Rodrigo Álvarez (UDI): “El nuevo pacto social requiere que el Estado colabore más pero no se puede para todo”

¿Cuánto me cambia la vida la Constitución? Esa pregunta ha escuchado varias veces en las últimas semanas el exministro de Energía, Rodrigo Álvarez (UDI), durante su campaña. Y él ha respondido que lo que ayuda a eso es una mayor descentralización y la garantía de ciertos derechos.

El exdiputado entre 1998 y 2010 compite para obtener uno de los 155 escaños de la convención constitucional en Magallanes, la misma región que representaba como parlamentario.

En la parte orgánica de la Constitución usted ha planteado redactar artículos que generen descentralización. Apunta a los capítulos que hablan de gobierno local y regional. ¿Cuáles son los cambios que propone?

En las conversiones con personas en Magallanes, la principal demanda es cómo descentralizamos más. En primer lugar, cómo entregarles mayores atribuciones al gobierno comunal -municipios- y al regional, como definiciones en vivienda o en el plano regulador. Segundo, precisar mejor las tareas del nuevo gobernador regional, se elige por primera vez y hay algunas dudas sobre cuáles funciones va a tener. En tercer lugar, es aumentar el nivel de decisión de los fondos a escala regional y comunal. Chile está muy lejos de los estándares OCDE de cuánto gasto se define a escala de comunas y regiones y en eso tenemos que avanzar.

Pero específicamente en la Constitución, ¿cómo se podría aumentar la capacidad de decisión en la definición del gasto en los alcaldes y en los Gobiernos Regionales?

Estableciendo un mandato. Esto significa que se ordena que la ley establecerá que parte de los gastos de los ministerios o el gasto público se definirá a escala regional.

¿Está de acuerdo a pasar a una forma de Estado regional, donde haya un alto grado de autonomía de los gobiernos regionales y locales?

Creo que es indispensable, necesitamos un Estado mucho más regionalizado, mucho más descentralizado y mucho más desconcentrado. Será el debate de la Convención la que podrá definir hasta dónde debería ser eso. Ya es un paso gigantesco lo que se está haciendo con el gobernador y lo sería también si mejoramos la capacidad de definición del gasto, pero creo que va a ser parte de una discusión más de la amplia participación ciudadana en la formación de la las leyes.

Ha dicho que se deben garantizar los derechos de educación, vivienda, pensión y salud.

En las conversaciones con los ciudadanos de Magallanes, he visto que hay una necesidad de mejorar la respuesta del Estado en educación, vivienda, pensión y salud. Por ejemplo, la educación pre básica o salas cunas son materias que hoy día están definidas en la Constitución, pero que deben ser perfeccionadas. El nuevo pacto social requiere que el Estado ayude y colabore un poco más en ciertas características de la vida de los chilenos. Por obligación del pacto social y porque podemos permitirnos hacerlo. Aunque con la misma firmeza tengo claridad que no se puede para todo así que no acepto los ofertones.

¿Está de acuerdo con ponerlos bajo recurso de amparo?

Hay que mejorar mucho la eficiencia del Estado. Eso requiere también que alguien pueda reclamar ante esa. Podría ser por la vía de las acciones cautelares -recurso de amparo, por ejemplo- que pueden estar mejor construidas para otra cosa o a través de otras fórmulas como entregar algunas atribuciones a la Contraloría o crear la figura del defensor ciudadano en cuanto al cumplimiento de derechos del Estado.

Con el fin de tener recursos para cubrir los derechos que propone, ha dado como solución que la eficiencia y la calidad del gasto público sean principios contitucionalmente revisados. ¿Cómo una Constitución puede incidir en la forma de administrar el gasto público?

Existen principios que hay que constitucionalizar y que están relacionados con esta capacidad de crecer y tener desarrollo. Como la libre competencia, la responsabilidad fiscal en materia financiera y la obligación de eficiencia, de control y de revisión del gasto público. Fui diputado durante 11 años y veía decenas de programas que eran mal evaluados y continuaban. La evaluación del gasto debe ser un principio de nuestro ordenamiento jurídico.

Usted tuvo una serie de responsabilidades en el sector parlamentario y en el Ejecutivo y dejó la política hace nueve años para dedicarse al trabajo profesional siendo dirigente empresarial. ¿Cómo va a garantizar su independencia respecto de los sectores empresariales?

Uno garantiza las independencias con la historia personal y con acciones. Fui diputado durante doce años y creo que la gente conoce cómo me comporté en representación de Magallanes y los temas que defendí. Tengo una visión personal del país y del desarrollo y la defiendo no porque en un momento haya trabajado para una empresa o con un sector sino porque creo que es la correcta.