El mecanismo de Espinosa: fiscalía pide formalizar a exdirector de la PDI por apropiarse de $ 140 millones de gastos reservados

Director de la PDI, Héctor Espinosa.

El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que -según el expediente- ingresó el exmandamás de la policía civil a sus cuentas y a las de su esposa, una funcionaria del SII. Todo esto mediante órdenes que habría dado a uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizó 53 depósitos por caja que iban entre $ 1 millón, $ 5 millones y en una oportunidad hasta $ 20 millones en puros billetes. El CDE ya presentó la querella y la justicia se alista a fijar audiencia en contra de la exalta autoridad de la PDI.




“Eduardo Villa o Eduardo V.”. Esas eran la “chapas” que ocupaba Eduardo Villablanca Inostroza, el subcomisario de la PDI, y entonces ayudante del director general Héctor Espinosa Valenzuela, cada vez que rellenaba los documentos de millonarios depósitos en efectivo que hacía a las cuentas de su jefe o de la cónyuge de éste, María Neira Cabrera (funcionaria del SII), en las sucursales de BancoEstado, de calle Rosas, y Banco de Chile, en calle Bandera, ambos recintos emplazados a sólo cuadras del cuartel general de la policía civil.

El oficial es un testigo clave en la investigación que lleva adelante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, que hace pocas horas ingresó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar al exdirector de la PDI como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero. La causa se inició el 31 de diciembre de 2020, cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó operaciones financieras sospechosas por parte del número 1 de la policía civil. Junto con solicitar la imputación de Espinosa Valenzuela, el Ministerio Público formalizará también a su esposa, como autora de lavado de activos, y al propio exyudante, que durante la indagatoria ha decidido colaborar para esclarecer los hechos que, según él, asegura fueron más bien “órdenes” que debió cumplir. A este último se le atribuirá participación como autor de lavado y cómplice del desvío de las arcas fiscales.

El expediente judicial establece que entre junio de 2015, mismo mes en que fue nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet como director general de la PDI, y marzo de 2017, fecha que coincide con la formalización por el denomunado megafraude en Carabineros, se detectaron, al menos, 53 depósitos en dinero en efectivo que en total suman cerca de $ 140 millones que fueron a parar a las cuentas corrientes del Banco de Chile de Espinosa y también de su esposa por montos iguales o superiores a $ 1 millón mensualmente y a otra que el policía tenía en BancoEstado. Por este comportamiento y las actividades que luego se desprendieron por parte de los investigados es que el CDE se querelló en su contra y se hizo parte de esta investigación que pronto tendrá fecha para su formalización.

Diversas fuentes de esta investigación dan cuenta del mecanismo utilizado por Espinosa y que fue descubierto por el fiscal Campos y el OS-7 de Carabineros. La pieza más importante del puzzle ha sido el rol de Villablanca en los actos que se le atribuyen hoy a su jefe, que entre los años 2015 y fines de 2018 tuvo a su disposición más de $ 1.300 millones por concepto de gastos reservados, haciendo uso de ellos mensualmente por sumas que van entre los $ 30 millones, $ 51 millones y en una oportunidad hasta $ 97 millones, justificando cada uno de estos giros bajo la Ley de Inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico. Hoy todas esas acciones están en la mira del Ministerio Público, pues se sospecha que existen otras maniobras desplegadas por el exdirector de la PDI para hacerse de estos recursos.

En el periodo investigado, según consta en los registros de Transparencia, Héctor Espinosa recibía como renta $ 3.511.058 mensuales como director de la PDI, mientras que su esposa, funcionaria del SII, percibía un sueldo de $ 4.628.598. Los empleadores de ambos pagaban sus remuneraciones mediante transferencias y nunca con dinero en efectivo que justificara los depósitos que hoy están en entredicho.

El llanto del ayudante

Quienes conocen de las pesquisas desarrolladas sostienen que el subcomisario Villablanca, al declarar ante los investigadores, se quebró. No podía creer el lío en el que estaba metido. Hace dos meses, al ser interrogado, confesó que cada depósito que le mandataba su exjefe él lo “consideraba una orden”. Sobre los montos, sostuvo que se trataba de sumas millonarias mensuales, a veces de $ 1 millón, otras de $ 3 millones y siempre en efectivo, entregadas de forma directa de manos del propio Espinosa. Las fechas, además, entre que el alto oficial requería de los dineros de gastos reservados para actividades de inteligencia son coincidentes también con los depósitos.

Pero para el Ministerio Público el exayudante del director de la PDI también tiene responsabilidad en estos hechos, ya que hay ingresos de dineros en efectivo también a sus cuentas que no se condicen con el sueldo que percibía ($ 1.500.000) y con lo que habría adquirido, según se investiga, dos vehículos. Entre ellos una camioneta clásica de 1957.

En las actas firmadas ante Contraloría, entidad que recepciona la rendición de gastos reservados de las Fuerzas Armadas, de Orden y de la propia PDI, existe constancia de declaraciones juradas por parte de Espinosa en que señala expresamente: “Los gastos reservados informados se emplearon en los fines propios de la Policía de Investigaciones de Chile y a las misiones que le son inherentes relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país. Asimismo, declaro que no se efectuaron pagos a funcionarios públicos, ni se efectuaron transferencias de estos recursos para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones criminales”.

Entre las maniobras de lavado de activos en que el fiscal Campos centró sus pesquisas está la compra de un departamento, una bodega y dos estacionamientos ubicados en Rosario Sur, comuna de Las Condes, que hizo la cónyuge de Espinosa en abril de 2018. Fue por la suma de 14.753 UF ( $ 439.932.837), lo que se habría pagado, según se investiga, en algunas partes con transferencias que hizo Espinosa a su esposa en épocas paralelas a autodepositarse dinero en una de sus cuentas. También se indaga la adquisición de un auto marca Mazda.

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