Fue lo primero que se comenzó a compartir por distintos chats de Carabineros, la mañana del sábado: la presencia de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en el fundo Coy Coy, para reconocer si era su hijo quien había sido abatido por la policía, en medio de un atentado incendiario.

El caso decantó en que el comunero abatido no era Ernesto Llaitul Pezoa (26), sino que Paulo Marchant Gutiérrez (29), también integrante de la CAM y novio de la hija de Llaitul, Javiera. Sin embargo, esas horas y la presencia de Llaitul, en terreno, tensionaron a los efectivos policiales que estaban en el lugar y también a los mandos de Carabineros. La escena era así: el líder de la CAM junto a un cuerpo, llorando, advirtiendo que “pagarían por lo ocurrido”, y a poca distancia un fusil M16 que portaba el fallecido.

“Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Los fiscales a cargo que estaban en el lugar lo permitieron y este señor se paseó delante de los mandos policiales que miraban y no lo podían creer. Mandos de la PDI y Carabineros. Estamos todos molestos, ya que ese fusil podría ser el mismo que dio muerte al cabo Eugenio Naín y al detective Luis Morales”. De esta manera, una alta fuente policial resumió la recepción que tuvo al interior del generalato la presencia del líder de la CAM en ese lugar durante la madrugada del sábado.

Sin embargo, el sentir de la institución uniformada no solo se conversó al interior de la Dirección General de Carabinero y en las comisarías, sino que también llegó a La Moneda. Fue el propio general director, Ricardo Yáñez, quien se comunicó con altos representantes del Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Presidencia, para manifestar la “incomodidad” y “preocupación” con lo ocurrido.

Quienes fueron testigos de estas conversaciones explicaron que lo que se transmitió fue una “aprensión” con la autorización del Ministerio Público para que Llaitul ingresara al sitio del suceso, más cuando en el lugar estaba el arma M16 que se incautó en manos del fallecido. “Habría que preguntarles a los fiscales qué pasa si estos grupos matan a uno de sus funcionarios y después se les da la bienvenida en medio de un procedimiento. ¿Actuarían igual? Nunca había pasado algo así”, relató otro alto integrante de la policía uniformada.

Sin embargo, desde la fiscalía descartan un “error” de procedimiento y una mala intención. En ese sentido, explicaron que la investigación, una vez abatido Marchant, estaba en manos de la PDI y el Ministerio Público, y lo que ocurrió fue una “diligencia de reconocimiento”, dispuesta por el propio ente persecutor. A su vez, manifestaron que eso se hace en otros casos, aunque advirtieron que Llaitul llegó al lugar por sus propios medios, que desde el Ministerio Público no lo llamaron, ni lo invitaron, sino que cuando llegó se aprovechó de hacer la diligencia de reconocimiento.

En cuanto a los cuatro policías que participaron del procedimiento, todos están con medidas de seguridad en sus casas y en los cuarteles donde se desempeñan. Sin embargo, hay dos que estarían con problemas familiares para poder seguir desempeñando labores en la región (dado el alto nivel de violencia), por lo que serán trasladados a otra zona del país durante los próximos días.

El atentado en Carahue activó otro foco de conflicto interno que desde hace una década discute Carabineros y el Ministerio Público: las medidas de protección en predios privados que han sido objeto de atentados en la Macrozona Sur.

Ese era el caso del Fundo Coy Coy, el que en mayo fue objeto de un atentado incendiario, por lo que el Ministerio Público dispuso de la medida de protección, encargada a Carabineros. Fueron estos policías los que repelieron el atentado y luego fueron apoyados por otros dos efectivos de Control de Orden Público (COP).

Según fuentes policiales, se utiliza un alto número de efectivos policiales para mantener las medidas de protección de los predios, y mientras esto ocurra, hay una alta probabilidad de enfrentamientos. Sin embargo, como es Carabineros quien tiene la facultad legítima del uso de la fuerza, no tienen mucho margen de acción.

La Tercera accedió a las cifras sobre las medidas de protección que cumple Carabineros en la Macrozona Sur. En total, son 477 las órdenes que tiene la policía uniformada para mantener estos servicios, los que involucran a 720 uniformados.

Este grupo se divide en dos facciones de uniformados: el personal territorial, que principalmente está en comisarías y zonas urbanas, con 147 policías en labores de medidas de protección, y los funcionarios de Control y Orden Público (COP), que son encargados de repeler ataques y portar armas de grueso calibre.

De esta sección son 573 los efectivos a cargo de medidas de protección, lo que representa casi un tercio de la dotación que Carabineros mantiene en la zona.