A casi un mes de dejar el cargo y en la antesala del cambio de gobierno que liderará José Antonio Kast, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, hace un repaso por los principales hitos y desafíos de sus cuatro años de gestión. El balance coincide con un momento clave para la agenda ambiental, ya que desde el primero de febrero entra en operaciones el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una de las reformas institucionales más relevantes del periodo.

En conversación con Hub Sustentabilidad, la secretaria de Estado aborda los alcances de esta nueva institucionalidad, las expectativas y preocupaciones que ha despertado en distintos sectores productivos, y el equilibrio entre protección ambiental, crecimiento económico y certeza jurídica. Además, reflexiona sobre el legado de su gestión, el rol que ha jugado Chile en materia de conservación y los desafíos que deberá enfrentar la próxima ministra en la implementación del SBAP.

—El SBAP entra en operación este domingo. ¿Qué cambia concretamente desde ese día para el Estado, los territorios y los proyectos que interactúan con la biodiversidad?

Desde el 1 de febrero, Chile contará con un servicio especializado que ordena y fortalece la gestión de la biodiversidad. Para el Estado, esto significa mayor coordinación, estándares comunes y más capacidad de seguimiento en terreno. Para los territorios, implica pasar de la declaración a la acción: planificación, presencia local, articulación con comunidades y reconocimiento del valor ecológico tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Y para los proyectos que interactúan con la biodiversidad, el mensaje es claro: reglas más claras y mayor certeza. Un país que cuida su patrimonio natural con una institucionalidad moderna también entrega mejores condiciones para desarrollar actividades económicas de manera responsable y sostenible.

—El servicio cuenta con autonomía y un director elegido por Alta Dirección Pública. ¿Cómo parte esta nueva etapa?

El SBAP inicia funciones con un mandato claro: proteger el patrimonio natural del país. Estará liderado por Aarón Cavieres, seleccionado mediante concurso público, con experiencia técnica y comprobada capacidad de gestión. En esta etapa, el servicio asume la administración de áreas protegidas y, durante 2026, se implementará el traspaso gradual de espacios como parques nacionales, reservas y monumentos naturales.

Este proceso será por etapas, para garantizar continuidad operativa y una gestión más eficiente. Por primera vez, Chile contará con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que integrará áreas terrestres y marinas, tanto públicas como privadas.

—¿Por qué considera que este avance era urgente?

Porque la naturaleza no puede esperar. La presión sobre ecosistemas y especies aumenta día a día. Y la protección no puede depender de esfuerzos fragmentados. El SBAP permite pasar de una conservación dispersa a una gestión integrada, con normas claras y presencia territorial.

Además, responde a un mandato de la OCDE: dotar al país de una estructura moderna y creíble en materia ambiental. También se refuerza la capacidad del Estado, por ejemplo, aumentando la dotación de guardaparques y fortaleciendo el vínculo con comunidades locales.

—Desde algunos gremios empresariales han surgido críticas por los posibles impactos del SBAP en la inversión. ¿Qué responde ante esos cuestionamientos?

Los países desarrollados entendieron hace décadas que el crecimiento económico y la conservación ambiental no son objetivos opuestos. Muy por el contrario, el cuidado del entorno natural es una condición habilitante para el desarrollo sostenible.

El rol del SBAP es precisamente ordenar el territorio, prevenir daños irreversibles y dar certezas a todos los actores. Su función es compatibilizar protección, planificación ecológica y coordinación. No se trata de antagonismos, sino de responsabilidad y visión de futuro.

—El gobierno entrante ha anunciado que buscará destrabar proyectos de inversión y reducir la burocracia. ¿Cómo evalúa ese planteamiento?

Durante nuestra gestión impulsamos la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300), con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente la evaluación ambiental de los proyectos. Este esfuerzo fue ampliamente consensuado y aprobado en general por el Senado con apoyo transversal.

Quiero enfatizar que una buena regulación ambiental no es un freno al desarrollo, sino una herramienta clave para enfrentar la triple crisis que vivimos: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Esa regulación ha sido fruto de consensos técnicos y políticos, y responde a una demanda legítima de la ciudadanía por vivir en un entorno sano, como garantiza nuestra Constitución.

—¿Cuáles cree que son los principales hitos ambientales de estos últimos cuatro años? ¿Y en capacidades institucionales?

Lo primero es decir que hoy Chile está mejor que hace cuatros años atrás. Logramos completar la institucionalidad ambiental con la creación del SBAP, uno de los principales legados ambientales de nuestra administración.

En este periodo el país también avanzó de manera histórica en la creación de áreas protegidas, publicando 37 áreas protegidas, centrándonos especialmente en la zona centro y norte del país, que habían estado históricamente sub representadas en el sistema de áreas protegidas del país. Además, durante hemos declarado más de 70 Humedales Urbanos, duplicando la superficie protegida que existía el 2022. Esperamos que al final de nuestro gobierno alcancemos los 150 Humedales Urbanos declarados en el marco de la Ley 21.210.

También quiero destacar que tenemos herramientas más robustas y completas para proteger nuestro patrimonio natural y mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, hemos mejorado el aire gracias a los Planes de Descontaminación Atmosférica en todas las ciudades del centro y sur del país; gracias a la inversión en buses eléctricos para el transporte público, ha disminuido el ruido en la RM y en materia de agua, publicamos la primera Norma Secundaria de Calidad Ambiental en medio marino, en la Bahía de Quintero - Puchuncaví. Además, dimos respuesta a una solicitud de 20 años de la comunidad valdiviana con la publicación de la norma de la cuenca del Río Valdivia.

Seguimos en proceso de implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Logramos aprobar 14 planes sectoriales de Adaptación y Mitigación que permitirán combatir este fenómeno a través de cambiar la forma en que nos movemos por las ciudades, cómo consumimos o producimos. Esta agenda tiene un impacto profundo en mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro país.

—Si tuviera que resumir su gestión en una idea fuerza, ¿cuál sería y qué mensaje le dejaría a quien continuará esta agenda ambiental en los próximos años?

El desarrollo de nuestro país va de la mano con la protección de nuestro patrimonio natural, que pertenece a todos los chilenos y chilenas. En los cuatros años que me he desempeñado como ministra he podido conocer en cada rincón de Chile, y de manera privilegiada, la profunda conexión y vinculo de las personas con su naturaleza y las acciones que impulsan de manera coordinada para su protección, lo que ha marcado el trabajo del Ministerio del Medio Ambiente.

Enfrentar y revertir los efectos de la triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, y el impacto que tiene en las familias chilenas, es una responsabilidad que tenemos quienes lideramos el Ministerio del Medio Ambiente y con esa convicción seguiré trabajando hasta el último día.