Una crítica directa y un llamado a que la candidata del bloque oficialista, Jeannette Jara, se pronuncie sobre el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que hicieron un grupo de diputados del oficialismo para frenar la aplicación de algunos artículos del recién aprobado proyecto de permisos sectoriales, conocido como “permisología”, hizo el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.

“Si el Gobierno dice que su gran paso para reactivar la inversión en Chile es la reciente Ley de Permisología, pero cuando ni siquiera se ha promulgado, ya sus mismos parlamentarios gobiernistas, incluido el Partido Comunista recurren al TC para botar lo esencial de esa ley, es la mejor explicación de por qué nuestro país está profundamente estancado”, expresó el legislador gremialista.

Por eso mismo, Coloma emplazó a la candidata del oficialismo: “sería bueno que la candidata de gobierno diga de qué lado está: si con el Gobierno o los parlamentarios de gobierno”.

A las declaraciones de Coloma, se sumó la bancada de diputados de la UDI, quienes también mostraron sus reparos.

“Es curioso que diputados de la misma coalición de gobierno, incluidas dos miembros destacadas del PC, hayan ingresado este requerimiento que va en contra del proyecto estrella del ministro Grau”. Sin embargo, recalcaron que ésta “ha sido la tónica de esta alianza, votando en contra de proyectos de seguridad de Boric”.

Asimismo, los diputados afirman que “Jara debería darnos una respuestas ante este teatro del absurdo donde en teoría deberían pensar lo mismo que el gobierno, pero votan en contra o recurren al TC respecto de sus propios proyectos, mermando no sólo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, sino que ya se advierte que Jara no tendrá, y es evidente que no tiene, la capacidad ni la ascendencia sobre sus propios parlamentarios”, apuntaron los diputados gremialistas.

Frank Sauerbaum, diputado RN añadió que “esto demuestra que los parlamentarios de gobierno sentían como ajena esta agenda pro crecimiento y pro inversión tan necesaria para nuestro país. También demuestra que el pato cojo ha llegado en toda su plenitud, los parlamentarios hoy día prefieren atender sus propios intereses que los intereses generales del país, hablándole a los propios grupos de apoyo que tienen para salir reelectos parlamentarios”.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) puso en duda el liderazgo del Presidente Boric ante su propio bloque parlamentario, y apuntó a los efectos económicos de la impugnación: “Los parlamentarios de gobierno desobedecen las órdenes del propio Ejecutivo”.

En los gremios empresariales también hay una mirada crítica a lo realizado por los diputados. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, sostuvo que “es lamentable que luego de una tramitación de más de un año de un proyecto que ya fue aprobado y despachado sigan existiendo estas dificultades. Entendemos que los parlamentarios están en su derecho de presentar este requerimiento, pero esto significa un evidente retraso, todo lo contrario, a lo que el país necesita”.

La defensa del gobierno

Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró la aprobación del cuerpo legal y apuntó que “va a ser fundamental para generar condiciones para el crecimiento sostenido de la economía chilena, de manera tal de reducir los tiempos de respuesta y dar mayor certeza a distintos emprendedores, inversionistas de distinto tamaño que quieren contribuir obviamente al crecimiento en nuestro país”.

“Nosotros creemos que esta es una ley que cumple con todo el ordenamiento constitucional chileno y que es una ley que se va a hacer en el marco de nuestro ordenamiento constitucional”, defendió.

Sobre el requerimiento de los parlamentarios oficialistas, que apunta a una supuesta regresión en materia medioambiental, el secretario de Estado dijo:“Existen atribuciones que tienen los parlamentarios en el marco de nuestro ordenamiento constitucionaly pueden ejercerlo independientemente de que no sea necesariamente compartido por los distintos poderes del Estado lo que ahí se plantea”.

Qué pasó

Este lunes, un grupo de 42 diputados oficialistas concretaron la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que busca impugnar una serie de artículos de la ley de permisos sectoriales.

El objeto de este requerimiento se debe, según argumentan, a que el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, no cumplen con los límites constitucionales antes reseñados.

La iniciativa ya había sido criticada por algunos diputados socialistas al momento de su aprobación en el Congreso, al señalar “esta ley en su contenido tiene artículos que implican una regresión ambiental y no respeta principios como el de no regresión, preventivo y precautorio”, dice el escrito.

En el documento se explicita que son cinco las enmiendas cuestionadas, debido a que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de Consulta Indígena.

La solicitud argumenta que algunos artículos van en contra del principio de que el Estado debe dar protección a la población, ya que señalan que “la administración de bienes nacionales, gestión de aguas y otros sólo quedan sujetas a declaraciones juradas, lo que implica una renuncia ilegítima del Estado a cumplir su rol protector.”

Además, indican que dentro del artículo 104 existen modificaciones que afectan directamente a los pueblos originarios y se incurre en una infracción al principio de supremacía constitucional y a los estándares mínimos de respeto a sus derechos fundamentales.

El impulsor de esta acción es el diputado PS Daniel Melo: “Es cierto que esta ley no modifica la calificación ambiental, pero sí impacta directamente en las autorizaciones sectoriales, muchas de las cuales están vinculadas al medioambiente. La mayoría de los proyectos de inversión en Chile no pasa por un estudio o declaración de impacto ambiental, sino que se aprueba a través de estos permisos sectoriales. Con esta ley, aquellos proyectos que no ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental podrían acogerse a técnicas habilitantes como avisos o declaraciones juradas, eliminando controles previos fundamentales”.