SEÑOR DIRECTOR:

La lucha contra la corrupción exige un compromiso permanente y transversal, sustentado en una política de Estado que trascienda disputas partisanas u oportunistas. Su eficacia no solo depende de la voluntad política del momento, sino de la capacidad de aprovechar las escasas oportunidades legislativas que se abren para impulsar mejoras.

Aunque Chile tiene un estatuto normativo de probidad robusto, es necesario adecuarlo a los desafíos de la complejidad y dinamismo de la vida social moderna. Su actualización constante es esencial para fortalecer la calidad de nuestra democracia, mejorar la eficiencia del Estado y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Esta tarea comprende dos dimensiones complementarias: elaborar propuestas específicas y pertinentes para consolidar la integridad de nuestra sociedad en su conjunto, con exigencias que no se limiten al ámbito estatal, sino que también involucren a empresas y organizaciones de la sociedad civil; y construir acuerdos políticos y técnicos amplios que otorguen legitimidad y viabilidad social y legislativa a esas iniciativas.

Desde Chile Transparente hemos impulsado una iniciativa plural orientada a fortalecer la ética pública y renovar la confianza institucional que culminó en la elaboración de un Pacto de Integridad para Chile que ponemos a disposición de todos los candidatos a gobernar el país.

Alejandro Ferreiro

Presidente del directorio de Chile Transparente