Diversas diligencias se desarrollaron la última jornada a raíz de las investigaciones que llevan adelante distintas fiscalías regionales en razón de presuntas irregularidades en convenios suscritos entre organismos estatales y fundaciones.

Y es que como confirmaron desde el organismo persecutor, se obtuvieron órdenes de entrada y registro para ingresar a sedes de dos fundaciones investigadas en Tarapacá, EnRed y Enlace Urbano; se allanó el domicilio del exadministrador del Gobierno Regional del Biobío vinculado a Fundación En Ti, y también se logró la detención del presidente de Corporación Kimün, Jaime Huincahue, investigado en Los Lagos.

La primera de las labores confirmadas por el Ministerio Público dicen relación con pesquisas respecto del convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación En Ti.

Con orden judicial en mano, durante la noche del martes 8 de agosto personal de la PDI llegó hasta el domicilio particular del exadministrador regional de esa región, Rodrigo Martínez Fernández, a fin de incautar documentación y elementos electrónicos donde pudiesen existir antecedentes del caso. Esto, luego de que el gobernador Rodrigo Díaz le pidiera la renuncia por su responsabilidad política en las irregularidades indagadas.

Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, terminaron concretando la detención del profesional, ya que en su dormitorio encontraron 100,14 gramos de marihuana.

“En el desarrollo de la mencionada pesquisa, el personal de la PDI encontró en la vivienda una cantidad de cannabis sativa, lo que generó que se iniciara un procedimiento policial distinto al original que motivó el allanamiento. Las primeras diligencias por esta investigación por infracción a la ley de drogas, fueron impartidas por el fiscal de turno de instrucción de Concepción, Sergio Caro”, informaron al respecto desde la Fiscalía Regional.

De esta forma, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Chiguayante por infringir la Ley 20.000 de Drogas, quedó con firma quincenal y arraigo nacional, y la jueza María Francisca Silva fijó cuatro meses de investigación.

Durante la jornada de este miércoles, las labores realizadas por la Fiscalía Regional de Los Lagos en razón de transferencias entre el Gobierno Regional y Corporación Kimün también tuvieron resultados, pues se logró la detención del presidente de dicha entidad, quien permanecía prófugo desde el domingo.

Jaime Huincahue se entregó a la Policía de Investigaciones durante la tarde en Nueva Imperial, Región de La Araucanía, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra en el marco de indagatorias.

De acuerdo a información de la causa, la Fiscalía de Los Lagos investiga el traspaso de $ 1.200 millones otorgados por el Gobierno Regional de Los Lagos a la fundación encabezada por Huincahue para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona.

Sin embargo, la ONG hizo una serie de desvíos al margen de la norma, hacia el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Los Lagos, por lo que se le imputaron cargos por fraude al Fisco y lavado de activos.

Se trata del segundo detenido a raíz de investigaciones por el caso del lío de platas políticas, pues ya se había concretado la detención de Diego Ancalao, quien supuestamente estaba a cargo del programa que Kimün se había comprometido a ejecutar.

Por su parte, la Fiscalía Regional de Tarapacá obtuvo órdenes de entrada y registro para incautar elementos en las sedes en Santiago de las fundaciones EnRed y Enlace Urbano, y también para ingresar a las dependencias regionales del Minvu y el Serviu.

Como detallaron desde la Fiscalía, “de los antecedentes existentes hasta la fecha, existen sospechas fundadas del no cumplimiento de esos convenios o que los montos transferidos no fueron utilizados para los fines que fueron transferidos, lo cual podría configurar los delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y/ o soborno”.

Agregaron, en el mismo sentido, que “en la entrada, registro e incautación realizada en Tarapacá y en Santiago se buscó incautar documentación, evidencia digital, equipos electrónicos y todos los antecedentes relevantes para la investigación”.

Las diligencias, se puntualizó, la materializaron funcionarios de las brigadas Anticorrupción Metropolitana y de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

En el caso de EnRed, está siendo investigada por el convenio alcanzado el 8 de agosto del 2022 con la Seremi de Vivienda de Tarapacá y que les supuso un traspaso de $ 1.060.619.263, mientras que Enlace Urbano es cuestionada por un convenio suscrito el 25 de agosto del año pasado y mediante el cual obtuvo $ 782.724.723.

Al respecto, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, indicó: “Toda la evidencia levantada, tanto en nuestra región como en otras diligencias efectuadas en Santiago permitirán confirmar o descartar los hechos investigados y esclarecer el destino de los fondos públicos que les fueron asignados”.

En paralelo a las labores encabezadas por el Ministerio Público, la tarde de este miércoles Democracia Viva determinó judicializar sus reclamos respecto de la determinación que los obliga a devolver casi la totalidad de los fondos que obtuvieron a raíz de tres convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Esto, luego de que dos reclamaciones que presentaron a fin de que se repitiera el proceso de liquidación, ante la Seremi y en la Subsecretaría, fueran rechazadas.

“Hemos hecho ingreso de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el objetivo de avanzar en poner correcto término a los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda”, señaló Democracia Viva por medio de una declaración.

Y complementaron: “La preeminencia de un actuar político poco respetuoso de la rigurosidad técnica necesaria en estos actos administrativos, nos hace recurrir a los tribunales de justicia para buscar su pronunciamiento respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término unilateral a los convenios por parte del Minvu. Esperamos un pronunciamiento favorable para proceder a poner término a los convenios y restituir los montos no ejecutados como hemos manifestado desde el comienzo, es nuestra voluntad”.

Mientras este asunto se resuelve, en todo caso, hay que hacer presente que, a petición del CDE, el Primer Juzgado Civil de Antofagasta ya determinó la retención de los bienes y dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación.