La reacción que se vivió en México a la propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, de abrir el sector energético a la participación privada, ha sido mixta. Por una parte, muchos aplauden la iniciativa, por tratarse de un desafío que políticamente tendrá dificultades, pero por otra, los mercados internacionales reaccionaron con mucha incertidumbre, ya que se escogió un tipo de contrato -de utilidades compartidas- que en el mundo está bastante obsoleto, a juicio de expertos como el analista económico sectorial del think tank mexicano Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Rafael Ch.

En definitiva, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la propuesta de Peña Nieto?

Es bueno que se permita la libre participación de la industria privada. Lo malo, es que específicamente, los mercados esperaban una apertura hasta las concesiones, lo que no se dio (ver recuadro). Resultó algo intermedio. Ahora por la constitución quedaría una libre entrada a la formación de diferentes contratos. En términos de discurso, lo que ha mencionado el presidente y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es que el contrato en específico que van a buscar es el de utilidad compartida y este contrato es el que quieren poner.

¿Qué implica ese contrato?

En realidad es un contrato de riesgo de utilidad compartida, o dicho de otra manera un joint venture de utilidades. Ese tipo de contrato en la industria petrolera es de los más obsoletos, son difíciles de gestionar y sucede que a las grandes compañías transnacionales petroleras y a las medianas empresas petroleras, no les gusta del todo.

¿Por qué razón a las empresas no les acomoda?

Porque estos contratos tuvieron una evolución histórica muy importante desde los '60 y hasta finales de los '80 y principios de los '90. En ese tiempo pasaron de ser contratos de utilidad compartida, que eran muy engorrosos jurídicamente, a ser de producción compartida. La diferencia es la forma en que se determinan los costos. En los de utilidad compartida, la empresa privada establece sus costos y la para-estatal le paga esos costos. Después de pagar esos costos, se paga el porcentaje relativo a la utilidad que se está compartiendo, de acuerdo al riesgo que se compartió. Entonces, muchas veces, esto no da tantas certezas a las empresas privadas en la parte de repartición de la utilidad, porque primero se tienen que pagar los costos. Por la falta de certeza, se genera un incentivo negativo en las empresas privadas para sobreestimar sus costos por si les va mal en el reparto de utilidades final.

¿Cómo es en comparación a una concesión?

Una concesión es mucho más transparente. El riesgo de los actores es muy claro cuando entran a una concesión, la utilidad va de entrada, etc. Y además, este tipo de contrato de utilidad compartida tiene procesos altamente burocráticos si no se establecen bien los derechos de propiedad, pues son difíciles de establecer. Hasta el momento en su discurso, Peña Nieto no ha mencionado los contratos de producción compartida, que tienen mucho mayor claridad en la determinación de costos y en el reparto de la rentabilidad de la actividad petrolera o de gas.

¿Quedaron puntos en el aire?

Sí. No se especificó la relación fiscal entre Pemex y el estado mexicano, no se especifica cómo se va a fortalecer a los órganos reguladores, que en México son la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No se especifica si va a haber algún cambio en la eficiencia del mismo Pemex, en varios sentidos; hay dudas sobre si va a tener una reconstitución de su gobierno corporativo, cómo se va a mejorar la eficiencia en sus diferentes subsidiarias, es decir la parte de Pemex refinanción, exploración y producción, petroquímica y gas. En fin, lo único que se menciona en breves oraciones es que se va a segmentar Pemex en la parte de off stream y la parte de downstream, de la actividad petrolera, pero en realidad hay mucha incertidumbre sobre estos puntos. Mucho menos hablar  de la relación del sindicato de trabajadores de Pemex, conmismo Pemex y con el Estado. Esos son temas que no se mencionaron.

¿Qué se espera que suceda?

La estrategia del gobierno es poner en primera etapa una ley ambigua, para obtener el voto del senado y la cámara de diputados. En una segunda etapa, avanzar en los puntos más delicados de la reglamentación secundaria del país. La expectativa es que la votación constitucional se dé entre septiembre y noviembre y las reglamentaciones secundarias en los próximos seis meses. Están esperando tenerlo listo en el primer trimestre de 2014. El único pero es que las petroleras transnacionales determinan sus montos de inversión para 2014 en el tercer trimestre de este año. Entonces, puede que las partidas de las grandes petroleras respecto a nuevas inversiones en México, de ser establecidas entre la incertidumbre, no sean tan grandes.