones del Estado para asegurar en la práctica el acceso a derechos y prestaciones mínimas. También, facilitar el acceso a rol único nacional (RUN) para extranjeros en situación irregular, potenciar programas de asistencia legal y migratoria y de conexión con redes institucionales y comunitarias, definir espacios de protección respecto de la fiscalización de autoridades migratorias, entre otras.

Finalmente, y relacionada con la anterior, los académicos también sugieren una serie de propuestas orientadas a la inserción laboral de las personas migrantes. Algunas de ellas son disminuir las brechas para certificación de competencias y regular el sistema de convalidación de títulos, ampliar el límite de trabajadores extranjeros por empresa; desarrollar políticas de inserción laboral integrales y multisectoriales, fortaleciendo la articulación de instituciones públicas con la sociedad civil, entre otras.