Fiscal Marcos Emilfork por muertes en el Sename: “El Estado ha cometido apremios y violó los DD.HH. de muchos niños”

La ONU refrendó la tesis que desde hace dos años impulsa el investigador por muertes en el Sename. Emilfork revela que de los 878 decesos de niños que indaga, 278 nunca fueron denunciados. “Nadie los lloró”, asegura, y apunta que buscará responsabilidad, incluso, en las más altas autoridades.

Fue quien promovió al interior del Ministerio Público que se creara una unidad especializada en delitos de derechos humanos. Marcos Emilfork lo hizo luego de conocer -en su calidad de fiscal exclusivo para indagar las muertes de niños en el Sename- las realidades que vivían cientos de niños al interior de estas residencias, lo que le permitió alzar, además, por primera vez la hipótesis de que estos menores de edad estaban siendo vulnerados en sus derechos fundamentales por el Estado chileno.

Esta semana, un informe de la ONU le dio la razón en cuanto a establecer que en el país se han violado sistemáticamente los derechos del niño, diagnóstico que a Emilfork, confiesa, le da un impulso para seguir la misión que le encomendó hace ya dos años el fiscal nacional Jorge Abbott. “Estamos reconstruyendo, junto a la Fuerza de Tarea Sename de la PDI, la historia de todos los niños que están bajo tutela del Estado. Nunca más serán un número solamente, les estamos dando identidad. La muerte de Lissette, sin duda, marcó un antes y un después en este país, imagina que en esa época pedimos la lista de niños, niñas y adolescentes muertos en estos centros y ¡no había! A nadie le importaban, de ahí lo trascendental de lo que estamos haciendo”, dice.

A dos años de asumir este caso, en que investiga más de 878 muertes, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de lo que pasa con los niños a cargo del Sename?

Ha sido un trabajo duro, pero reconfortante desde el punto de vista profesional y también emocional. Uno es padre y no puede abstraerse de lo que ve. He sido fiscal 15 años investigando y llevando a juicio diversos delitos graves, como homicidios, pero con toda esa experiencia nunca esperé, ni esperamos como equipo, una aproximación a cómo el Estado estaba cuidando, o en muchos casos descuidando a los niños y niñas en Chile. Es fuerte, porque no se trata de una elección. A esos niños un tribunal los sacó de su familia, porque ellos no eran capaces, a ojos de la justicia, de cuidarlos y los llevó a un lugar donde, según nuestra investigación, en algunos casos fueron maltratados, incluso, fueron torturados, llegando a morir como lo que imputamos en el caso de la niña Lissette Villa. Es así de fuerte. El informe de la ONU viene a sostener lo mismo que dijimos nosotros cuando formalizamos la investigación de Lissette y es lo que vamos a sostener al momento de acusar. Este se trata de un caso de apremio ilegítimo. El Estado cometió apremios y también violó los DD.HH. de los niños en democracia. ¿Cómo les podemos enseñar y pregonar el respeto por la dignidad humana a las nuevas generaciones dando con este ejemplo sobre cómo se trata por el Estado a los niños más vulnerables de nuestro país? Las conclusiones del reciente informe del Comité de Naciones Unidas debiera avergonzarnos a todos los chilenos y, especialmente, a quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de mejorar las cosas.

El caso de Lissette Villa lleva a sostener entonces, por primera vez, que al interior de residencias del Sename se cometieron apremios ilegítimos…

Así fue. El caso de Lissette, a nuestro juicio, marca un antes y un después, y como equipo pensamos que su muerte no fue en vano. La muerte de Lissette tiene un significado tremendo. Nos conmovió, nos conmueve aún, nos despercudió de la indolencia, Lissette alzó la voz de las niñas y niños vulnerables de nuestro país, lamentablemente, con su fallecimiento. Pero a poco andar de las diligencias adoptadas nos dimos cuenta de que las circunstancias de su muerte se enmarcaban en ese tipo penal y es una posición jurídica que tomamos como institución. Lissette tenía 11 años, la violencia ejercida por sus cuidadoras poniéndola boca abajo contra el suelo por aproximadamente 10 minutos, con una mujer que puso la rodilla en su omóplato impidiéndole respirar, y esta niña muere por asfixia por sofocación, es un hecho extraordinariamente violento. En el intertanto, esta niña se orina, sangra; para nosotros es un apremio ilegítimo que causó su muerte, es decir, una hipótesis de tortura. Al momento de los hechos, esta norma luego fue modificada, tuvimos que demostrar que Lissette estaba privada de libertad. No estaba detenida, no estaba tampoco presa, pero en la norma de apremio legítimo no exige la detención o la prisión preventiva, sino que exige la privación de libertad.

¿Y Lissette estaba en esa situación?

No tenía libertad ambulatoria. Lissette estudiaba, comía, dormía al interior del centro, cuesta entender una situación de privación de libertad más potente que esa, y si se comete un acto de violencia respecto de su custodio, en este caso las educadoras que debían entregarle los elementos necesarios para su desarrollo, para su felicidad, y terminan realizando una conducta violenta de esta naturaleza, a nuestro juicio se trata, sin lugar a dudas, de un apremio ilegítimo hecho por un funcionario público que tuvo un poder absoluto sobre una niña. ¡Era una niña de 11 años!.

A poco andar de esa investigación, van apareciendo otros casos de niños maltratados. ¿Cómo fueron descubriendo eso?

Nosotros allanamos el Sename con orden judicial. Lo hicimos porque a medida que fuimos requiriendo información no obteníamos respuestas con la celeridad que esta indagatoria requería. Tras la entrada y registro a estas dependencias, que fue una de las primeras diligencias que encabecé, pedimos saber la cantidad de niños que habían muerto en residencias dependientes del Sename y organismos colaboradores entre 2005 y 2016 y nos dicen que esa información no estaba. De inmediato nos percatamos que había una situación de fondo que investigar que iba más allá de simplemente el caso de Lissette, y a poco andar nos dimos cuenta de que había muchos otros casos, muchos otros nombres, niños, niñas que fallecieron por distintas razones, casos que nunca se denunciaron y, por tanto, nunca hubo una investigación.

¿Ni siquiera sus familiares denunciaron?

Por eso esta investigación es tan importante. Porque esas muertes nadie quiso que se contaran. De las 878 muertes de niños que investigamos, 278 (32%) nunca se denunciaron. No les importó a sus familias, tampoco a quienes debían cuidarlos desde el Estado, nunca existió la posibilidad desde un órgano independiente de reconstruir las circunstancias en que falleció ese niño o niña, más allá de si existe responsabilidad penal o no. Nadie los lloró, pero a nosotros nos importan. Les debemos a esos niños esta investigación. Esto va a cambiar cuando a los niños se los reconozca en los hechos como sujeto de derechos.

¿Aunque no haya aparente responsabilidad penal, igual están investigando esas muertes?

Así es, estamos haciendo un catastro. Imagínese que en esta búsqueda de la verdad nos encontramos con el caso de Krishna, en la V Región, un caso que no se denunció y que estaba al borde de la prescripción. Tuvimos que apurarnos e imputar el cuasidelito de homicidio a una profesional de la salud. Era una niña con distintas patologías y que estaba a cargo de un organismo colaborador. Falleció y fue sepultada y nadie indagó por qué Krishna murió. Mientras reconstruimos su historia nos dimos cuenta de que algo extraño había pasado. Exhumamos su cuerpo. La pequeña tenía tres kilos de fecas en su cuerpo. Había claramente una responsabilidad penal de quienes estaban a su cargo. A este tipo de cosas me refiero. Lo que hemos podido observar con casos de niños que siguieron siendo maltratados y descuidados en estos centros es que las autoridades fueron indolentes tras la muerte de Lissette, en particular las autoridades de gobierno no se hicieron cargo de todas las disfuncionalidades, las carencias y las urgencias, a pesar de todo lo ocurrido. A eso súmele la investigación que abrimos por el uso de dineros en el Ministerio de Justicia del programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar).

¿Qué pasa con esa investigación?

Es una de las que se abrieron a propósito de la indagatoria por muertes en el Sename. Qué se hizo con esos fondos públicos que eran para un plan especial diseñado, en el seno del Ministerio de Justicia, que buscaba, mire la paradoja, “mejorar la calidad de vida” de los niños en el sistema residencial, y que con la Bridec estamos investigando si se usaron con ese propósito, porque al parecer no. Hay autoridades de gobiernos pasados investigadas por la utilización de esos fondos. Quienes trabajaban en Ascar sabían desde el principio que se trataba de un programa cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los niños en el sistema residencial. Lo mismo con el pago de subvenciones, donde también hemos encontrado inconsistencias en los pagos a privados por parte del Estado.

¿Qué pasa con la exministra Javiera Blanco? Ella ya ha declarado en el caso. ¿Habrá otra citación, a propósito de Ascar?

Mire, la calidad que ella ha tenido, hasta el momento, es de testigo. Estamos desarrollando con mi equipo una estrategia para determinar las responsabilidades en todas las esferas que sean necesarias, siempre con responsabilidad y de forma seria y objetiva. Puede que en los próximos días la exministra Javiera Blanco y el exministro José Antonio Gómez sean citados en calidad de imputados.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este caso?

Las respuestas de las autoridades a cargo del Sename, una especie de cultura que existe al interior de esta institución. Por ejemplo, cuando hacíamos preguntas por Lissette los exdirectores del organismo sentían que su responsabilidad era administrar la institución, pero me sorprendía que no supieran de los fallecimientos que ocurrían en una institución que dirigían. Como que no entendían la responsabilidad que ellos tenían con el cuidado que debía procurar con los niños la institución que encabezaban. Esa responsabilidad se la daban a funcionarios menores. Ellos se visualizaban como autoridades de carácter administrativo y no responsables del cuidado directo de los niños. Esa respuesta que se va dando por distintas autoridades no nos ha dejado de sorprender como equipo investigador. Eso denota una mala comprensión del rol y una falta de responsabilidad pública mínima respecto de la función que les tocó cumplir.

Ahora, usted decía que en algunos casos no hubo denuncia, pero qué pasaba en casos en que sí hubo, qué rol tuvo la fiscalía…

Ahí nosotros también tenemos que asumir una cuota de responsabilidad. En esta reconstrucción de casos, nos percatamos de que hubo hechos denunciados, que fueron investigados por el Ministerio Público, pero cuyas indagatorias no tuvieron la calidad que debió haber tenido y hemos tenido que reabrir esos casos, dejando sin efecto términos judiciales que le había dado la fiscalía. Esto nos lleva a una reflexión interna como institución. No es posible que como fiscalía no pongamos los énfasis investigativos donde tienen que estar. Lo primero son las víctimas, y si son vulnerables, con mayor razón. No puede ser que como fiscalía investiguemos la muerte de un niño del Sename con el mismo estándar que un hurto, y por eso es que solicité la creación de esta unidad especializada que opera en la Fiscalía Nacional.

Habló de una cultura organizacional en el Sename, ¿a qué se refiere?

A situaciones que se entendían normalizadas al interior del Sename, como por ejemplo el uso de fuerza con los niños. Eso estaba naturalizado. Lo poco calificados de las personas a cargo de estos menores, sobre todo en el caso de los lactantes; la infraestructura de los centros tipo carcelario, como en el caso del Centro Galvarino, donde murió Lissette. La forma en que se administran y suministran medicamentos e, incluso, la supervisión que hacían los Tribunales de Justicia.

El informe de la ONU critica la falta de especialización del Poder Judicial…

Imagina que las visitas de fiscalización de centros se hacen con previo aviso. De día. Claramente, no es una buena herramienta para vigilar lo que están viviendo verdaderamente estos niños. Nuestro ámbito de competencia como fiscales está determinado por el derecho y el proceso penal, pero eso no significa que nosotros como fiscalía no vayamos, a partir de esta realidad, levantar más información para que esto les sirva de insumo a quienes están llamados a hacer un cambio. Un cambio que en dos años que hemos tenido esta causa no hemos visto. Que tiene que ver con poderes en que la fiscalía no incide y donde los eslóganes de campaña de “los niños primero” tiene que convertirse en realidad. En infancia vulnerable estamos llenos de discursos y vacíos de acciones concretas.

¿Hasta dónde piensa llegar en esta causa?

Hasta quien sea responsable penalmente de lo que ha ocurrido en Chile con los niños. Se lo digo con total franqueza. Y no habrá miramientos si son altas autoridades de gobierno o director, funcionario, nada. Estoy en la búsqueda investigativamente de responsabilidad de orden penal y también buscando obtener la mayor cantidad de información para contribuir de todas las maneras que podamos como fiscales a la construcción de un nuevo país respecto de la infancia. Los niños son la prioridad, no hay nada más importante que nuestros niños y, por cierto, si esos niños son además vulnerables, con mayor razón como fiscales tenemos la obligación de estar ahí. ¿Sabe? He tenido suerte. Uno pocas veces se encuentra con una causa que tiene tanto sentido como esta.

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