La investigación penal que el Ministerio Público abrió en contra del exdirector de la PDI Héctor Espinosa Valenzuela, por eventuales delitos de malversación de gastos reservados, falsificación de documentos y lavado de activos, va de la mano con otra hebra que ya seguía el propio fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en la causa por eventuales irregularidades en la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), corporación sin fines de lucro que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de la policía uniformada y la PDI.

De hecho, el primer reporte de operaciones sospechosas (ROS) que menciona al exmandamás de la policía civil, fechado a mediados de noviembre del año pasado, habla también de esta entidad, ante la sospecha de que esté siendo utilizada para maniobras de ocultamiento del origen ilícito de diversos dineros. En el documento reservado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detalla que tras una auditoría del Ministerio de Justicia aplicada a los estados financieros de la Mutucar, entidad de la que Espinosa formó parte como consejero entre el 2015 y fines de 2018, se encontraron serios riesgos de fraude y corrupción. Esto debido a que no contaban con información financiera fidedigna, hay cuentas corrientes no registradas, inconsistencias en su contabilidad y la posibilidad de que se justificaran en ella supuestos préstamos de los que no existirían documentos de respaldo.

En el expediente judicial consta un crédito que Espinosa habría recibido de Mutucar en septiembre de 2015 por $ 50 millones. El Ministerio de Justicia emprendió sendas demandas contra el exdirector de la PDI, su antecesor Marcos Vásquez y el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure, para que restituyan estos montos, luego que la Contraloría estableciera que los consejeros de estas entidades no podían recibir dinero de parte de estas corporaciones. Ahora, en qué impacta esta situación en el episodio judicial que vive hoy el exnúmero 1 de la policía civil, es que -según las entidades bancarias que decretaron la alerta de eventual lavado de dinero- una de las justificaciones que dio para los millonarios depósitos de dinero en efectivo en sus cuentas, entre el 2015 y el 2017, está en los viáticos que percibía por sus viajes y que “trabajaba también como consejero en la Mutualidad de Carabineros”.

Sobre la respuesta que habría dado a los analistas de riesgo de fraude de sus bancos, uno sostiene que Espinosa le comentó que dichos dineros, de $ 1 millón, $ 3 millones, $ 5 millones que mandaba a depositar mensualmente a su exayudante Eduardo Villablanca, ya sea a sus cuentas o la de su cónyuge, María Neira, correspondían a “trabajos extras”, sin presentar un documento que respaldara dicha versión.

Hasta el momento, Espinosa no ha declarado ante el Ministerio Público. Fue citado como imputado mientras ejercía como director de la PDI, sin embargo, pospuso la diligencia en más de una oportunidad, según señalan las fuentes consultadas, para esperar salir de la institución. El martes 29 de junio se concretó su presencia ante el equipo policial, pero junto a su abogado, el penalista Luis Hermosilla, decidió guardar silencio.

Entre las pesquisas en que se ha centrado el análisis de los depósitos están dos abonos que hizo Espinosa a sus cuentas y que son paralelos a cuando giró $ 30 millones por gastos reservados que supuestamente eran para financiar actividades de inteligencia y pagos a informantes de narcotráfico. Se trata de altas sumas de depósitos en efectivo registrados en sus cuentas en julio de 2015 por $ 11 millones y un año después por $ 20.000.000. A eso se suma la toma de dos inversiones en depósitos a plazo por $ 22 millones.

La situación judicial de Espinosa ha salpicado también a su esposa, la funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) María Magdalena Neira. Respecto de conductas sospechosas reportadas por la UAF, la fiscalía se ha centrado en esclarecer un vale vista a nombre de su madre de febrero de 2019 por $ 23 millones y un abono en efectivo a su cuenta de febrero de 2016 por $ 21 millones.

Con todo, siendo Espinosa una “persona con responsabilidad pública” y que por su labor está expuesta a ser blanco de delitos de corrupción, hace ruido en el equipo investigador que los bancos sólo hayan accionado tres años después de las maniobras que hoy se le reprochan al expolicía. Esto, teniendo en cuenta una reunión de marzo de 2017, registrada en la PDI, donde dos altos gerentes del Banco de Chile le pidieron explicaciones por estos depósitos constantes de dinero. Esto pese a que la propia UAF en sus análisis internos concluyó que se detectó un alto patrimonio, a él y su esposa, que no se condecía con el sueldo de funcionarios públicos y que involucra la compra de propiedades y vehículos.

El fiscal Campos ya dio el primer paso para formalizar esta imputación de cargos al exdirector de la PDI. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ahora deberá resolver la fecha de esta audiencia. Por la totalidad de delitos investigados, malversación de caudales públicos mensuales de más de 40 UTM, falsificación de actas a Contraloría y las maniobras de lavado de activos, en una prognosis de pena -en la que sólo se le podría reconocer irreprochable conducta anterior, ya que hasta ahora no ha colaborado-, Espinosa se encontraría, en caso de ser condenado, en un escenario de pena efectiva de cárcel. Por tal motivo, el Ministerio Público solicitará su prisión preventiva.