SEÑOR DIRECTOR:

Estacionar en una calle pública no debiera exponernos a cobros arbitrarios, insultos o amenazas de quienes se atribuyen el derecho de “cuidar” nuestros vehículos. Una propina deja de ser voluntaria cuando se entrega por temor a las consecuencias de negarse.

Las autoridades municipales y policiales deben fiscalizar estas prácticas y proteger a los conductores. Necesitar un ingreso no autoriza a apropiarse de una cuadra, imponer tarifas ni intimidar a nadie. Un chaleco fluorescente tampoco confiere autoridad sobre la calle.

La tolerancia ha terminado por normalizar estos abusos. Corresponde intervenir, recibir las denuncias y garantizar que cualquier persona pueda estacionar sin pagar por evitarse un mal rato.

Rodrigo Reyes Sangermani