A mediados de febrero, el presidente Sebastián Piñera recibió una carta firmada por tres importantes figuras del mundo legal: el contralor Ramiro Mendoza; el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, y  el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros Bourié. En ella advertían al mandatario sobre la delicada situación financiera que vive la Editorial Jurídica -empresa de cuyo directorio los tres forman parte-. En el texto aseguraban que dadas las condiciones actuales de esa casa editorial se hace insostenible continuar con el giro del negocio.

La decisión de los juristas de dirigirse directamente al Presidente de la República no fue antojadiza: la Editorial Jurídica fue creada por ley en 1947 con el objeto de que publicara las versiones oficiales de los códigos y leyes del país. Por lo tanto, para su disolución se requiere inexorablemente de otra ley.

Esta carta es -por ahora- el último capítulo de una larga disputa dentro del directorio de la empresa. Desde hace varios años que se escuchan versiones sobre la posible quiebra de la editorial y los diversos caminos para su privatización. Sin embargo, hasta hoy todo ha quedado en nada, principalmente por la férrea oposición del decano de Derecho de la Universidad de Chile y presidente del directorio de la empresa, Roberto Nahum, quien se niega a que se privatice la edición oficial de los códigos.

En la última reunión de directorio de la Editorial Jurídica, Mendoza, Muñoz y Barros volvieron a plantear a la mesa la necesidad de cerrar la empresa debido a los problemas económicos y administrativos evidenciados con fuerza durante los últimos años. Una vez más, Nahum rechazó la petición. Razón por la cual los abogados decidieron dirigirse directamente al presidente Piñera.