A juicio del presidente ejecutivo de Sura para Latinoamérica, Andrés Castro, sin duda el sistema de pensiones chileno requiere una reforma; sin embargo, asegura que “hemos transitado en un análisis tal vez un poco a la rápido o poco profundo, tendemos a hacer conclusiones y a generar percepciones que no son las correctas”.

Ejemplo de ello es la solución que se está planteando en línea con crear una AFP estatal, que para Castro no sería el camino correcto. “Hoy tenemos un problema de percepción y de repente tratamos de resolver estos problemas con acciones que no necesariamente resuelven los problemas”, destaca.

Así, el CEO para la región destaca que “algo que nosotros planteamos a la Comisión Bravo, es estudiar la posibilidad de alinear mejor los incentivos entre el administrador y el afiliado”, lo que se traduciría en reducir la diferencia entre lo que los fondos pierden y la utilidad de las administradoras, lo que estaría en línea con una reforma ya realizada por México y Perú. “Tiene que ver con una estructura más alineada con el cobro sobre el fondo administrado”.

Asimismo, el negocio que tienen las AFP en Colombia, que incluye a los fondos de cesantía, también sería otro aspecto a considerar dentro de las reformas para el sistema, ya que destacó que se debe desarrollar de mejor manera la cercanía con los clientes, “por esta razón tienen una dinámica más frecuente con sus afiliados, porque los fondos de cesantía tienen la entrega de un beneficio mucho más pronto a sus afiliados”. Para Castro, esta reforma se debiera traducir en “entregar prestaciones más a corto plazo”.

Sin embargo, para Sura no sólo el mercado local de pensiones requiere una reforma y es en esta línea que realizó la presentación de su estudio “Cómo fortalecer los sistemas de pensiones Latinoamericanos: Experiencias, lecciones y propuestas”, donde planteó los desafíos que presentan los sistemas de los seis países de la región donde la compañía tiene operaciones.

Así, para Colombia, uno de los principales problemas es que tienen cerca de un 50% de trabajo informal, por lo que el sistema tiene una baja cobertura. Además, en el país existen barreras estructurales a la formalización laboral y la participación en programas contributivos, donde por ejemplo, la pensión es igual al salario mínimo. Entre otras, destacan que además se deben generar condiciones para mayor competencia en la provisión de seguros previsionales y modalidades de pensión.

Para Perú, en tanto, la cobertura de los fondos es inferior al 30% y existe una gran inequidad a la hora de pensionarse, ya que exige un mínimo de 20 años de cotizaciones. El estudio resalta que se debe revisar el esquema de rentabilidad mínima e incentivos de las administradoras y perfeccionar de los productos de ahorro previsional voluntario.

En El Salvador, se repite el factor de baja cobertura -no supera el 30%- y plantean que se debe incentivar la formalización del trabajo y crear un equivalente al APV.

En tanto, para Uruguay, donde existe un sistema mixto, destaca que se deben revisar los tramos de rentas que determinan aportes al régimen de reparto y al sistema de capitalización individual, entre otros.