La comisión de Economía de la Cámara de Diputados está pronta a despachar el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad para el sistema que rige las estadísticas en nuestro país. El proyecto, en su esencia, busca derogar la normativa vigente y consagrar una nueva normativa, a través de la cual se establezcan los pilares sobre los que debe constituirse un nuevo sistema estadístico nacional.

La discusión de la iniciativa se ha basado, fundamentalmente, en el carácter autónomo o no que debiese adquirir el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Recordemos que, en la actualidad, el INE ya cuenta con problemas respecto a su independencia, debido a que el nombramiento de su máxima autoridad, el director nacional, se encuentra sujeto a la renovación de los períodos presidenciales, lo que genera una obligatoria dependencia del poder político y los gobernantes de turno.

En función de lo anterior, el Gobierno del ex Presidente Piñera, en el año 2013, presentó un proyecto que consagraba al INE como una entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, se establecía un gobierno corporativo, el cual le correspondería al Consejo Nacional de Estadísticas. Este consejo estaría compuesto por cinco miembros, designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, por un período de cinco años. Por último, el director ejecutivo del instituto y jefe superior del organismo sería elegido por el consejo, previo proceso de Alta Dirección Pública. Así, se garantizaba una adecuada autonomía del servicio, que no dependiera de los vaivenes políticos. Dicho proyecto no alcanzó a cumplir su primer trámite constitucional, y con la llegada del Gobierno de Michelle Bachelet, la iniciativa fue desechada, presentándose un nuevo proyecto.

Este nuevo proyecto, que es el que se discute hoy en el Parlamento, sólo dota de mayor independencia al organismo encargado de las estadísticas, pero no avanza hacia su consagración como un ente autónomo. Para graficarlo, no se transforma al INE en una corporación autónoma de derecho público, sino que se mantiene su dependencia directa del Ministerio de Economía. Asimismo, aun cuando sigue vigente la creación de un Consejo Técnico, elegido por el Presidente de la República con aprobación del Senado, el director nacional de la entidad, que además es el jefe de servicio, será designado directamente por el Presidente de la República, lo que, indefectiblemente, generará una dependencia del poder político.

En medio del debate que se suscitó en el Congreso respecto del grado de independencia y/o autonomía que se le otorgaba al INE, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, al comentar el alza del desempleo en el país, les restó importancia a los datos entregados por el INE, y llamó a revisar los “datos reales administrativos”. Esta frase genera un pésimo precedente para la credibilidad de los datos oficiales que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, y las fuentes oficiales en general.

A saber, las estadísticas que entrega el instituto respecto del mercado laboral son de suma importancia para conocer el estado de este, las tasas de empleo, su formalidad, y la proyección de un fortalecimiento o deterioro del mercado del trabajo. Asimismo, tienen una utilidad evidente para el desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir el desempleo y a generar mejores condiciones de trabajo para los empleados, en especial en cuanto a formalizar la contratación. Declaraciones como las vertidas por la ministra sólo generan un manto de dudas respecto del compromiso del Ejecutivo en cuanto a garantizar la veracidad de los datos entregados por organismos del Estado. Tal como lo han señalado la OCDE y otros organismos internacionales, la independencia constituye uno de los atributos principales con el que debe contar un sistema estadístico, ya que su diseño e implementación se realiza a largo plazo, y no puede estar sujeto a la contingencia política.

Dado lo anterior, el proyecto que se tramita en el Congreso debería garantizar no sólo la independencia, sino la autonomía del sistema estadístico nacional y, en especial, del Instituto Nacional de Estadísticas. Es de esperar que en los siguientes trámites legislativos el proyecto pueda ser mejorado, para así robustecer de manera apropiada el sistema estadístico nacional.

La producción estadística es del Estado, y no de los gobiernos de turno, por lo cual es sumamente relevante que los sistemas estadísticos cuenten con una verdadera autonomía, para garantizar la credibilidad y objetividad de los datos entregados, con la finalidad de, a partir de aquellos datos, desarrollar buenas políticas públicas, que impacten y beneficien directamente a los chilenos.

*El autor es abogado Fundación Jaime Guzmán (FJG).