Rubén era era un pariente uruguayo de mi señora muy querido por todos. De carácter conservador, prudente y cuidadoso. Apegado a las normas, evitaba los grandes riesgos, los excesos y era enemigo de los gastos superfluos. Cuenta la anécdota familiar que en una de las tantas visitas que los parientes “chilenos” hacen todos los veranos a Uruguay, se organizó una salida a comer a un restaurante de Punta del Este.

La alegría de verse después de un año, lo afable del carácter de los uruguayos y la buena mesa a la que están acostumbrados, hizo que se pidieran aperitivos, primer, segundo plato y vino en abundancia. Como la cuenta se venía abultada y el costo de la fiesta podía ser muy alto, el buen Rubén comenzó a preocuparse y antes de que los comensales se entusiasmaran con los postres y bajativos, se acercó a uno de los visitantes de Chile y le preguntó con algo de consternación: “Ché Juan, ¿y cómo arreglamos esto?”.

Hoy, al observar con perplejidad y decepción los varios casos de irregularidades y presuntos delitos en los que se han visto envueltos empresarios y políticos de nuestro país, es imposible no preocuparse y al igual que Rubén lo hizo años atrás, preguntarnos: ¿y cómo arreglamos esto?

Sin políticos y empresarios de calidad, que sean valorados y respetados por los ciudadanos, difícilmente podremos convertirnos en una sociedad más justa y con mayores oportunidades de bienestar para todos. El que se vaya instalando en la mayoría de la gente la idea de que los políticos y los empresarios son deshonestos y corruptos, además de no ser verdad, es una seria amenaza al desarrollo de largo plazo de nuestro país que se debe erradicar de raíz.

Nuestra Presidenta pareciera creer que una parte importante de la solución es creando una comisión que proponga leyes que resuelvan el problema. Otros piensan que no es bueno hacer más ruido y que hay que evitar que se destapen más casos de financiamientos políticos irregulares, porque si se evidencia que esta era una práctica presente en muchas empresas y transversal a todos los sectores políticos se podría caer en una crisis mayor.

Personalmente pienso que la principal causa de los problemas que enfrentamos no se debe a la falta de leyes, sino a que lentamente se ha ido instalando como parte de nuestra cultura la percepción de que el no cumplimiento de ellas no trae consecuencias y que su aplicación no siempre es pareja. Ejemplo de lo anterior es el gran despliegue mediático y de recursos que hemos visto ante el caso Penta, que contrasta con los miles de asaltos a personas y hogares que año a año quedan impunes. El acceso indiscriminado al consumo de alcohol en menores de 18 años, sin que se sepa de sanciones a locales o personas que se los vendan o proporcionen, las tomas de fundos y atentados reiterados en la Novena Región que quedan sin sanción, contratos a honorarios eternos en el sector público que la Dirección del Trabajo no aceptaría en el sector privado, parlamentarios que se indignan cuando los multan por circular a exceso de velocidad y la tentación de no pedir boleta para no pagar el IVA, son otros ejemplos que muestran que, tanto en el sector privado como en el sector público, el apego al cumplimiento de la ley como valor preeminente de nuestra cultura ha ido en franca retirada.

Mención aparte merece lo devaluado culturalmente que está el respeto al prójimo. Evidencia de esto es el alto grado de aceptación popular de que gozan las rutinas humorísticas que denigran a políticos y empresarios a vista y paciencia de los dueños y altos ejecutivos de los canales. ¡Todo sea por el rating!

De nada servirá la creación de comités y leyes anticorrupción para recuperar la valoración de políticos y empresarios por parte de la mayoría de la población, si es que no existen señales y acciones claras y decididas por parte de nuestras autoridades y líderes empresariales que vuelvan a instalar el efectivo cumplimiento de las leyes que ya existen como un valor fundamental de nuestra cultura. Es decir, no basta con decir que “las instituciones funcionen”, sino que nuestros líderes deben hacerse cargo y responsabilizarse de que sí funcionen y para todos por igual. El tipo de liderazgo y el ejemplo que muestren nuestra Presidenta y nuestros líderes políticos y empresariales para enfrentar todas las irregularidades conocidas en el último tiempo determinará el tipo de sociedad en la que viviremos por varios años más.

En toda crisis hay una oportunidad y esta nos presenta la posibilidad de recuperar el apego a la ley y las normas que en el pasado nos distinguió y que fue tan importante para poder tener una sana convivencia y alcanzar los niveles de inversión necesarios para lograr el crecimiento y desarrollo social de los últimos 30 años. Si nuestros políticos no exigen que se investiguen todos los casos de financiamientos irregulares de campañas políticas por igual, si el Servicio de Impuestos Internos no fiscaliza otros casos similares con el mismo celo con que lo ha hecho en el Caso Penta, si la justicia no trata a todos los imputados con estricto apego a la ley y los empresarios no muestran una decidida disposición a colaborar con los requerimientos de la justicia, difícilmente mejorará la valoración que la opinión pública tiene de políticos y empresarios y, a diferencia de la cuenta de la comida familiar en Uruguay que fue pagada y arreglada a satisfacción de todos, ¡la cuenta que les están pasando los chilenos a sus políticos y empresarios seguirá al debe y esto pudiese no tener arreglo!

*El autor es socio Econsult Asesoría de Inversiones.