SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada conocimos el caso de un profesor en Talcahuano, investigado por presunto abuso sexual contra una alumna de 11 años.

Este caso, como tantos otros, evidencia cómo los sistemas de prevención y detección temprana suelen no existir, fallar o llegar tarde. Y vuelve a interpelarnos: ¿Es aceptable que instituciones que trabajan con niños no cuenten con sistemas robustos y obligatorios para prevenir abusos?

La ley exige que las instituciones cuenten con protocolos de actuación y, en ciertos casos, que cumplan con el deber de denuncia. De prevención como tal, la ley dice poco.

Actualmente, en áreas como los delitos económicos y ambientales, se exige a las empresas implementar modelos de prevención del delito, pero en materia de abuso sexual infantil, no contamos con exigencias equivalentes. Aún no existe un marco mínimo transversal que se extienda a todas las instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades con niñas, niños y adolescentes.

Es hora de avanzar hacia una normativa que establezca estándares claros y mecanismos efectivos de prevención y fiscalización. Pero también es hora de que instituciones, empresas y personas entiendan que prevenir el abuso sexual infantil es una responsabilidad compartida. La protección de la niñez no puede depender solo del cumplimiento legal. También exige un compromiso ético y social ineludible, respaldado por principios universales consagrados en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de todo niño a ser protegido contra toda forma de violencia, abuso o negligencia.

La omisión no es solo legal, es también cultural.

María de los Ángeles Solar L.

Abogada